Seguiremos hablando de Madrid, de Jordi Juan en La Vanguardia
Me gustaría vivir en un país que no tuviera enemigos exteriores y que si sus hospitales, escuelas o transportes públicos no funcionasen, los únicos culpables fueran mis gobernantes. Que éstos no se defendieran con un discurso victimista y no me hablasen siempre de que la culpa la tiene un ente llamado Madrid. Llevamos demasiado tiempo así. La Constitución de 1978 no sólo no arregló el encaje de Catalunya en España, sino que a la larga lo complicó todavía más al dar voz a unas comunidades autónomas que ni tan sólo existían y que hoy se ven con fuerza para exigir el mismo trato que las comunidades históricas. Llegados a este punto, Zapatero intentó aprovechar con la reforma del Estatut superar esta asignatura pendiente y dar a Catalunya el rango que merecía para convertir España ya no en un ente plural, sino simplemente normal. La manifestación del pasado sábado es la flagrante constatación del fracaso de Zapatero en esta materia.
Si alguien aún pensaba que la reforma del Estatut podía contribuir a resolver el denominado problema catalán, queda claro a la vista de esta concentración que la controversia sigue y seguirá latente. Zapatero ha llegado hasta donde ha podido o hasta donde le han dejado, pero está claro que ese límite es insuficiente. La propia CiU admite que el pacto es coyuntural y que Catalunya necesita aún avanzar mucho más para normalizar su situación. ¿Dónde están los límites? Nadie lo sabe. Pero por muchas ganas que se tenga de cerrar el debate territorial con la aprobación del Estatut, la controversia seguirá presente. Es más que respetable la opinión de que el encaje de Catalunya en España se dictó en la Constitución, pero está claro que el 90% del Parlament no piensa así.
Quizás nos equivocamos todos y la coyuntura política no era tan buena como creíamos. Un Zapatero que llegaba en el último minuto y por los pelos a la secretaría general del PSOE, que alcanzaba el poder también casi por carambola gracias a la penosa administración que hizo el gobierno anterior en el 11-M, y finalmente, un Maragall que también llegaba a la Generalitat en situación precaria, después de perder las elecciones y prisionero de partidos minoritarios. Con estos mimbres, con una situación prendida con alfileres, se pretendió hacer la España plural, arreglar el problema catalán, el vasco y, además, sin contar con el apoyo del PP. Demasiadas cosas de una sola tacada.
El resultado final produce insatisfacción, tanto por el resultado en sí como por el daño infligido a Catalunya por las distintas campañas de desprestigio. Los catalanes han pagado un precio muy alto para tan poco premio. Lo preguntábamos en esta sección hace unas semanas: ¿Ha valido la pena? Dice Artur Mas que lo conseguido es mejor que nada. Tiene razón. Este pragmatismo, unido a la fuerza de un país que sabe desarrollarse al margen de las instituciones, permite tener esperanza en el futuro. Desde esos jóvenes de distintas asociaciones que por su cuenta y riesgo montaron la manifestación del sábado hasta esos empresarios que han traído a Barcelona el exitoso congreso de telefonía móvil, todo vale. El problema es que seguiremos hablando de Madrid.
Y ahora, ¿qué?
Es indudable que ERC ha salido reforzada de la manifestación del sábado y su viaje hacia el sí crítico en el referéndum será ahora más complicado. Los republicanos esperaban rebajar su discurso a partir de esta semana, pero ahora pueden tener la tentación contraria. Las presiones para echar a ERC del Govern seguirán, pero el tripartito quiere aguantar. CiU e ICV pueden empezar a tener problemas por su seguidismo del PSOE, si crece la sensación de que el Congreso lamina el Estatut. ¿Y el PSC? Bien, gracias, ganándose el sueldo como equilibrista.
Sin ley electoral
Una de las decisiones tomadas en la ponencia del Estatut es respaldar que la reforma de la ley electoral catalana no se puede hacer por mayoría simple y necesita dos tercios de los votos. Ello convierte a CiU en decisiva e impedirá que se pueda acometer esta reforma en la actual legislatura. Era una de las principales demandas de Maragall, que no quería volver a sacar menos diputados pese a ser el candidato más votado.
Marejada en el PP catalán
Piqué no sólo tiene problemas en la dirección del PP en Madrid, sino que le quieren mover la silla en Barcelona. El acto de firmas contra el Estatut con Eduardo Zaplana no cursó ninguna invitación a Piqué. Éste no se arrugó y se presentó en el acto, donde fue increpado por una serie de militantes, previamente bien aleccionados.
jjuan@lavanguardia.es
