El columnista de opinión de La Nueva España Javier Morán, posiblemente el más original e independiente de ese periódico, suele escribir sus columnas estelares en la edición de Gijón -que contrastan enormente con los forros que suele meter Javier Neira en la edición de Oviedo-, con el tino que le da su indiscutible valía personal, en la clave que le conviene a un medio que modula por barrios sus vuelos rasantes sobre la realidad asturiana.

Javier Morán, desde LNE de gijón, analiza la crisis interna de IU por sus compromisos de gobierno, en clave inmobiliaria

La edición de Internet de LNE es una maravilla en contenidos, porque unifica sus dispares ediciones en papel, que convienen a la empresa en su estrategia de control de la información, pero incordian al lector avisado, porque si no se viene al ciberespacio a seguir lo que nos cuenta este periodico, se pierde en el pozo local que le cayó en suerte. Y LNE de Gijón, magistralmente encaminada por el maestro Julio Puente, sabe muy bien dónde le duelen las prendas a El Comercio, la sempiterna competencia que está muy enardecida, porque entre grupos anda el juego, dado que mientras LNE es líder en Asturias, para los propietarios del periódico de la Villa de Jovellanos, el poderoso grupo de comunicación Vocento, propietario del ABC, que LNE les meta todos los goles en Asturias, no deja de ser un gran baldón.

La columna de Morán de hoy, hace el primer análisis serio que vemos publicado en la prensa asturiana, en el que se mete la pluma con la incisiva mordacidad del bisturí, en el problema de fondo que vive en estos momentos el gobierno asturiano, pendiente, no tanto de la famosa ruptura virtual, con la que los consejeros de IU y sus dirigentes regionales vinculados a Gaspar Llamazares, disimulan sus compromisos con la FSA, dirigida por el secretario general Javier Fernández, como de la ruptura interna en la propia IU, entre el sector de los que dependen de este gobierno para la continuidad de sus planes políticos y personales, y el de aquellos otros que apuestan por la imágen de esta coalición, en contra de los espúreos compromisos adquiridos por quienes negociaron un pacto que tiene muchas más cosas escondidas debajo de la mesa, que colocadas encima de ella, a la vista de votantes y ciudadanos.

Los Llamazaristas arden en el horno de Serín

Dice Javier Morán, en su columna de hoy, siginificativamente titulada "El paseo triunfal termina en el Horno", algo tan cierto y tan dañino para los compromisos inconfesables de los chicos de Llamazares, como lo siguiente: es sabido que la IU gobernante en el Principado depende íntegramente de Buendía en un porcentaje tan abultado de sus promesas electorales como son la 15.000 viviendas de precio asequible esperadas para las próximas fechas, ya que queda poco más de un año para el vencimiento de esta legislatura. Dicho en plata, a la consejera de vivienda, Laura González (IU) se le ha visto comer mansamente en la mano de Buendía aun cuando al comienzo de esta legislatura disparó al corazón de la gestora de suelo del Principado -Sogepsa- al reclamar que todas las viviendas promovidas en Roces-Granda fueran de precio protegido. Otras voces acerca de que Sogepsa debería ser exclusivamente pública -y no mixta, con participación privada, como es desde sus orígenes-, también eran un disparo a la línea de flotación de dicha empresa, pero hete aquí que IU ya no porfía con esas extravagantes ideas, sino que espera, espera y espera a las viviendas caídas del cielo gracias a eficaces expropiaciones de suelo rural, y gracias a que Buendía azuce a sus muchachos de Sogepsa, de la Comisión de Urbanismo (CUOTA), y del jurado autonómico de expropiación para que todo llegue a feliz término.

A los ciudadanos de Gijón no les gusta la política de vivienda que desarrolla el gobierno PSOE-IU, el gobierno Areces-Valledor, y de ello hay sobrada información en la página www.defensarural.org que mantiene el colectivo de defensa rural de vecinos de Vega y La Camocha, un movimiento que ha mantenido un masivo y sorprendente enfrentamiento con el gobierno local gijonés, en unión con los vecinos de una federación vecinal que agrupa las protestas de muchas otras parroquias como Roces, Veranes, Jove y muchas más, víctimas de las expropiaciones desordenadas y de la falta de sensibilidad y delicadeza con la que vienen actuando los instrumentos de gestión de suelo del consejero Francisco Buendía, el mismo que en su momento logró el voto favorable de Fernándo Díaz Rañón, el concejal llamazarista de Avilés que es representante de la coalición IU en el consejo de administración de la sociedad pública que gestiona el basurero, para la construcción de la incineradora de Cogersa. IU no puede romper sus compromisos con el PSOE sin graves consecuencias, por eso, lo que públicamente se presenta como un parón para evitar el clamor popular, es en realidad una "moratoria", tal y como reconoció ayer al diario El Comercio, el dirigente de la coalición Jesús Iglesias, el hombre que más ha trabajado para Vicente Álvarez Areces en su vida pública. ¡Qué pillados están!

