Las manos del etarra Henri Parot están manchadas con la sangre de ochenta y dos personas. Que pueda ser puesto en libertad en aplicación de una figura legal -acumulación de condena- atenta contra el sentido común. Pero el sentido común tampoco permite concebir que el presidente del Gobierno o el Fiscal General del Estado, o ambos en interesada sindicación política, se pongan del lado del asesino y aplaudan la excarcelación.

Sin embargo, escuchamos y leemos, como si tal cosa, como si semejante imputación política y periodística estuviera cargada de lógica, que eso es así, que no tiene vuelta de hoja, que cada día está más claro que Rodríguez Zapatero prepara la rendición del Estado ante ETA a cambio de seguir en el poder.

Ayer, un periódico próximo al PP levantaba acta de "la política de excarcelaciones del Gobierno" en medio de una "opinión pública escandalizada". Como si todos estuviéramos al cabo de la calle de que, por supuesto, ya hace tiempo que Zapatero puso en marcha una política de excarcelación de etarras. Y, claro, no es para menos, la opinión pública se echa las manos a la cabeza. ¿De qué excarcelaciones habla este periódico, en otro tiempo tan reacio a los atajos legales en la lucha contra ETA?

Mariano Rajoy, líder del principal partido de la oposición y socio del Gobierno en la lucha antiterrorista, también ha elegido la vía de la desmesura que le marcan los gladiadores del alba y un sector de la prensa. Según dice, la posibilidad de que Parot, o Pakito, o Santi Potros, puedan ser excarcelados antes de tiempo (como posibilidad, ojo, y nunca antes de 2009 en todo caso, o sea, que tranquilos porque lo impedirá al ganar las elecciones generales), "constituye una cesión más por parte del Gobierno al entramado etarra".

¿De qué cesión habla? ¿Qué sanguinario etarra ha sido puesto en libertad por acumulación de penas? ¿Le consta que Policía y Guardia Civil, ahora a las órdenes de Zapatero, hayan bajado los brazos en materia de detenciones? ¿O solo se refiere, como indicio, a las sillas vacías del próximo congreso de Víctimas del Terrorismo?

En la misma línea, Eduardo Zaplana, brazo parlamentario del PP, declaró ayer que el Gobierno está pagando "por adelantado" el precio de una tregua y que todas sus decisiones políticas tienen la misma dirección: "Beneficiar a los terroristas y su brazo político". No se olvidó del fiscal general, tan de moda desde la caída de Fungairiño. De Conde-Pumpido dice Zaplana que "en vez de combatir a los asesinos, pone su voluntad justo en el proceso contrario". O sea que, en vez de amargar a los terroristas, les echa una mano.

Del fondo de la cuestión no se habla. Radica en una doctrina del Tribunal Supremo, no de Conde-Pumpido, sobre acumulación de penas. Ha sentado jurisprudencia y, por tanto, forma parte de la legalidad. Según ella, no se pueden segregar penas en condenas diferentes si los delitos están relacionados entre sí. Esa doctrina favorece un recurso de Henri Parot, que pretende acumular en una sola condena de 30 años nada menos que 4.800 años de cárcel de 26 condenas que pesan sobre él.

Personalmente me parece un disparate. Me niego a creer que esa misma legalidad a la que debemos atenernos todos carezca de resortes para lograr que un asesino de ese calibre se pudra en la cárcel por el resto de sus días. Sería más útil que todos nos dedicáramos a promover la activación de esos resortes en vez de adjudicar intenciones aberrantes al presidente del Gobierno o al fiscal general del Estado.

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