Todavía hoy, pese a conocerla, estremece ver la fotografía del estado en el que se encontraba Unai Romano tras haber pasado cinco días incomunicado en dependencias de la Guardia Civil. En pocas ocasiones es posible acceder a imágenes tan explícitas. Recuerdan las que en su día se publicaron del cuerpo de Joseba Arregi, muerto hace 25 años a causa de las torturas infligidas por la Policía española. Pero si observar la cabeza hinchada, amoratada e informe y pensar en lo que el gasteiztarra debió pasar hasta quedar en esa situación estremece y subleva, no lo hace menos el conocer que una funcionaria pública cuya obligación es impartir justicia ha archivado su denuncia de torturas, pese a ir acompañada de un exhaustivo informe médico, firmado por el prestigioso especialista Francisco Etxeberria, que rebate los informes forenses oficiales que hablaban de una autolesión basada en un único golpe frontal. El caso ni siquiera llegará a juicio y, lo que es peor, amenaza con volverse contra el propio Unai Romano si se cumplen los deseos de los letrados de la Guardia Civil.

La práctica de la tortura es una de las más aberrantes en las que puede incurrir el ser humano. Conlleva que agentes policiales, cuya labor teórica es velar por el cumplimiento de las leyes y defender los derechos de la ciudadanía, aprovechando la superioridad de número y fuerza, someten a una persona a todo tipo de maltratos y lo hacen en una institución pública. Pero dicha práctica sería imposible si los torturadores no contaran con una vasta red de cobertura de la que a lo largo de las últimas décadas se ha podido comprobar que formaban parte médicos forenses que priman su «posición antiterrorista» sobre el artículo 30 de su Código Deontológico, jueces que miran a otro lado, medios de comunicación para los que lo evidente no es noticia, ministerios y departamentos que anteponen la defensa corporativa de sus policías a los derechos humanos y gobiernos que, conociéndolo todo, lo niegan al tiempo que indultan a los pocos procesados cuya actuación había sido tan inocultable que habían acabado siendo condenados. En definitiva, la tortura es posible porque demasiadas instituciones y demasiada gente la considera útil o justificable.

El rostro de Unai Romano tras su incomunicación es la radiografía de un Estado que desoye, sistemáticamente, las denuncias de los torturados y las exigencias de los organismos internacionales que sí dan crédito a los relatos de sus descensos al infierno.