La Justicia está mediatizada por el Gobierno, incluso sometida a él. Acaso siempre lo haya estado, pero casi nunca como ahora. Es dudoso que pueda hablarse de un «Poder» judicial. La actuación de la Fiscalía General del Estado así lo confirma. La última: la no admisión a trámite por parte de la Junta de Fiscales de Sala del recurso de amparo presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional, en el que se sostenía que el proyecto de Estatuto de Cataluña entrañaba una reforma encubierta de la Constitución y debía tramitarse como tal. La decisión se opone a lo que habían decidido los Fiscales del Constitucional por seis votos frente a tres. Por supuesto, queda abierta la posibilidad del recurso de inconstitucionalidad. Admitir a trámite, es obvio, no significa aprobar, cosa reservada al Tribunal Constitucional. A lo que Conde-Pumpido ha forzado a los Fiscales, salvo a cuatro, es a impedir la admisión a trámite del recurso. ¿Por qué? Jurídicamente, puede tratarse de una cuestión difícil, si bien los flagrantes indicios de inconstitucionalidad y lo mucho que afecta su contenido a la regulación constitucional, permitiría, al menos, la admisión a trámite. Lo que parece excesivo es pretender, como hace el Fiscal General del Estado, que se trate de una petición fraudulenta y que sea «metafísicamente imposible» que una reforma estatutaria pueda entrañar una reforma constitucional encubierta. ¿Qué sucedería si un Estatuto estableciera el Estado federal o declarara la República? Sin duda, sería inconstitucional, pero además no debería tramitarse como reforma estatutaria. Entonces, ¿por qué tan drástica decisión como la no admisión a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía del Constitucional?

Al Gobierno no le basta con una resolución negativa del recurso de amparo, sino que desea que ni siquiera se admita a discusión. Primero, para evitar que pese sobre el proceso la sombra o la incertidumbre de inconstitucionalidad. Segundo, para exhibir de nuevo el aislamiento y la marginación del PP, empeñado, según él, en ejercer una oposición al margen de la ley, fuera del sistema. Uno puede comprender, aunque no compartir, el interés político del Gobierno. Lo más duro es aceptar que esa estrategia sea seguida sumisamente por el Fiscal General del Estado (y el Estado incluye, entre sus instituciones a la oposición), y no sólo del Gobierno. Y más duro aún es comprobar que la mayoría de los Fiscales se avienen a ese designio que conduce a impedir que el Tribunal Constitucional ni siquiera se pronuncie sobre el recurso del PP. Mas acaso sea un intento destinado al fracaso. En primer lugar, porque queda el recurso de inconstitucionalidad. En segundo, porque hay estrategias tan burdas y sectarias que sólo convencen a los ya convencidos. El recurso presentado es discutible. Lo que esta resolución consigue es que sea indiscutido. ¿Por qué impedir que el PP defienda su recurso y decida el Constitucional? No es extraño que siga y aumente la desconfianza ciudadana en la Justicia.