EL presidente Zapatero ha mantenido un debate parlamentario con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, sobre las premisas con que encara el Gobierno una hipotética negociación con ETA. El enfrentamiento estuvo precedido por el estallido de una bomba en una empresa vizcaína que se negaba a pagar el llamado impuesto revolucionario con el que financia la organización terrorista sus actividades delictivas. Es la novena bomba de ETA en lo que va de año, lo que da idea de la holgura con que se mueven sus comandos. Es difícil hacer abstracción de esta realidad a la hora de hablar de una posible tregua, cuando todas las semanas estalla una bomba.

Zapatero ha afirmado que no negociará el derecho de autodeterminación para el País Vasco porque se trata de un principio que no viene reconocido en nuestra Constitución ni en la de las democracias de nuestro entorno. El presidente ha añadido que el Gobierno no contempla pagar ningún precio político por el fin de la violencia. Es completamente imposible que cualquier gobierno de España acepte la realización de un referéndum de autodeterminación en el País Vasco, o en cualquier otra comunidad autónoma, porque no hay base legal para realizarlo, pero también porque el coste político de esa operación sería tan grande que se llevaría por delante al inquilino de La Moncloa que ensayase un experimento tan insólito. Otra cosa es hacer retoques en el edificio jurídico-político del País Vasco para reconciliarse con el nacionalismo moderado y para satisfacer al mundo abertzale. A eso se le llama precio político, y habrá que esperar al desarrollo la negociación para saber los términos del pacto.

Puede que el presidente -un optimista antropológico- aspire a no hacer concesiones, pero entonces no se entiende la aceptación del método de las mesas de negociación: una destinada a hablar de armas y presos, y la otra dedicada a los aspectos políticos. Está claro que el PNV espera reeditar la propuesta del 'Plan Ibarretxe' en la mesa de partidos, y tal vez ahora, con la expectativa del fin de la violencia, el Gobierno se vea arrastrado a entrar en el juego de las contrapartidas. Lo más juicioso sería negarse al juego de las mesas, para concentrarse en el abandono de la violencia.