La planta incineradora de Serín crea una nueva división en las fuerzas políticas de la izquierda asturiana en vísperas de las elecciones

LA alternativa que se debe dar al agotamiento del vertedero de Serín, un asunto fundamentalmente técnico, ha derivado en un problema político de primer orden, dando lugar a resoluciones parlamentarias y municipales y, lo que es peor, ha creado una fuerte tensión entre PSOE e IU, las dos fuerzas que gobiernan en coalición en el Principado.

El vertedero de Serín tiene fecha de caducidad (año 2015); por eso hace tiempo que se barajan alternativas. Los socialistas llevaron en el programa electoral de 1999 la propuesta de buscar una solución, pero la legislatura tuvo un desarrollo tan convulso que no hubo momento de afrontar el problema, y sólo cuatro años más tarde el consejo de administración de Cogersa tomó por unanimidad (como se toman todas las resoluciones en ese consorcio) la opción de ubicar una planta incineradora de residuos sólidos que tuviese una capacidad para más de 400.000 toneladas al año. Cabe objetar la propuesta de la incineradora envueltos en la bandera ecologista, pero la alternativa de las tres «erres» (reducción-reciclaje-reutilización) ha fracasado en Europa por falta de apoyo ciudadano. Bien es cierto que una cosa es reciclar poco y otra quedarse en los niveles mínimos del vertedero de Serín, pero tiene razón el consejero Francisco González Buendía cuando señala que el reciclado no es una alternativa enteramente satisfactoria.

Ante este panorama queda la posibilidad teórica de buscar otro valle para convertirlo en vertedero, pero en la zona central asturiana no se ven ubicaciones alternativas. El Ministerio de Medio Ambiente no es un ferviente defensor de las plantas incineradoras, ya que hay otros procedimientos, como la gasificiación, aunque no están bien contrastados y tienen unos costes más elevados. Pensemos que en el vertedero de Serín el coste de la tonelada de residuos anda por los 8 euros, mientras que la incineradora supondría un coste de 40 euros, y otros métodos, como el 'ecopark', eleva el coste de la tonelada a los 62 euros.

Error político

Con los datos sobre la mesa y el tiempo apremiando, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Francisco González Buendía, dio un paso en falso al anunciar la licitación de la incineradora, tras un viaje colectivo por capitales europeas para que los representantes vecinales comprobasen con sus propios ojos cómo se incinera en el corazón de la UE. El consejero estaba pertrechado de abundantes argumentos técnicos para tomar la decisión, pero no reparó en tres detalles: falta poco más de un año para las elecciones locales, la incineradora de Serín tiene una derivada inequívocamente gijonesa y la competencia sobre residuos sólidos urbanos recae en los ayuntamientos, lo que exige mucho consenso y mucha mano izquierda por parte del Principado. Tres detalles que se le pasaron por alto al consejero, y a continuación vino la tormenta.

Como ocurrió con la Ley del Salario Social, el teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Montes Estrada, supo leer la coyuntura y alzó la voz para decir que IU no pasa por ahí, demostrando una vez más quién es la verdadera referencia de la coalición de izquierdas. El salto de Montes Estrada a la Junta General del Principado para la próxima legislatura es una cosa hecha, y para tomar algunas decisiones bien harían los socialistas en consultarle con el objeto de evitar salidas en falso. En los meses que faltan para los comicios, la parroquia de IU vivirá con alborozo cualquier disensión con los socialistas como forma de identificación ante el electorado por temor al voto útil. Unas veces será la oficialidad de la llingua y otras el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Todo vale para tomar distancias y evitar el abrazo del oso.

Mientras la incineradora de Serín se hacía un hueco en los medios de comunicación, llegó la clásica respuesta social con la formación del 'Conceyu contra la incineración', un organismo apto para hacer estudios sobre reciclaje, pero también capaz de convocar movilizaciones como las vividas en Gijón con las marchas verdes contra el Plan de Urbanismo, en las demandas por un servicio de radioterapia en la ciudad o en contra del primer diseño de ampliación portuaria. El 'Conceyu contra la incineración' es el clásico organismo que tiene una teórica dimensión regional pero que sólo se haría visible en las calles de Gijón, donde más desperfectos electorales le puede causar al PSOE.

Incineradora aparcada

A partir de ahí vino la maniobra de rectificación, iniciada en el grupo parlamentario socialista. La solución pasa por aparcar la incineradora para después de las elecciones autonómicas, aunque se hable de una moratoria sin especificar plazos. Luego habrá que buscar el consenso a través de autoridades académicas que elaboren un estudio sobre tratamiento de residuos, sin sesgos políticos, para que lo aprueben todos los grupos. La proposición no de ley presentada por PSOE e IU en la Junta General del Principado hubiera podido contar con el apoyo del PP si no fuera porque en las más altas instancias de Izquierda Unida está vivo el espíritu del 'pacto del Tinell' y sólo quieren acuerdos entre afines. En realidad, el PP está deseoso de que la izquierda saque adelante las iniciativas del embalse de Caleao y de la incineradora de Serín para evitar posibles herencias incómodas.

El debate se ha pospuesto para una época menos agitada políticamente y se ha salvado por los pelos Cogersa. Quiero decir que el consorcio debe dejarse al margen de las trifulcas políticas, porque como los representantes institucionales lo conviertan en un pequeño parlamento se irá al traste. En Cogersa tiene más participación el Ayuntamiento de Gijón que el Principado, así que lo mejor es andar con mucho tino, aprobando todo por unanimidad y con estricta vocación de servicio.