La constitución de un sistema de defensa de la competencia asturiano, de Joaquín Lorences Rodríguez y Luis Orea Sánchez en La Nueva España
El pasado 13 de enero se celebraron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Oviedo las I Jornadas sobre política de la competencia, en las que destacadas personalidades que han tenido o tienen importantes responsabilidades en instituciones de defensa de la competencia, Amadeo Petitbó (ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia estatal), Lluís Franco (presidente del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia), María Jesús González (subdirectora de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales del Servicio de Defensa de la Competencia estatal), debatieron junto con profesores y alumnos de la Universidad de Oviedo y profesionales que desarrollan su labor en este campo como Elena Zoido, de LECG Consulting, y Eduardo Prieto, de NERA Economic Consulting, acerca del papel de la política de la competencia en una sociedad moderna y del papel de las autonomías en su aplicación.
A partir de este fructífero debate hemos elaborado una serie de conclusiones acerca de la importancia de las políticas territoriales de defensa de la competencia y sobre la forma más conveniente de poner en marcha el proceso de constitución de un sistema institucional asturiano encargado de su aplicación. A continuación resumimos los resultados que creemos tienen un mayor interés para la región.
En cuanto al primero de estos puntos, existe un consenso claro acerca de que las autonomías deberían realizar una intensa actividad dirigida a promocionar la libre competencia como mecanismo esencial que propicia la asignación y el uso eficiente de los recursos productivos de que dispone la sociedad para satisfacer sus necesidades crecientes. Más concretamente, independientemente de la labor del Estado en este ámbito, las autoridades regionales deberían preocuparse cada vez más de asegurar que las empresas asturianas compitan entre sí en igualdad de condiciones comprometiéndose decididamente, por ejemplo, a la protección de las pequeñas empresas frente a los abusos de posición de las más grandes y facilitando el acceso de nuevos empresarios a los sectores más rentables de la economía regional que, en muchos casos, está dificultado por barreras legales (licencias de apertura) pero, en otros muchos, por dificultades creadas por las empresas establecidas para evitar o desanimar la entrada de un competidor potencial. Obviamente, avanzar en esta dirección y mejorar el funcionamiento de los mercados regionales estimularía a las empresas a realizar un continuo esfuerzo de modernización e innovación para incrementar el rendimiento de los recursos (productividad) y la calidad de sus producciones, lo que redundaría en su mayor competitividad y, en última instancia, favorecería el crecimiento y el desarrollo de la región.
En esta dirección, es claro también que la existencia de una política regional de defensa de la competencia como núcleo de su política industrial y de unos organismos específicos encargados de su aplicación permitiría una actuación más efectiva debido a las ventajas derivadas de la proximidad. La proximidad de los organismos a las empresas y al conjunto de los ciudadanos permite agilizar y abaratar (en términos de costes monetarios, de tiempo...) los procesos de instrucción y resolución, tal como sugiere la experiencia de Alemania, país que cuenta con un sistema de defensa de la competencia descentralizado de gran tradición y cuyos usuarios más habituales son las pequeñas y medianas empresas y ciudadanos individuales que difícilmente recurrirían a un órgano centralizado.
Adicionalmente, la proximidad permite también una mayor dedicación a asuntos regionales que no siempre son objeto de atención suficiente por parte de los organismos estatales y, en particular, al análisis de los efectos de las regulaciones específicas realizadas por la instituciones autonómicas sobre la competencia. Por ejemplo, en un dictamen de mediados enero el Tribunal de Defensa de la Competencia estatal concluye que la normativa regional canaria impone restricciones particularmente severas a la apertura de grandes establecimientos, de tal forma que dicha normativa «puede tornarse en la práctica en [...] un cierre del mercado a tales tipos de establecimientos». La existencia de órganos de defensa de la competencia autonómico podría facilitar la evaluación del impacto sobre el funcionamiento de los mercados de los proyectos normativos autonómico y evitar estas inconsistencias.
En síntesis, la política en defensa de la libre competencia tienen una clara dimensión territorial que no resulta redundante con la nacional y que, por tanto, las comunidades autónomas deberían asumir como núcleo de su política económica orientada hacia la mejora de la eficiencia de sus economías y, en definitiva, la de todo el país.
En cuanto al proceso de instauración de un sistema de defensa de la competencia asturiano, la experiencia de otras autonomías permite inferir que lo más aconsejable es que este se realice en dos fases. En la primera se crearía un organismo embrionario que se ocuparía fundamentalmente de la redacción y difusión de informes sobre el funcionamiento de los diferentes mercados regionales. Estos informes deberían describir en qué medida la competencia está desarrollada en los diferentes sectores económicos y cuáles son los factores que la condicionan, como por ejemplo: la existencia de barreras de entrada a la actividad, la existencia de una empresa dominante que impone a las demás las condiciones de transacción en un mercado o la existencia de pactos colusivos entre varias empresas vendedoras para fijar precios tan altos como los que fijaría un monopolista o tan bajos como los que, en su caso, fijaría un monopsonio (monopolio de demanda). Es de esperar que simplemente la detección de estas prácticas restrictivas, entre otras muchas posibles, y su conocimiento por parte de la sociedad tendría un efecto muy beneficioso sobre el funcionamiento de tales mercados.
No obstante, la disposición de este diagnóstico sobre el funcionamiento de los diferentes mercados locales es, desde nuestro punto de vista, un requisito imprescindible para pasar a la segunda fase en el proceso de despliegue de un sistema completo de defensa de la competencia regional que culminaría en la constitución de un Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) con atribuciones para perseguir las prácticas contra la libre competencia en los mercados asturianos y de un Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) encargado básicamente de la instrucción de los expedientes y de la promoción de la competencia, en el sentido anteriormente apuntado. En este caso, dicho diagnóstico debería permitir la evaluación de las pérdidas de eficiencia que para la economía asturiana implican el mal funcionamiento de algunos mercados regionales y, por tanto, las ganancias que se podrían obtener del desarrollo de la libre competencia en los mismos. Por supuesto, es de esperar que tales ganancias superen ampliamente los costes que implicaría la creación y mantenimiento de esta instituciones anteriores, TDC y SDC.
Hasta la fecha, son ocho las comunidades autónomas que han constituido sistemas propios de defensa de la competencia, aunque salvo el caso de Cataluña los demás están aún en pleno proceso de consolidación. Como se puede ver en el cuadro adjunto, todos son de reciente creación y la mayoría de comunidades, excepto Murcia, han tratado de reproducir los órganos ya existentes a nivel estatal: un SDC que depende normalmente de la Consejería de Economía (o equivalente), cuya principal responsabilidad es la tramitación de expedientes y realizar estudios e informes para detectar los fallos del mercado y un TDC, que se configura como un organismo autónomo, cuya principal función es la resolución de expedientes.
Haciendo uso de la información publicada por la Dirección General de Defensa de la Competencia catalán que cuenta con el sistema autonómico más consolidado, se puede estimar, a título indicativo, que la constitución de un sistema semejante para Asturias exigiría entre 10 y 12 empleos, dos tercios de los cuales deberían estar ocupados por profesionales con un alto grado de formación jurídica y económica. Teniendo en cuenta que la remuneración de estos profesionales representaría más del 75% del presupuesto total del sistema, creemos que su coste sería significativamente inferior a las ganancias que se podrían derivar del incremento de la competencia en el conjunto de la economía regional.
Joaquín Lorences Rodríguez y Luis Orea Sánchez, departamento de Economía de la Universidad de Oviedo.
