Mientras siguen las tensiones públicas e internas entre Zapatero y Maragall (ayer José Blanco recriminó al presidente catalán que se entrometa en los pactos con CiU que ha hecho el presidente Zapatero), y comienzan los debates sobre el Estatuto de la discordia en la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, desde el palacio de la Moncloa se aceleran las concesiones a ETA y su entorno con la esperanza de que la banda terrorista haga pronto una declaración de tregua en la que se vislumbre el posible fin de la violencia. La decisión de los fiscales del Tribunal Supremo, todos ellos sometidos a la autoridad del inefable Conde-Pumpido, que favorece la salida de la cárcel del terrorista Parot, al no aplicarse por separado sus grandes condenas, puede inscribirse en este contexto.

Zapatero —que hace un llamamiento a la prudencia o contra la libertad de expresión por razones políticas y morales, en referencia a las caricaturas de Mohoma— cree haber conseguido un gran éxito con el Estatuto catalán y ahora busca otro en la negociación con ETA, aunque sólo sea el inicio de una tregua de la banda, convencido de que con ello ya habrá cumplido con sus objetivos de la presente legislatura, que es lo que dirán sus portavoces y publicistas. Pero olvidándose quizás de algo tan esencial —que ya revelan las encuestas— como que una mayoría de españoles no está ni por el Estatuto ni por las concesiones, e incluso las negociaciones, a o con ETA, porque ambos pasos afectan no sólo a los catalanes y a los vascos, sino al conjunto de la sociedad, donde tienen un alto nivel de rechazo.

Y además resulta grave y peligroso unir, como lo está uniendo en el tiempo y en política, el Estatuto catalán con la negociación con ETA porque alguien podrá decir que ambas cosas las pactó Carod-Rovira con Ternera en Perpiñán, como ya se ha insinuado, y que por la ambición y la presión etarra el Gobierno de Madrid ha hecho concesiones graves y muy serias en el Estatuto catalán. Sin olvidar algo que Zapatero y su Gobierno deberían haber aprendido de los errores y la derrota de Aznar: que las decisiones en contra del sentimiento nacional —como la guerra de Iraq— y las mentiras en tropel acaban mal. Y de eso hay mucho en la acción del Gobierno y en las enormes concesiones que está haciendo al nacionalismo y a los etarras.

Y no sólo teniendo en contra a una mayoría de españoles, sino también a las víctimas del terrorismo y al 42 por ciento del electorado del PP, que podrían pasar de la oposición en la política al uso del código penal, como ya ocurrió para desmontar la reciente asamblea de Batasuna en Barakaldo, con harto dolor del equipo gobernante de la Moncloa. Y si se ha de llegar a la excarcelación de etarras con delitos de sangre, con mayor motivo, dado que ésta es una cuestión de alta sensibilidad donde las víctimas de ETA y sus familiares tienen todo el derecho a opinar y a decidir. Las paz es siempre costosa, sobre todo porque en el caso de ETA es sólo una parte de la negociación la que está en guerra, si es que se le puede llamar así al crimen de inocentes y a la extorsión. Pero ese eufemismo de la paz se agrava y complica cuando la parte de ETA exige contrapartidas políticas y la liberación de los criminales más notorios de la banda, sobre la base de la generosidad de los demócratas y de las víctimas del terrorismo pero siempre y cuando la transparencia del proceso negociador y la prueba de la entrega final de las armas vayan por delante de las concesiones del Estado.

Por todo eso, y mientras ETA no deja las armas y sigue actuando, aunque no mate, es de todo punto inaceptable que el Gobierno haya empezado a hacer concesiones políticas y jurídicas a ver si la banda anuncia en los próximos días una tregua y se inicia de manera clara y directa la esperada negociación. Concesiones en las que se incluye el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fungairiño, para facilitar la situación de los presos etarras, como acabamos de ver con la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, en contra del criterio de la Audiencia Nacional, no ha permitido que se apliquen por separado las dos grandes sentencias al etarra Parot, que en fecha no lejanas se verá en libertad, a igual que ocurrirá con otros destacados terroristas como “Pakito” y compañía.

Sin duda, el Gobierno está preparando el terreno de la negociación, como lo ha hecho con la legalización del PCTV, o con la vista gorda con Batasuna, o con la liquidación del pacto antiterrorista y la marginación de la ley de partidos, a pesar de que las dos normas siguen en vigor. El Gobierno está en realidad propiciando un fraude de ley a ver si mueven ficha los etarras, lo que para algunos observadores interesados en el tema está al caer. Y tiene tanta prisa Zapatero porque quiere unir el pacto con CiU sobre el nuevo Estatuto catalán a la nueva tregua de ETA y presentarse como un victorioso campeón de no se sabe qué.

Pero el juego de las mentiras, de las patadas al Estado de Derecho, de las prisas y de los golpes de efecto como cálculo electoral suelen acabar bastante mal. En primer lugar por la sencilla razón de que los ciudadanos no son tan tontos como algunos políticos, y en segundo lugar porque ambas decisiones traen conflictos internos y la inseguridad que conlleva el hecho de pactar con gentes que llevan pistola o que no son de fiar políticamente. De manera que cuidado con la euforia en el PSOE, que no es tanta como aparentan, y cuidado con el mundo de los nacionalistas de todo orden, porque ése es un terreno de lo más resbaladizo, y si hay además rastros de sangre, pues con más razón. Por ahí van dándose garrotazos Blanco, Pique, Maragall, Carod y Mas, y eso que están de festejo de un Estatuto que sólo beneficia a Cataluña e indigna y preocupa a una gran mayoría de la sociedad.