La eléctrica vasca Iberdrola, que le hizo al último Gobierno de CiU el favor de convertirse en accionista de referencia de Media Park, ha pagado una cantidad millonaria a los accionistas suecos de la sociedad, que llevaron las cuentas de la empresa a la Fiscalía, a cambio de que abandone las iniciativas judiciales que emprendió para esclarecer qué ocurrió con el proyecto audiovisual.

La Fiscalía de Cataluña se ha vuelto a quedar sola en su intento de esclarecer las irregularidades cometidas en la gestión de una empresa participada por la Administración catalana durante los últimos gobiernos de Jordi Pujol. La Inspección de Hacienda estaba rastreando una por una las transacciones comerciales entre Telefónica y la desmantelada Media Park en busca de desvíos irregulares de fondos desde el pasado mes de junio por orden de la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona. La juez ordenó la investigación de Hacienda a instancias del fiscal Fernando Rodríguez Rey, uno de los delegados de Anticorrupción en Cataluña.
Hace poco más de un año al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se le calentó la boca en pleno debate parlamentario con el líder de la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas -el mismo Artur Mas que ha desbloqueado el proceso de reforma del Estatut en el Congreso tras su pacto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero-. La insinuación del president de que CiU cobraba un 3% de todas las adjudicaciones mientras estuvo en el Govern abrió la caja de los truenos. La tormenta política que se desató obligó al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, a abrir «diligencias preprocesales», examinar el acta de sesiones del Parlament, donde se pronunciaron aquellas insinuaciones, e investigar la veracidad de lo manifestado. A mediados de diciembre, sin embargo, Mena tuvo que admitir que la Fiscalía no había «recibido ningún dato verbal o escrito o de ninguna otra índole relativo al 3%», por lo que no se encontraba «en condiciones de formular ninguna acusación en este sentido». El fiscal jefe declinó acusar a nadie de falta de colaboración, pero señaló que no se le facilitó «la más mínima fuente de conocimiento». Era evidente que le habían dejado solo.

Pero daba la impresión de que el capotazo que los partidos habían dado a la crisis, dejando en la estacada a la Fiscalía, no podría impedir que algunos de los procedimientos abiertos en los tribunales para esclarecer irregularidades que afectaban a los gobiernos de CiU iban a seguir su curso, a pesar de los dirigentes políticos.El desastre del proyecto de Media Park, una de los emblemas de la políticas audiovisuales de CiU parecía uno de esos casos.Media Park llegó a estar participada en un 11% por la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Pero cuando entró en crisis, la eléctrica Iberdrola le hizo el favor a la Generalitat, sin que se haya aclarado la razón, de asumir el papel de accionista mayoritario hasta dejar arrinconada a SMI.

El fiscal Rodríguez Rey había brindado el apoyo de la Fiscalía a uno de los accionistas minoritarios de Media Park, SMI Media Invest, filial del grupo sueco Skandia. La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona, Elena Carasol abrió diligencias sobre la liquidación presuntamente irregular de Media Park en diciembre de 2003 tras una denuncia presentada por SMI. El grupo sueco se enfrentó con el resto de los accionistas de la compañía porque entendía que los gestores estaban dirigiendo sus actuaciones al desmantelamiento de la compañía. La actividad principal de Media Park era suministrar canales temáticos a Vía Digital, la plataforma de digital de Telefónica. Cuando ésta fue absorbida por Sogecable, SMI fue el único accionista que rechazó la compensación del grupo de Jesús Polanco. Los suecos no dieron su brazo a torcer e iniciaron una investigación por su cuenta que incluyó la presunta existencia pagos políticos. SMI acusó al resto del consejo de delito societario y administración desleal y pidió que se citara como imputados a todos sus miembros. El fiscal notificó a Carasol que «no se oponía» a la petición de la acusación particular.El consejo de Media Park decidió hace un año dividir y vender los activos de la compañía: los canales temáticos se los adjudicó ONO y los platós de televisión el grupo Mediapro. Sin embargo, el juzgado quiso esperar a tener la prueba pericial practicada por Hacienda antes de citar a los consejeros.

La juez dictó durante los primeros días de junio una providencia en la que ordenaba a la Agencia Tributaria que designara a un inspector de tributos para que dictaminara adónde fueron a parar 6,5 millones de euros que Media Park facturó a Telefónica pero que apenas unos meses después desaparecieron de las cuentas de la compañía audiovisual catalana. SMI descubrió la desaparición del dinero al examinar la documentación de su participada. Entre estos papeles figuran cinco facturas giradas por Media Park contra Telefónica y algunas de sus filiales y que suman 6,5 millones de euros.

Iberdrola llevaba meses nerviosa ante la investigación impulsada por los suecos y respaldada por la Fiscalía. La decisión del juzgado de pedir a la Agencia Tributaria que estudiara las cuentas de la sociedad fue un aldabonazo para la eléctrica vasca. Apenas iniciado el mes de septiembre, los representantes de Iberdrola, tras cerca de dos años de ignorar a SMI, hicieron llegar un claro mensaje a los representantes de los suecos: estaban dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial que enterrara definitivamente conflicto y acabara con la instrucción del proceso. El acuerdo se alcanzó en apenas unas semanas. Como la mayoría de los acuerdos extrajudiciales, éste incluye una cláusula de confidencialidad.Pero los términos son fáciles de deducir: Iberdrola compraba el 12,5% que los suecos poseían del capital de Media Park por una cantidad no inferior al millón y medio de euros. A cambio, SMI retiraba las denuncias y demandas que había presentado contra el consejo de la desmantelada sociedad catalana. Sólo Hacienda sigue pendiente de las cuentas de Media Park.