El "gobierno plural de la izquierda" se enfrenta a una creciente masa de vecinos expoliados e indignados

Vean cómo lo cuentan los propios vecinos gijoneses en esta activa página de Internet: GIJÓN es una ciudad con CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO, cuyo casco urbano de 14 km2 alberga 15.000 PISOS VACÍOS. El Plan de Ordenación vigente (el del 98) está desarrollado apenas en un 50%, pero nuestras autoridades municipales deciden elaborar un nuevo plan general de ordenación, para urbanizar 10 km2 de la actual ZONA RURAL del concejo (casi el actual casco urbano), a los que hay que añadir el casi millón de m2 en Roces, que SOGEPSA desarrollará por EXPROPIACIÓN mediante un Plan Especial (manifiesto de los vecinos de Roces). Sin argumentos consistentes, sin estudio de impacto ambiental, sin criterios de desarrollo sostenible, sin transparencia, sin participación ciudadana, sin debate, … Por todo esto, la reacción ciudadana contra este atropello ha sido contundente, pero ejemplar en sus métodos reivindicativos: multitud de pacíficos actos de protesta, 3 manifestaciones populares de 10.000 personas (I MARCHA VERDE, II MARCHA VERDE y III MARCHA VERDE, manifiesto), 3.000 alegaciones al plan de ordenación y 32.000 firmas de rechazo que desembocaron en un Pleno Extraordinario, donde la zona rural.

La presencia masiva en la calle de los ciudadanos de Gijón, por tres veces consecutivas, contra los planes urbanísticos de un gobierno "de izquierdas", en una comunidad autónoma que suele considerarse "de izquierdas", en un divorcio total entre esas "izquierdas" y las aspiraciones ciudadanas, es algo que sólo puede suceder, en una comunidad autónoma en la que la "izquierda" ha perdido la capacidad de utilizar la brújula, llevada de pretensiones y necesidades que, tal y como denuncian los vecinos, nada tienen que ver con el interés general, sino con extraños y oscuros negocios, que dependen, en el plano institucional, de dos personas, la consejera Laura González, que encima es la progenitora de la secretaria general del Partido Comunista de Asturias, Noemí Martín, y del director general de la vivienda, Manuel Orviz, también de esta coalición, que sostienen y no enmiendan la bomba urbanística del Principado de Asturias, que tiene en la costa asturiana su factor más explosivo, empezando por Gijón, y continuando en concejos como Ribadedeva, Llanes, Colunga, Villaviciosa, Gozón, Muros de Nalón, Navia, y Valdés, entre otros (lo de Ribadesella es caso aparte que merece un análisis pormenorizado), en los que hay un sinfín de movimientos vecinales que exigen otra "moratoria", unidos en la Agrupación de Colectivos Asturianos, una organización que agrupa, modula y concentra la temperatura creciente de la indignación popular, contra los planes urbanísticos de un gobierno totalmente divorciado de las aspiraciones ciudadanas.

La terrible máquina de triturar personas de Buendía

Y es que tenemos que volver al artículo de Javier Morán, en el que pone en letras de molde, lo que es el imparable escándalo que supone la pretensión confesada por los dirigentes de IU de construir quice mil viviendas, que sólo sirven para incrementar la presión especulativa, en una comunidad en la que el consejero Buendía, y por lo tanto el presidente Areces, tienen montada una máquina confiscatoria de la propiedad de los ciudadanos, que cuanto más se analiza, más repugna la inteligencia de las personas de bien. Buendía controla, a la vez, la sociedad que expropia el suelo, Sogepsa, una sociedad en la que opera el capital privado, que goza de la potestad expropiatoria, en virtud del interés general. Pero Buendía controla también la CUOTA, donde el suelo expropiado es recalificado, y lo que sus generalmente humildes propietarios no podían hacer, pueden hacerlo los promotores agraciados por la rueda de la fortuna que tramposamente administra el poder político. La cosa no para aquí, pues el mismo que te expropia y te recalifica, es además el que nombra el cuestionado Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, presidido por el notario gijonés Ángel Aznárez, del que se habla muchísimo en los círculos en los que se cuestiona esta infernal maquinaria creada para arebatarle a la gente sus propiedades a bajo precio, revalorizarla después, y sacarla al mercado en beneficio del interés particular, en un momento de evidente inflacción del sector.

Empieza a aflorar el malestar entre las empresas asturianas del sector

La aparición de empresas promotoras de fuera de Asturias, intensamente vinculadas a la IU de Llamazares y a su responsable de finanzas, el asturiano Rubén Fernández Casar, como es el Grupo Progea, con base en Madrid y Zaragoza, que actúa con docenas de sociedades, de las que es apoderado el dirigente local de las finanzas de IU en Gijón, José Antonio Hevia Braña, así como otros grupos y promotoras impulsadas por un hombre de la confianza de estos dirigentes, el madrileño que es conocido como "el hombre de Móstoles", ha incrementado extraordinariamente la temperatura del ambiente entre los ciudadanos encabronados con esta horrorosa maquinaria, hasta tal punto, que en medios como LNE aparecen ya -con los tiempos lógicos- los mensajes que indican que se acerca en Asturias, la catársis política y mediática que va a poner en solfa los compromisos ocultos, de carácter inmobiliario, sobre los que se cerró este acuerdo de gobierno, del que afloran cada día aguas más negras.

Y es que el cabreo ya no alcanza sólo a los ciudadanos afectados, también los promotores comienzan a removerse. Vean, al respecto, lo que se dice en La Nueva España de hoy, por Apolinar Cuesta, presidente del gremio de promotores de la Confederación Asturiana de la Construción: No es nuevo que el sector del cemento y el ladrillo se queje en Asturias de la acción de la competencia que llega de fuera. Lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de la obra pública. En el segmento de la vivienda el malestar viene del hecho de que, siempre según la versión de la patronal, el desembarco en el Principado de promotores procedentes de comunidades como el País Vasco y Madrid, que buscan participar en el muy movido negocio regional de la vivienda, se está traduciendo con frecuencia en un encarecimiento del suelo. «Actúan con prácticas propias de sus comunidades, donde están acostumbrados a pagar más por el terreno y a mayores repercusiones sobre lo que cobran por las viviendas», aseguró Apolinar Cuesta.

Atentos a lo que viene.