En un país, España por ejemplo, donde los grandes diarios nacionales y sus respectivas escuderías de escritores, periodistas y pensadores se pelean por la propiedad intelectual del cadáver del cerillero del Café Gijón, Alfonso, alias Escámez —por su condición de subbanquero o prestamista—, maquinando obituarios donde unos y otros se agarran al muerto o se ponen en la primera fila de un entierro que ya parece el de Tierno Galván, pero sin la carroza de la Cenicienta que Pilar Miró pintó de negro para la ocasión. En un país así, en el que las dos Españas se dan codazos hasta en los tanatorios, cualquier cosa puede pasar y todo lo que ocurra siempre me parecerá poco y escaso de racionalidad.

Los españoles son así y los vascos y los catalanes son los peores porque son, mal que les pese a sus políticos, los más españoles de todos, en el mal sentido de la españolidad que tan bien dibujó Goya con sus dos personajes a garrotazos. Pero en la nueva trifulca nacional de las dos Españas, en dos versiones, la de izquierda y la derecha, la central y la confederal, lo que está más de moda y ahora se presenta como lo más repugnante es la mentira, la impostura y la manipulación (hasta con el pobre cerillero del Gijón).

Mentiras que no tienen sanción alguna en la vida pública o política, como en cualquier democracia, y que forman parte habitual del escenario nacional. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos López Aguilar, anuncia en Telemadrid la dimisión por motivos personales del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al que hace elogios por sus servicios prestados, y horas después lo vilipendia diciendo que ha sido cesado por desobediencia al fiscal general del Estado, el increíble Conde-Pumpido. Y el ministro sigue alegremente en el cargo con su discursos críptico-jurídicos, que tienen la ventaja de ser casi incomprensibles, aunque se sospecha que son a favor del Gobierno en el que habita.

Sin embargo, el perol al que han acudido todos los caldos venenosos de las dos Españas con sus enterradores de guerras incruentas y desenterradores de las guerras cruentas del pasado o de los derechos históricos, primitivos y medievales —de los suevos a los taifas— ha sido el Estatuto catalán de Maragall y Carod, después reconvertido en el Estatuto de Zapatero y Mas, una vez que pasó por las manos del sacristán Rubalcaba, que dice haber dejado el texto como una patena, cosa que es falsa y no se cree nadie con conocimiento de la política y la Constitución. Porque de ser así, el Gobierno habría sido el primero en someterlo al Tribunal Constitucional, para desmontar la presunta manipulación política del Partido Popular.

El propio Consejo de Estado hizo advertencias de los riesgos que incluye, que son más de los que se dicen: obligatoriedad del catalán, blindaje, vaciado de las competencias del Estado, derechos históricos, insolidaridad regional, ruptura de la unidad judicial —aunque el PP lo apoye en el Estatuto de Valencia) y de la unidad fiscal, recorte de libertades y intervencionismo y control de la vida ciudadana, etc.—. La patena del Estatuto no está limpia ni en condiciones de servir para el acto de consagrar con semejante pacto que no gusta, ni aquí, ni allí, y que los nacionalistas anuncian como un solo primer paso.

Lo diga Rubalcaba o lo diga Piqué. Lo diga quien lo diga, porque desde el PSOE se está lanzando una campaña de presión a medios y analistas para que vayan pregonando eso de que el Estatuto no es el que era. Puede que incluso sea peor porque, entre otras cosas, el Estatuto ha abierto por la vía controlada de una Ley Orgánica el portón de los sustos de una España federal, o confederal, del cambio de sistema, y puede que de régimen sin que nadie sepa a dónde vamos a llegar. Pero eso sí, la consigna de la Moncloa es que el Estatuto ya es bueno por la simplista razón de que lo aprueba CiU y enfada a ERC.

Y con semejantes argumentos —CiU es más nacionalistas, más creíble y por tanto más peligrosa para las ambiciones soberanistas catalanas que el esperpento de ERC— salen al sol como los caracoles los intelectuales del PSOE que criticaron el Estatuto y que ahora, en el papel de conversos, cantan sus virtudes y se lían a palos con el PP a ver si lavan su pecado. Un PP con el que coincidían semanas atrás, para decir que el PP y la Esquerra son la misma cosas, porque los dos están contra el Estatuto.

Esto lo dice, por ejemplo, un presunto intelectual temeroso de ser expulsado del aprisco donde habita, Enrique Gil Calvo, acompañado de un análisis patatero y de una vomitona de insultos al PP: oposición desleal, partido antisistema, urdidores del increíble referéndum, contagiados de los peores vicios del nacionalismo separatista, demagogos plebiscitarios, faltos de credibilidad, sucios marrulleros, manipuladores de la realidad y tremendistas (sic). Llegando el autor, en su impostura, a comparar el referéndum de Ibarretxe y el de Rajoy sin decir que uno es en contra y otro a favor de la Constitución y la legalidad.

Pues el intelectual orgánico ha incluido todos estos cariñosos calificativos en un solo artículo (El País, 6-2-06), lo que nos da una idea y nos sirve de ejemplo de cómo están las cosas. Aunque se entiende que Gil Calvo tendrá miedo a perder la columna por causa de desobediencia a la línea editorial de su patrón y a lo mejor se acordó del tango: “el que no llora no mama/ y el que no mama/, es un gil”. Pues eso, un Gil Calvo que nos profetiza que CiU nunca gobernará con el PP, que es lo mismo que dijeron en 1996. Cobrando, los de CiU gobernarían hasta con Fraga.

Y no hay que ser del PP, ni constitucionalista, para adivinar algo tan sencillo como que el Estatuto pactado es ante todo y sobre todo contrario a la democracia y a la esencia del pacto constitucional de 1978, e incluso contrario a la libertad. Además, en el PP no son precisamente unos expertos en mensajes y comunicación. Al contrario, gritan tanto sus portavoces más notorios —lo de la COPE parece una comuna de furiosos chimpancés liderada por un mandril— y son tan histriónicos algunos de sus editores más notables que provocan rechazo en las zonas de sentido común donde se huele, sin necesidad de tantos aspavientos, el riesgo que encierra el Estatuto.

Y si a todo ello le sumamos que siguen en el candelero del PP los protagonistas de las mentiras del 11M y de la guerra de Iraq, empeñados en buscar conspiraciones que sólo demostrarían la incapacidad del último Gobierno de José María Aznar, pues veremos que el desamparo de la sociedad, en medio de esta trifulca estatutaria, mentirosa y peligrosa, es muy grande y va a continuar.

El disputado cerillero del Café Gijón, Alfonso, era un personaje entrañable que nunca imaginó la notoriedad que tendría al final de su vida. Se murió sin saber que había perdido el trabajo porque la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha prohibido la venta de tabaco en los cafés. Otra arbitrariedad y disparate absurdo de este Gobierno que cobra impuestos de tan mortífero —según ellos— negocio, dejando sin trabajo a miles de vendedores y exponiendo a la intemperie invernal a cientos de ciudadanos que salen a las calles para poder fumar. Lo que no se prohíbe ni se castiga es la mentira. Y mucho menos cuando el Estado de derecho está bajo mínimos a ver si sale el Estatuto y si ETA se decide por fin a negociar. En ello estamos y vale todo con tal de continuar.