Los jueces de Henri Parot llevaban mucho tiempo esperando un caso ejemplar para plantear el debate - Ahora es cuando los grandes terroristas encarcelados empezarán a reclamar reducción de penas - Tras Parot y 'Pakito' vienen 'Santi Potros', 'Kubati' y Troitiño, todos ellos grandes asesinos

No ha sido una casualidad, ni una ocurrencia. Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, llevaba mucho tiempo esperando la ocasión para plantear el asunto. Contaba para eso con el pleno acuerdo de los otros dos magistrados de la Sección Primera, Manuela Fernández de Prado y Eustasio De la Fuente, ambos miembros de Jueces para la Democracia. Incluso uno de ellos se lo había planteado ya al anterior presidente de la Sala, Siro García. «Cuando tengamos un caso claro, tiramos para adelante», se dijeron esta vez.
El caso llegó la primavera pasada y era paradigmático, evidentísimo y ejemplar: el terrorista Henri Parot, el mayor criminal de la Historia, condenado en 26 procesos a un total de 4.799 años de cárcel por un sinfín de asesinatos y atentados, reclamaba que se aplicara a su caso el criterio establecido del Tribunal Supremo, de modo que todas sus condenas se le acumularan en una sola pena de 30 años.

«¡Este es el caso que esperábamos!» se dijeron los magistrados.«Ahora plantearemos el asunto en toda su crudeza». «La crudeza del asunto» consistió precisamente en evidenciar lo tremendo de que un señor que ha dedicado su vida a asesinar y que, incluso mientras estaba en la cárcel, ha seguido ordenando asesinatos, pueda ser tratado con la misma benevolencia con que el sistema español trata al delincuente común y, en definitiva, pueda salir en libertad después de haber cumplido 20 ¡ni siquiera 30! años...para seguir matando y ordenando matar, sin duda.

El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se publicó en abril del año pasado, no fue, pues, el resultado de ninguna extravagancia ni de ninguna extraña singularidad, sino un paso muy medido y muy conscientemente dado. Y fue una apuesta arriesgada porque tuvo la confesada intención de encender los focos, no tanto sobre un criterio, el del Supremo, que sigue siendo sólido y defendible, sino sobre los efectos que la aplicación mecánica de ese criterio está teniendo sobre una realidad que hoy es muy diferente a la que fue ayer.

Muchos han dicho estos días, con intención acusatoria: ¿por qué se desata ahora semejante escándalo, cuando llevamos toda la vida viendo cómo los etarras han estado saliendo de la cárcel y beneficiándose de las reducciones de penas sin que la sociedad haya puesto nunca el grito en el cielo como lo ha puesto hoy?

Por dos razones. Primera: porque no es verdad que casos como éste se hayan venido dando sin parar desde el comienzo de la actividad terrorista. Los etarras encarcelados han estado mucho tiempo negándose en absoluto a recibir ninguna clase de beneficios penitenciarios: durante muchos años ninguno de ellos pidió jamás ni reducciones de penas ni libertad condicional. Eran órdenes estrictas de la banda, que lo tenía radicalmente prohibido.

Segunda: porque, como consecuencia de que sus beneficiarios, sencillamente, no lo pedían ni lo aceptaban, desde los años 70 hasta 1998 no hubo ocasión de aplicar sistemáticamente el criterio del Tribunal Supremo que, por otra parte, no estaba pensado para la acción de una banda terrorista, sino para la delincuencia social, que era la que había entonces. Es a partir de 1995 cuando la estrategia de ETA cambia y los dirigentes apuestan por sacar todos los beneficios posibles al sistema penitenciario. Es entonces cuando la doctrina establecida por el Supremo empieza, después de muchísimos años, a verse sometida a este brutal contraste con la realidad social. Y el de Parot es, con diferencia, el más brutal de los escarnios padecidos.

Ahora están en la cárcel casi todos los grandes terroristas, empezando por los capturados en Bidart en 1992, y es a partir de este momento cuando los grandes asesinos van a ir estampando, ante la atónita y escandalizada mirada de los ciudadanos, sus pretensiones de ser tratados exactamente igual que si fueran los autores de un único crimen pasional o de un ajuste de cuentas por dinero.

Hay que recordar que no es sólo Parot el que ha reclamado en la Audiencia Nacional la aplicación de esta doctrina pietista -de piedad- pensada para otra clase de delincuentes, para los humanizables. Es que, detrás de Parot, cuyos años de condena suman más que todos los años de todos los etarras que han salido ya en libertad, viene Pakito, y detrás de él viene Santi Potros, que también pretende que se le acumulen las penas. Y ésos son primeros, pero desde luego que no van a ser los últimos.

Los magistrados de la Sala de lo Penal tuvieron que tomar recientemente una decisión importante en relación con estos casos: o dictar el auto sobre cada uno de estos dos miembros de ETA o esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo el próximo día 20, cuando se reúne la Sala para examinar el resultado de la aplicación a terroristas activos y militantes del criterio benevolente que buscaba, y sigue buscando, la rehabilitación durante el cumplimiento de la pena.

De momento, los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional están informados por su presidente Javier Gómez Bermúdez de los argumentos esgrimidos en el auto en el que se denegaba a Parot la acumulación en una sola condena y se le acumulaban los 4.799 años en dos de 30 años cada una. Y hay que decir que la mayoría de la Sala respalda plenamente el espíritu y el criterio expuestos por sus tres compañeros de la Sección Primera, a la espera, naturalmente, de lo que el Alto Tribunal establezca.

«En tus manos encomiendo mi espíritu», podría muy bien decir la sociedad pacífica y democrática española a los miembros del Tribunal Supremo cuya independencia y ponderación de criterio debe ahora intentar armonizar una doctrina correcta con una realidad que ha cambiado tanto. Sean cuales sean sus conclusiones, ésas serán las que deban aplicarse a lo que viene después.

Y lo que viene después, para ser precisos, es el etarra Txapote, el asesino de Miguel Angel Blanco y el de Gregorio Ordóñez, que ya ha pedido no cumplir su condena en Francia, sino quedarse directamente en España. Claro que a Txapote ya se le podrá condenar, de acuerdo con la reforma de 2003, a un máximo de 40 años. ¿Por qué, entonces, quiere venir a una cárcel española? Pues porque se dispone a beneficiarse de todas las ventajas del sistema penitenciario sin tener, en absoluto, el menor compromiso de arrepentimiento ni de rehabilitación. Y porque espera que el criterio del Supremo se le aplique sin más preámbulos. Y después vienen también los Troitiño, Kubati, Txelis, Fiti, Kantauri, Mobutu, Pototo, y así sucesivamente, en fila y preparados para que, después de sus dos primeros crímenes, los demás, por horrendos que hayan sido, penalmente les salgan gratis total.

Que las posiciones de la Fiscalía hayan mantenido durante todos estos años una clara inercia respecto a esto no es sorprendente.Lo sorprendente es que, una vez que el juez Gómez Bermúdez ha puesto sobre el tapete la sangrante contradicción entre la acción generosa de la Justicia y la vocación asesina de una banda criminal organizada que hace de la muerte su razón de existir, el Ministerio Fiscal no se haya detenido a calibrar hasta qué punto su papel en una ocasión así era el de facilitar el camino a la reflexión de los jueces y no el de amarrarlos a la aplicación mecánica -mecánica y ciega- de una doctrina destinada a regir sobre otra realidad. Afortunadamente, el Supremo tiene la última palabra.

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