La sociedad vasca volvió a mostrarse ayer tremendamente dinámica e interesada por tomar parte en la vida política y social del país. Y mientras las fuerzas que añoran un pasado de imposición, con sus arengas carpetovetónicas sobre la unidad de la patria española y sin que a ninguno de los organizadores les molestara la presencia de simbología franquista, apenas reunían al mediodía a unos cientos de personas en Bilbo, por la tarde una multitud tomaba la calle para exigir que se ponga fin al macrojuicio 18/98, que supone una expresión de la persecución política del independentismo y de la conculcación de los derechos civiles y políticos.

La manifestación contra esa farsa judicial, construida con una instrucción que ofende los más elementales principios del derecho y que está siendo enjuiciada en una vista oral propia de un vodevil trágico, tuvo la virtud no sólo de contar con una presencia masiva, sino de haber conseguido atraer ­como no ocurría desde hace tiempo­ a personas de distintas sensibilidades políticas y sociales que se agrupan en torno a la plataforma 18/98+, a dirigentes de los partidos PNV, Batasuna, EA, EB, Aralar, Nafarroa Bai, Zutik y ANV, a los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, ELB e Hiru y a otro amplio elenco de organizaciones. Queda patente que para la mayoría de la sociedad vasca el trabajo político y social en defensa de las ideas independentistas no puede ser considerado delito y que el Estado no está legitimado para perseguirlo bajo el oscuro manto de lo que denomina «política antiterrorista». Quienes dictan los designios de la Audiencia Nacional, si de verdad creyeran en la justicia y en la democracia, deberían preguntarse cómo es que el proceso que en su teorización debía suponer la muerte civil del conjunto de la izquierda abertzale, se ha convertido en realidad en una sentencia popular condenatoria de la estrategia del llamado “Pacto Antiterrorista”.

Junto a ello, la manifestación de ayer, con todos sus ingredientes, se convierte en un ejemplo a seguir también en lo concerniente al proceso de normalización democrática y de paz. Es preciso que la ciudadanía tome la calle en defensa de principios básicos y unitarios como, por ejemplo, el del derecho a decidir. El Estado no va a regalar aquello que no ha querido ceder en más de un siglo. El proceso no es sólo una cuestión de las élites políticas, corresponde a la ciudadanía alimentarlo y guiarlo, para que nadie sienta la tentación de adueñarse de él y reducirlo a la satisfacción de sus propias reivindicaciones.