LA CONSTITUCIÓN de 1978 no era sólo un conjunto de normas, sino una visión de lo que convenía a los ciudadanos. Fue un pacto de convivencia, que recogía las aspiraciones de reconciliación y democracia de los españoles. Con el tiempo, se puede decir que ha sido previsor y acertado en muchos aspectos. Pero para poder seguir afirmando sus valores y principios en el 2006, la Carta Magna necesita algunas reformas que aborde problemas no atendidos o no resueltos en su día.

La necesidad de reforma constitucional más clara es la que afecta a las competencias del Estado y a las de las comunidades autónomas. En 1978 no se quiso o no se pudo acordar con mucha precisión un modelo de distribución territorial del poder y se optó por prolongar de modo indefinido esta parte del debate constituyente. De este modo, se dejó el modelo muy abierto y se fueron improvisando paso a paso los contornos de un Estado de las autonomías, con la limitada cautela política de hacerlo siempre por acuerdo de dos grandes partidos. La Carta Magna no delimitó el número de comunidades ni estableció con gran detalle sus competencias y el techo máximo de éstas, ya que a través del artículo 150.2 dejó la puerta abierta a la futura transferencia de competencias estatales. Aunque la jurisprudencia constitucional ha puesto algunos límites al crecimiento de competencias autonómicas, las reformas periódicas de estatutos han generado una clara puja al alza entre las comunidades. Algunos territorios invocan un derecho ilimitado a la autonomía, por el que se pretende delimitar desde un estatuto nada menos que el alcance de las competencias estatales.

El resultado es que, 27 años después, el Estado ha adelgazado mucho por la descentralización autonómica y también por la integración europea. Sería necesario frenar la inestabilidad del modelo y abordar su cierre, con el fin de preservar un equilibrio razonable y previsible entre ambos niveles de gobierno. Sobre todo cuando competimos como país en una UE de 25 miembros cada vez más complicada y participamos además en un mercado global, dos realidades que exigen poderes centrales eficaces, capaces de aunar diferencias, tomar decisiones con rapidez y negociar con éxito y credibilidad en el ámbito internacional. El borrador de informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional va claramente en este sentido. El dictamen está siendo redactado en buena parte por un gran maestro del derecho constitucional español, Francisco Rubio Llorente, que como secretario general del Congreso fue el letrado de la ponencia constitucional en 1978 y luego, como vicepresidente del Tribunal Constitucional, fue clave en el desarrollo inicial de la doctrina constitucional. Por ello tiene especial relevancia este borrador de informe, en el que, entre otras sugerencias, se advierte de que hay que modificar la Carta Magna para limitar la transferencia continuada de competencias a las autonomías y dar forma definitiva al modelo territorial español, y que sería bueno aclarar qué competencias estatales son intransferibles.

El mismo Gobierno que fió su reforma constitucional a este informe parece que ha decidido ahora restarle importancia. Prefiere improvisar una reforma constitucional encubierta y arriesgada a través de la reforma del Estatuto catalán, en vez de seguir el procedimiento establecido en la Carta Magna, que requiere el concurso de los dos grandes partidos. Por lo que se sabe del deshilachado «acuerdo global» entre Zapatero y Mas, a medio plazo podríamos evolucionar hacia una nueva estructura del Estado basada en una pluralidad de sujetos políticos con capacidad de decidir sobre sus cada vez más amplias competencias y su grado de participación en el Estado español. Quedaría diluido así el principio de una única nación española como sujeto de la soberanía y la posibilidad de un Estado capaz de velar por intereses generales.

La ironía es que este rediseño constitucional con déficit de legitimidad tiene lugar al mismo tiempo que el Gobierno y el Partido Socialista fijan sus posiciones en los debates estatutarios invocando una y otra vez la Constitución. En el fondo, con tal de seguir en el poder ésta y la próxima legislatura, si es preciso con nuevos apoyos nacionalistas, los socialistas invocan la parte más ambigua, flexible y difícil de interpretar de la Carta Magna, aun sabiendo que la poco conveniente cesión de muchas más competencias a Cataluña irá seguida de demandas de igualación del resto de las comunidades.

El posibilismo en este caso es un error mayúsculo, porque aumentará la inestabilidad de un modelo territorial muy complejo. Cada vez se abre paso con más fuerza la idea de que en cuestiones territoriales es necesario recuperar la perspectiva de conjunto y hablar de qué España se quiere, para acometer en su momento las reformas constitucionales necesarias, por acuerdo de los dos grandes partidos. Por ahora, el PP está consiguiendo introducir en el debate político la referencia al bien común de todos los españoles, una idea que en su día le permitiría plantear las reformas constitucionales oportunas, siempre que en su momento acertase a tender puentes con un PSOE bien distinto y castigado en las urnas. Es cierto que los barones territoriales del PP pueden tener la tentación de apuntarse de modo miope a todo lo que obtenga Cataluña en su nuevo Estatuto. Pero ya hay evidencias suficientes para pensar que, a largo plazo, las 17 comunidades autónomas, tan dispares en tamaño, riqueza e identidad, no pueden progresar de modo armónico sin un cierto reequilibrio constitucional a favor del Estado.