Aquel lunes 23 de febrero se presentaba bastante átono en Barcelona.El centro de gravedad se encontraba en Madrid con la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno después de la inesperada renuncia de Adolfo Suárez. Yo entonces estaba al frente de la agencia Efe en Cataluña y acababa de anular una cena de trabajo debido a un estado febril con inequívocos síntomas gripales. Pero mis pretensiones de marchar pronto a casa para ingresar en cama se vieron lastimosamente truncadas con las noticias que facilitaron en directo las emisoras de radio cuando transmitían el monótono ritmo de las votaciones. «¡Al suelo, todo el mundo al suelo!», fue la imperativa orden que dio la vuelta al mundo. Los discípulos de Marte acababan de irrumpir en el Congreso que presidía un incrédulo Landelino Lavilla. Lo que ocurrió después está registrado, minuto a minuto, en todas las hemerotecas y en un sinfín de libros.
El mismo sentimiento de incredulidad se hizo presente entre quienes nos encontrábamos trabajando en la agencia, lo mismo que en las salas de Redacción de los restantes medios de comunicación. El teléfono no dejó de funcionar en todas las direcciones. La mayoría de llamadas apremiaban información. Permanecí en contacto durante toda la noche con Luis Maria Anson, entonces presidente de Efe, quien me sugirió que no alterara el ritmo de la agenda del día.«Business as usual», me repetía empleando la vieja expresión inglesa. Me mantuve también al habla con el Gobernador Civil, Jorge Fernández Díaz, quien me envió horas después a dos números de la Policía Nacional para proteger la agencia tras conocerse los planes de los golpistas de neutralizar los medios de comunicación.Pero la calma fue total.

Después se supo que en Sant Boi de Llobregat el jefe de la unidad de carros de combate había ordenado calentar motores con la intención de salir hacia Barcelona, y que Beltrán Gómez-Alba (hijo del ex jefe superior de Policía Sergio Gómez-Alba), al mando de la guardia de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Generalitat, estaba dispuesto a arrestar al Govern en pleno [Història de Catalunya, L'esfera dels Llibres]. Por fortuna, el Capitán General de Cataluña, Pascual Galmés, no formaba parte de los conspiradores.

El Capitán General de la Región Militar había hecho una visita protocolaria esa misma tarde a Jordi Pujol, quien ocupaba la Presidencia de la Generalitat desde hacía unos meses. Pujol siempre ha sostenido que el alto oficial desconocía los planes de Tejero y Milans del Bosch y que, cuando le llamó a Capitanía para preguntarle qué sucedía, aquel le respondió: «No pasa nada».

Según relatan Félix Martínez y Jordi Oliveres en el libro Jordi Pujol. En nombre de Cataluña, algunos jefes en la reserva sí que se habían presentado en el Gobierno Militar o en Capitanía vestidos con el uniforme reglamentario. Tras una larga y tensa espera regresaron a sus domicilios sin que se haya podido saber si esperaban el triunfo del golpe o más bien estaban allí para apoyar la democracia

En la misma línea de tranquilidad aconsejada por Anson envié al periodista Salvador Corberó a la sede de la Capitanía General para recabar información. Allí fue amablemente atendido por un coronel, quien le dijo que no había ninguna novedad y le ofreció acomodo en una sala, hasta que, cansado de esperar, regresó a la Redacción.

El alcalde de Barcelona, Narcís Serra, ordenó a la Guardia Urbana que apostara un coche patrulla a la entrada de cada acuartelamiento militar con la misión de informar en caso de observar algún movimiento.En el Parlament, donde había reunión de portavoces, un ujier informó del golpe y en aquel preciso instante se apagaron las luces debido a una avería. El presidente de la Cámara, Heribert Barrera, decidió trasladarse con los diputados hasta el Palau de la Generalitat, desde donde Jordi Pujol emitiría un mensaje de confianza a la población después de hablar con el Rey: «Tranquil, Jordi, tranquil», fueron las palabras que provocaron nerviosas carcajadas en las sedes de los medios de comunicación como alivio de la tensión acumulada. Mientras, relevantes intelectuales y cargos sindicales habían empezado a quemar documentos y a buscarse una vía de escape.

Dice Juan Pla [La trama civil del golpe, Planeta, 1982] que el Rey no estuvo nunca a favor de los golpistas, pero algunos golpistas estuvieron siempre a favor del Rey. Uno de ellos, entre los más significados, fue el general Alfonso Armada, ex gobernador militar de Lleida, quien sería nombrado segundo jefe de Estado Mayor antes del golpe. Durante una cena en el Palau de la Generalitat, cuando ya estaba a punto de trasladarse a Madrid para tomar posesión de su cargo, comentó con gran seguridad al presidente Pujol y a su esposa: «Calvo Sotelo no será presidente». Suárez acababa de dimitir y se preparaba la sesión parlamentaria para la investidura de su eventual sucesor en la Presidencia del Gobierno.

El grado de intensidad de la relación entre Alfonso Armada y algunos políticos catalanes permanece envuelto en una incógnita.El paso del general por Lleida le granjeó la amistad de Antoni Siurana, entonces alcalde de la ciudad y hoy conseller de Agricultura del Govern. También mantuvo una buena relación con el líder socialista Joan Reventós, y fue Armada quien propuso a Jordi Solé-Turá como ministro de Trabajo para un futuro Gobierno de salvación nacional, una iniciativa que dejó sumidos a los partidarios del golpe en la estupefacción y el escándalo. «Esto es una tomadura de pelo», se oyó decir a un oficial de Marina.

También se recuerdan las palabras de Josep Tarradellas -ya retirado de la política- cuando declaró a un periodista en relación con la situación política del país: «Es necesario un golpe de timón fuerte y rápido o habrá que emplear el bisturí».

El golpe fracasó, pero a partir de aquel momento se habló de una «democracia vigilada», y el Gobierno de Calvo-Sotelo pactó con el PSOE la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que frenaba los traspasos de competencias y amenazaba a la autonomía catalana.

Esta ley puso a los socialistas catalanes en una tesitura muy compleja y contradictoria que provocó agudas tensiones en el seno del PSC. Ernest Lluch, quien tendría un final trágico a manos de ETA en 2000, era entonces portavoz del grupo socialista catalán en el Congreso, cargo del que fue destituido al negarse a presentar las enmiendas del PSC. Ante el peligro de escisión y para evitar enfrentamientos con el PSOE, el PSC se inhibió, pero su credibilidad catalanista quedó muy tocada, y la sombra de la LOAPA planeó negativamente para esta formación en las elecciones autonómicas de 1984.

Antes de la aprobación de la ley se publicó en los medios de comunicación un escrito firmado por 2.300 intelectuales, profesores y funcionarios residentes en Cataluña titulado «Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña», donde se afirmaba que el castellano corría peligro en el Principado y que los castellanohablantes eran discriminados por la política de oficialización del catalán.Hubo una movilización de respuesta que, con el apoyo de 1.300 entidades, dirigió una nueva organización llamada «Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes».Acababa de nacer un nuevo orden nada inmune a las nuevas formas de conflicto.