Potestas sine auctoritas, de Anxo Guerreiro en La Voz de Galicia
LA PUBLICACIÓN de nuevos vídeos que documentan las torturas que las tropas de ocupación norteamericanas -y británicas- inflingen a los prisioneros en Irak ha liquidado la poca autoridad que le quedaba al Gobierno de Washington en este conflicto.
El limbo jurídico de Guantánamo, la censura y autocensura a la que se han visto sometidos los medios de comunicación o la oposición estadounidense al Tribunal Penal Internacional no sólo han representado un retroceso notable en el reconocimiento de los derechos humanos, sino, y sobre todo, han deslegitimado su carácter universal e impedido su aplicación efectiva.
Ahora, la tortura en las cárceles iraquíes y la existencia de centros clandestinos diseminados por todo el mundo en los que se practican tratos crueles, degradantes e inhumanos a los detenidos, representan la culminación de una concepción política que es la negación frontal de la democracia. Pero todo ello no son accidentes imprevisibles ni servidumbres derivadas de las necesidades bélicas, sino la consecuencia, el corolario de una ideología nacional-religiosa y del integrismo político que la implementa.
Estos hechos entran de lleno en la categoría de actuaciones que denigran moralmente a las personas que las ordenan, a las que las permiten y también a las que las ejecutan. Representan además un inmenso regalo a los psicópatas que envían a los niños a inmolarse en medio de la multitud, y que necesitan demostrar que el apocalipsis es el único modo de acción política posible. El mundo musulmán está soliviantado y humillado, y estos hechos no pueden sino alimentar el odio y allanar el camino a los fanáticos.
Ahora bien, el regalo a los integristas no se lo han proporcionado quienes han difundido estos excesos, sino aquéllos que los han perpetrado. Su divulgación informativa ha permitido someterlos a escrutinio, superar el oscurantismo y evitar la más absoluta impunidad. La información libre, la incómoda, la que pone el dedo en lo más doloroso de la llaga ha cumplido, una vez más, con su impagable función social y moral.
Corresponde ahora a las sociedades democráticas y a sus gobiernos demostrar que no toleramos estos repugnantes hechos, que nuestro sistema de valores los condena enérgicamente, y que somos capaces de afrontar estas vergonzosas actuaciones con el debido rigor.
Por desgracia, hasta el momento, las abundantes palabras de condena no guardan relación con las medidas punitivas adoptadas, manifiestamente insuficientes. Unas cuantas destituciones con amonestación o cambio de destino, y media docena de imputados de muy baja graduación no constituyen una respuesta proporcional al delito cometido y al daño causado por tan deplorables actuaciones políticas y militares.
EE.?UU. ha demostrado disponer de un poderío militar sin parangón y sin precedentes. Pero se ha convertido en un poder sin autoridad.
