La tramitación en primera lectura en el Parlamento europeo de la llamada directiva Bolkestein, o directiva Frankestein, como la conocemos los trabajadores europeos por lo que tiene de agresión a nuestros derechos, porque legaliza el «dumping» social y favorece la deslocalización de las empresas, al mismo tiempo que promueve la privatización de servicios de interés económico general, ha venido precedida por un acuerdo cobarde entre los grupos Socialista y Popular europeos. Una vez más, el intento, sobre todo de los socialistas europeos, de salvar la cara ante los trabajadores y entre sus propias bases ha saltado hecho añicos.

Estos acuerdos entre los dos grandes grupos parlamentarios no producen un aumento de las libertades, ni una mayor acentuación del debate político, para lo único que sirven es para cercenar, o por lo menos eso pretenden, la libertad y el debate. La concentración de estas fuerzas, que monopolizan e impiden el normal desarrollo de las funciones del parlamentarismo democrático, ha venido anunciada por la formación en Alemania de la autollamada «Gran Coalición», que no es otra cosa que el cercenar de cuajo cualquier actividad del Parlamento alemán. Los dos grupos trataron de escenificar un encuentro que les cubriese las espaldas, como decía antes, ante los trabajadores y ante sus propias bases, y en ambos aspectos fracasaron; es verdad que la directiva salió adelante, pero no es menos cierto que este intento ha sido desenmascarado y ha sufrido, fundamentalmente el socialismo francés y alemán, una nueva fractura política e ideológica que sitúa en el bloque antineoliberal a importantes sectores, no sólo de sus bases, sino de sus propios grupos parlamentarios. No olvidemos que el grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea cuenta con 41 diputados y la resolución contó con 215 votos en contra, es decir, en el intento de nuclear una respuesta conjunta de las fuerzas que abrazan, en un sentido u otro, el neoliberalismo, ha tenido en el marco institucional una derrota política, ha sufrido una fractura interna que puede profundizar aún más las diferencias entre el socialismo reformista y el socialismo marxista, representado en este último caso por los votos en contra de las enmiendas conjuntas de los grupos Socialista y Popular.

En otro orden de cosas, el intento de dulcificar el artículo 16, referente al «principio del país de origen», sustituyéndolo por el de «principio del mercado interior», no ha servido para nada. El cambiar el continente pero preservar el contenido no ha engañado a nadie, los trabajadores europeos, las fuerzas políticas y sociales que formamos la izquierda europea tenemos claro que los cambios introducidos no suponen una variación en el fondo de la cuestión, fundamentalmente porque no aseguran los derechos de los trabajadores, porque permiten en realidad mantener las premisas sobre las cuales se asentaba la directiva Bolkestein, al no derogar estas premisas, al permitir que los trabajadores sean regidos por los principios que resulten de las relaciones laborales en sus países de origen y dejando prácticamente sin opciones a los estados donde estas empresas se establezcan, cuya única opción sería recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. Tribunal, por cierto, cuya jurisprudencia protege a las empresas y sus sentencias son, en general, contrarias a los trabajadores, con lo cual las posibilidades de imponer alguna limitación a las empresas, tanto en el marco laboral como en lo mercantil y administrativo, resulta, en la práctica, poco posible. Por no decir imposible.

No conviene olvidar el bochorno espectacular que ha dado el Gobierno español, que se ha aliado con los sectores más retrógrados y antisociales europeos. La carta enviada al comisario del Mercado Interior europeo, Charly McCreevy, por el Gobierno español junto a Gran Bretaña, Holanda y el trío de países más reaccionarios de Europa, Polonia, Hungría y la República Checa, defendiendo el «principio del mercado interior» y, por tanto, apoyando la redacción del texto que finalmente ha sido aprobado en primera lectura por el Parlamento europeo. Este acto, contrario a la petición aprobada en el Congreso de los Diputados -donde se instaba a garantizar el cumplimiento de la norma laboral de los países de destino-, se enmarca en los nuevos derroteros que está siguiendo la política de alianzas, inaugurada por el Gobierno en la tramitación del Estatut y en los presupuestos de Euskadi. Estos pactos y esta nueva política de alianzas con los sectores de la derecha nacionalista en el marco del Estado español tienen su correlato en esta alianza contra natura con lo que Ramsfeld llamó la «nueva Europa», es decir, una mezcla de neo-liberales y fascista que sigue escrupulosamente las políticas disparatadas del señor Aznar.

A partir de estos momentos, todavía falta el paso por la Comisión y una segunda vuelta por el Parlamento europeo. Nada está perdido, la capacidad de movilización de los trabajadores europeos, las fuerzas políticas y sindicales, en resumen, la movilización durante estos meses de tramitación parlamentaria de la sociedad civil europea tienen que dar al traste con esta agresión a los trabajadores y debe permitir articular un bloque antineoliberal cada vez más asentado y con más capacidad de intervención, tanto en la sociedad como en los aparatos institucionales. Aún estamos a tiempo, la movilización tiene que seguir.

José A. del Valle Lavandera es miembro del consejo político de Izquierda Unida de Gijón.