Desde que la democracia existe en nuestro país, en cada campaña electoral de los unos y de los otros, siempre han aparecido, de una manera o de otra, las pensiones y jubilaciones. Todos, fueran cuales fueran sus tendencias políticas, defendían a capa y espada el aumento de las pensiones, una vejez digna para nuestros mayores, que, por cierto, dentro de nada seremos también nosotros.
Las subidas, cuando las ha habido, son irrisorias, porque el punto de partida, la base sobre la que se aplica el porcentaje del aumento, es ridículamente ofensiva en muchos casos. Sin duda hay jubilados y prejubilados que no han visto tan seriamente perjudicados sus ingresos y pueden seguir llevando una vida digna.

Pero para muchas personas mayores de nuestra sociedad, que no hayan tenido la previsión -o no hayan podido- hacerse con unos ahorrillos; para muchas mujeres mayores que no hayan trabajado fuera de casa o lo hayan hecho sin ningún tipo de contrato, la llegada de la jubilación y de la vejez, cuando uno o una ya no puede valerse por su propia cuenta con el mismo desparpajo de antes, es una auténtica tragedia.

En las recientes antigüedades de nuestra sociedad, hace apenas dos o tres generaciones, por regla general, las personas mayores no temían por su futuro. Sabían que tenían un lugar en casa de sus hijos, hermanos o sobrinos y que a ellos no iba a faltarles de nada, ni el plato, ni los cuidados, ni el respeto. Sólo los que no tenían familia eran acogidos en asilos, donde las hermanitas de la caridad y otras almas compasivas procuraban darles una vejez lo más digna que podían.

En un estado de derecho, en una sociedad del bienestar, que mide la valía de sus elementos por su capacidad de producir, los hombres y mujeres mayores que ya han cumplido su función de producción, no pueden desecharse como máquinas obsoletas. Su bienestar es un derecho fundamental y una obligación primordial, tanto del Estado como de las administraciones públicas que gestionan el reparto del patrimonio común.

Nuestros mayores se merecen un respeto, en primer lugar como personas, pero también por su experiencia, por el trabajo y por la vida que han aportado a la sociedad mientras han estado en activo. Es una afrenta que al llegar a ciertas edades, se les arrincone y no se les tenga en cuenta. Y es un escándalo que se tenga la desvergüenza de asignarles pensiones miserables con las que, en la mayoría de los casos, no se puede sobrevivir más que como indigente.

Dinero hay. El país funciona. Es la gestión lo que falla. Son las prioridades. Se avanza, pero muy despacio. Existen los centros de día, residencias por todas las esquinas, la tarjeta rosa, los viajes del inserso y otras ventajas de hacerse viejo, pero también muchos hombres y aún más mujeres mayores, viejas, solas en sus casas, personas aisladas, a menudo avergonzadas, que sobreviven gracias al afecto de sus vecinos. Porque, como siempre, tiene que ser la sociedad civil -que algún día acabará hartándose de suplir en todo lo social a la administración y a sus funcionarios- la que salga al paso con iniciativas privadas, a base de voluntarios y gente de buena fe, con más entrañas que nuestros gobernantes y legítimos representantes.

La caridad no suple un derecho. Así lo entendieron hace años los viejos en Alemania (un país ejemplar en cuestiones sociales, del que estamos muy lejos, por muy europeos que nos queramos llamar) y fundaron su propio partido, Los Grises, todavía en activo, que defiende los derechos y reivindicaciones de aquellos y aquellas que peinan canas.