El `zapaterista´ Zapatero se alinea con la `Nueva Europa´ ultraliberal en política social, de Carlos Sánchez en El Confidencial
En Italia, según cuentan las crónicas, se ha acuñado la expresión zapaterismo para definir la posición política del presidente del Gobierno español. El zapaterismo viene a ser una especie de respuesta radical a determinados problemas. Se suelen poner como ejemplo dos decisiones adoptadas por el Gobierno: la retirada de las tropas de Iraq de forma abrupta (enfrentándose a EEUU) y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Parece evidente que los italianos tendrían muchas más dificultades para hablar de zapaterismo si se fijaran, aunque fuera un poco, en la política económica y social de Zapatero. El presidente del Gobierno juega a radical en cuestiones de derechos civiles, pero, cuando se trata de asuntos económicos de alguna enjundia, se alinea de forma inexorable –de la mano de su ministro de Economía- con las posiciones más retrógradas. Lo hizo cuando impidió que los inspectores de Hacienda abrieran expedientes a las sicav -los fondos de inversión de los multimillonarios-, lo volvió a poner de manifiesto con la aprobación de una reforma del IRPF que mantiene la discriminación de las rentas del trabajo frente a las del capital, y lo acaba de hacer con la firma de una carta defendiendo los principios que inspiran la denominada directiva Bolkestein, con la que se pretende liberalizar los servicios en la Unión Europea. Por ejemplo, los servicios de consultoría, mantenimiento de oficinas, agencias inmobiliarias, alquiler de coches o agencias de viajes.
La carta está respaldada por los gobiernos del Reino Unido, Holanda, Hungría, República Checa y Polonia, los más ultraliberales de la Unión Europea, y en ella se pide al Parlamento Europeo que no eche agua sobre el vino elaborado por el anterior Colegio de Comisarios, del que formaba parte Solbes.
Fritz Bolkestein, el anterior comisario de mercado interior, propuso que cualquier empresa pudiera operar en una nación distinta de donde se ubicara su sede social (sin ni siquiera tener que abrir una filial) al amparo de las normas sociales del país de origen, no de destino. Dicho en otros términos, que un trabajador lituano, polaco o húngaro pudiera trabajar en España al abrigo de las reglamentaciones sociales -y con los mismos salarios- que se pagan en Lituania, Polonia o Hungría.
Conscientes de tamaño disparate, los socialistas del Parlamento Europeo negociaron con los representantes del centro derecha una reforma de los planteamientos iniciales de la Comisión Europea, pero hete aquí que Solbes se ha descolgado con una carta -como aquella que hizo Aznar para justificar la invasión de Iraq en nombre de la Nueva Europa- en la que advierte que no se debe diluir los artículos que definen los “servicios transfronterizos”, una manera suave de denominar la deslocalización del trabajo. Solbes y la propia Comisión Europea argumentan que están en juego los 600.000 empleos que se podrían crear si se aprobara la polémica directiva. Hay que tener en cuenta que los servicios suponen el 70% del PIB comunitario y que el cacareado mercado interior no es más que la libertad en el movimiento de personas, capitales, bienes y servicios.
La iniciativa de Solbes –que ha presionado a los europarlamentarios socialistas españoles para que cambien su discurso y el sentido de su voto- ha irritado a los sindicatos, que se las prometían tan felices con un Gobierno tan zapaterista. Hasta Cándido Méndez, nada sospechoso de escuchar la COPE y/o atacar a Zapatero, ha montado en cólera y ha pedido al Gobierno que rectifique. Máxime cuando su ministro de Trabajo, Jesús Caldera, les había dado garantías de que la doctrina Bolkestein había pasado a mejor vida.
La patronal europea también ha presionado en las últimas semanas a los populares de Estrasburgo, pero en sentido contrario, ya que defiende las posiciones más ultraliberales.
Estamos ante una de las batallas más relevantes desde el punto de vista de la construcción europea. El modelo social de la UE va a tener mucho que ver con lo que salga de la votación de hoy en el Parlamento Europeo. Y por eso es verdaderamente relevante la posición del Gobierno español, que se ha desmarcado de la postura que mantienen Francia y Bélgica, los dos países más beligerantes en este asunto.
De aprobarse la filosofía de la directiva Bolkestein –su literalidad está descartada-, se podría producir un hecho verdaderamente sorprendente. El modelo social de los países fundadores de la Unión Europea tendería a parecerse al existente en los nuevos miembros del Este, pero no al revés. Es como si en 1986, cuando España entró en la antigua Comunidad Económica Europea, este país hubiera decidido no avanzar en convergencia en derechos sociales, y, por el contrario, hubiera optado por esperar a que los recortes se produjeran en otros países hasta alcanzar la convergencia por abajo, no por arriba.
La reciente historia económica de España -13 años de crecimiento económico ininterrumpido por encima del 2%- demuestra que no es incompatible crecer y aumentar los derechos sociales. Este es el modelo que deben seguir los países de Este, que van a seguir contando con la ventaja comparativa que les da unos costes laborales sensiblemente inferiores.
El modelo a imitar es Suecia, Alemania o Luxemburgo, y no los países bálticos. De ahí la sensatez de la enmienda al artículo 16 de la directiva Bolkestein pactada por populares y socialistas en el Parlamento Europeo. La enmienda da carta de naturaleza al principio de libertad de prestación de servicios, pero permite al país donde se prestan introducir requisitos adicionales respecto a los existentes en el país en el que tiene la sede la empresa en cuestión, siempre que estén justificados. Por ejemplo, por razones de política social, protección de los consumidores, salud pública o normas medioambientales. Este es el camino, y no a la inversa.
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