La acción de oro y el papel mojado, de Luis Ignacio Parada en ABC
HACE sólo diecisiete días, el Consejo de Ministros anunció que remitía al Congreso un proyecto de ley que sería tramitado por la vía de urgencia y que suprimiría el régimen vigente de enajenación de participaciones públicas, establecido por la ley de 23 de marzo de 1995, y derogaría las dos disposiciones suavizantes incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 30 diciembre de 2003. Lo que eso suponía, en la práctica, era la renuncia a los derechos que otorga la acción de oro, que permite al Gobierno oponerse a determinadas operaciones estratégicas que puedan llevar a cabo las empresas públicas que fueron privatizadas, en especial la entrada de capital extranjero. La decisión no fue fruto de la generosidad, la filantropía o el respeto a la libertad del mercado. Fue política y jurídicamente obligada. Porque la Comisión Europea había manifestado reiteradamente al Ejecutivo español, la última vez en julio, en forma de ultimátum, que la retención de esos derechos no era conforme al derecho comunitario por ser contraria a la libre circulación de capitales. Y porque si España sigue sin cumplir la sentencia de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE, que declara ilegal la normativa sobre la acción de oro, el Ejecutivo comunitario denunciará al Estado español ante esa instancia judicial y podría imponerle sanciones. Con aquella renuncia, el Gobierno iba a cumplir la normativa europea y tan sólo adelantaba la fecha de expiración de privilegio en empresas que tienen en sus manos servicios públicos, como Repsol, cuya acción de oro finalizará este mismo mes de febrero; Iberia, que acabará el 3 de abril de 2006; Telefónica, que lo hará el 18 de febrero de 2007, y Endesa, que quedaría libre el 8 de junio de 2007. Así que ahora va a ser muy difícil que pueda sostener el carácter estratégico de Endesa. La acción de oro es ya papel mojado a menos que el Gobierno retire escandalosamente su proyecto de ley y lo convierta también en papel mojado.
