Lo mejor y lo bueno, de Kepa Aulestia en La Vanguardia
La añoranza por los tiempos del consenso en la transición democrática se ha convertido en un lugar común del discurso político en España. Las trifulcas más recientes conducen sin duda a una visión idealizada de aquellos momentos. Incluso a la utilización oportunista de episodios cuyo recuerdo es manoseado a conveniencia. Pero es cierto que entre los años 1978 y 1979 fueron aprobadas la Constitución y los estatutos de Euskadi y Catalunya con amplias mayorías parlamentarias y una innegable aceptación social poco menos que imposibles de repetir para su eventual modificación. La premisa de que todo cambio en el ordenamiento constitucional y estatutario ha de contar con el concurso de una mayoría análoga o superior a aquélla ha sido suscrita por muchas voces, en especial a partir de la investidura de Rodríguez Zapatero como presidente, sin que hoy sepamos qué alcance puede tener tal deseo.
En una lectura optimista, las dificultades para restablecer los consensos básicos de la transición vendrían dadas por la inquina con que se tratan mutuamente las dos grandes formaciones españolas, el PSOE y el PP. Pero conviene preguntarse si lo que está ocurriendo no obedece a una imposibilidad más profunda que la pasajera ceguera de los dirigentes que hoy están al mando de los partidos protagonistas. Pensemos por un momento en que la reedición del consenso que permitió el restablecimiento de la democracia y la puesta en marcha de las autonomías resulta imposible. Y que es imposible precisamente porque aquellos acuerdos iniciales trataban de dar cauce a un camino, el democrático, que entonces resultaba incierto y hoy parece a todas luces irreversible. Esta última consideración no justificaría los exabruptos y, en general, los excesos que buscan deliberadamente resaltar las divergencias para desactivar las coincidencias. Pero permitiría una aproximación más realista y responsable al problema de cómo y a través de qué mayorías deberían ser modificadas las normas que garantizan la convivencia entre los españoles.
Desde un punto de vista teórico, y en la medida en que el sistema democrático cuyo afianzamiento buscaba el consenso de la transición pueda considerarse consolidado, cabría contemplar la posibilidad de que los cambios legislativos e institucionales sobre lo básico no requieran de las mayorías fundacionales. Sin embargo, cada vez que se vislumbra un combinado menor que el que en su día hizo posible la democracia y el autogobierno, su espectro amenaza bien con dejar de ser transversal -caso de las fuerzas que auspiciaron el llamado plan Ibarretxe- o con no asegurar un compromiso duradero -caso del acuerdo global alcanzado entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas en torno al Estatut-. En el primer ejemplo, la quiebra del consenso conduce a la preeminencia del universo simbólico nacionalista como referencia legitimada, además, por representar una mayoría parlamentaria. Lo que se traduce en el diseño institucional -constitucional- de una Euskadi que, a partir de ese momento, sólo podría ser gobernada por nacionalistas, mientras que en el segundo primaría una concepción gradualista de las aspiraciones nacionalistas que, sustancialmente, reproduciría buena parte del espíritu con el que el catalanismo político se adhirió al consenso constitucional en 1978. Sabemos qué es lo mejor: que toda modificación del marco vigente se lleve a cabo a través de mayorías idénticas o más amplias que las que le dieron vida. Igualmente, sabemos qué es lo peor: que los cambios que se apliquen se basen en una concepción patrimonial y exclusivista del futuro colectivo y se erijan sobre la división e incluso la exclusión de una gran parte de la sociedad de referencia. Frente a la imposibilidad de lo primero y a lo indeseable de la segunda opción, siempre cabrá explorar los recursos de lo meramente bueno, o incluso de lo menos malo. La democracia es hoy una realidad a salvo de todo intento de involución. Es cierto que la democracia, la convivencia, se enfrentan a una serie de riesgos derivados delas intenciones que albergan las fuerzas centrífugas más extremas. Riesgos que no decrecen sino que se agudizan cuando la réplica procede de movimientos centrípetos a ultranza. Pero habría una condición para que el desarrollo político de la España constitucional y autonómica pudiera descansar sobre mayorías menos sólidas que las iniciales: que se superen las disyuntivas actuales, cifradas en el todo o la nada.La reforma del Estatut catalán en trámite en la Comisión Constitucional podrá gustar más o menos, ser oportuna o arriesgada en uno u otro punto. Como lo podría ser una eventual reforma, atemperada, del Estatuto de Gernika. Pero si el debate se plantea entre el desacuerdo absoluto y la adhesión provisional o condicionada -tal como parece con el Estatut-, el problema no es tanto que su resultado final quiebre los consensos de partida. El problema es que la nueva construcción jurídico-institucional o su negación no terminen de ceñirse a las necesidades y aspiraciones ciudadanas y acaben lastradas por referencias identitarias y por estrategias de exclusión mutua.
