Cuatro regiones gobernadas por el Partido Socialista –Andalucía, Galicia, Aragón y Asturias- están entre las comunidades autónomas perjudicadas por el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y Cataluña. Estas cuatro comunidades reciben ahora, en concepto de inversión pública, más dinero de lo que pesan sus economías respecto al conjunto del Estado, por lo que si se generaliza el compromiso de recibir en función de la ponderación de cada región, perderán la ventaja comparativa que ahora tienen.

Asturias será la región socialista más perjudicada, ya que en estos momentos recibe el 3,1% de la inversión total, cuando su peso en el conjunto del Estado (año 2004) representa el 2,2%. En el caso de Andalucía y Galicia, la pérdida será de cuatros décimas, al pasar, en el primer caso, del 14,1% al 13,7%, y del 5,5% al 5,1% en el segundo. Aragón recibiría una décima menos, del 3,2% al 3,1%.

Este impacto negativo es lo que explica la oferta del Gobierno de duplicar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, un instrumento de solidaridad que, precisamente, a quien más beneficia es a dos comunidades socialistas. De los 869 millones que se distribuirán en 2006 –sin incluir los fondos complementarios- 337 millones van a parar a Andalucía y 137 millones a Galicia. Del resto de comunidades autónomas, ninguna llega a los 100 millones.

Con todo, la región española más perjudicada por el nuevo criterio de repartir la inversión pública de acuerdo con el peso del PIB regional en el conjunto del Estado, es Castilla y León, que ahora dispone del 6,9%, cuando su ponderación representa únicamente el 5,4%, lo que supone una considerable pérdida de 1,5 puntos (unos 150 millones de euros).

Madrid, la más beneficiada

En el lado contrario se sitúa Madrid, que será con diferencia la comunidad más beneficiada con la implantación del nuevo sistema de reparto. En concreto, Rafael Simancas, el presidente del Partido Socialista en Madrid, ha calculado una inversión adicional para la región de 860 millones de euros. Madrid pesa un 17,7% en el PIB, pero recibe únicamente el 13,3%.

Detrás de la comunidad madrileña se encuentran, por este orden, Baleares y Cataluña. Extremadura, pese a su bajo nivel de renta, es hoy una de las regiones más perjudicadas por el actual sistema, lo que explica que con el nuevo criterio de reparto sacará ventaja. Esta situación puede estar detrás de la tibia respuesta que ha dado su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al nuevo modelo de financiación. Mientras que Extremadura representa el 1,7% del conjunto del Estado, tan sólo recibe el 0,9% de los 11.007 millones de euros que repartirá este año la Administración central en inversión pública.

De esa cantidad, 7.273 millones de euros se destinan a políticas de infraestructuras. El texto pactado entre el Gobierno y CiU dice lo siguiente: “La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años”. El pacto añade que “dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas”.