ALGO no funciona en el sistema cuando los jueces son más rigurosos que los fiscales. Cuando son los magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional quienes han de encontrar las vías legales para evitar que un etarra especialmente sanguinario pueda escapar de su larguísima condena mientras la Fiscalía se muestra complaciente con el alivio de las penas. Se supone que el Ministerio Público representa, en efecto, los intereses del aparato del Estado, esto es, de la organización institucional de los ciudadanos, y que por tanto corresponde a los fiscales interpretar la sensibilidad del pueblo en cuyo nombre actúan. Y sin embargo...

Sin embargo, lo que la ciudadanía está contemplando es un panorama en el que los jueces tienen que devanarse los sesos y estrujar los pliegues de la ley para que no se produzca una escandalosa injusticia con el visto bueno de la Fiscalía. Eso tiene una traducción política transparente: el Gobierno del que depende el Ministerio Fiscal ha puesto menos interés que la judicatura en mantener en prisión a Henri Parot y sus colegas. Silogismo elemental. Y abona la teoría el manifiesto interés gubernamental -manifiesto incluso en boca del presidente Zapatero- por obtener un gesto etarra que permita iniciar el proceso de negociaciones entre el Estado y la banda.

Banda que, por cierto, se muestra renuente. Las caritas que muestran desde el fin de semana los dirigentes socialistas resultan de lo más elocuentes al respecto. Esperaban un guiño «del otro lado» y se han encontrado con lo de siempre, el siniestro raca-raca de la autodeterminación y de los pasos adelante sin mención alguna al cese de la violencia. Todo eso después de las humillantes preces lanzadas por el presidente, el Parlamento vasco, las chicas del PSE y media nomenclatura política que suplica ya a voces un alto el fuego, descartando la teoría de vencedores y vencidos en lo que viene a ser una renuncia a la victoria. Pero ETA juega a la guerra de nervios. Natural, cuando ha visto pestañear al adversario.

Zapatero cometió un error gigantesco desde que se proclamó su intención de negociar. Desde entonces, la iniciativa ha quedado en manos de los terroristas, que si algo han demostrado en los últimos treinta años es una macabra habilidad en el manejo de los tiempos. El Estado mueve piezas, otorga facilidades, relaja la presión, hace la vista gorda al incumplimiento de la ley y hasta transige con maniobras leguleyas para acortar la pena de ciertos criminales abominables. Y no obtiene nada. O sí: unas bombas intimidatorias y un comunicado abstruso. Más de lo mismo.

Da la impresión de que sólo los jueces están haciendo su trabajo. Bueno, y los terroristas, que nunca dan puntada sin hilo. El Gobierno, en cambio, lleva meses tejiendo casi a ciegas una estrategia cuya clave ha depositado en manos del enemigo. Por eso no acaba de encontrar el pespunte.