El medio ambiente es uno de los capitales esenciales de Asturias. La protección y puesta en valor de la biodiversidad, de nuestros recursos y espacios naturales, no sólo es una obligación moral y una actitud de responsabilidad para con las generaciones futuras, es un acto de inteligencia política en cuanto al futuro económico de nuestra comunidad. Sin embargo, a lo largo del último año se están dando por seguras actuaciones y consintiendo con políticas que, de llevarse a cabo, supondrían el mayor retroceso ambiental que ha sufrido Asturias desde el inicio de la andadura democrática y cuyos efectos sobre el medio ambiente asturiano serían, en algunos casos, irreversibles. Tal es la gravedad de la situación actual y la ausencia total de sensibilidad ambiental de quienes impulsan la construcción del pantano de Caleao, la puesta en marcha de una superincineradora en Cogersa y de aquellos que no se enfrentan a un modelo de crecimiento urbanístico depredador, especialmente en el litoral asturiano, y no toman partido claramente por la defensa de los movimientos ciudadanos que reclaman un crecimiento sostenible de sus pueblos y concejos.

La gestión ecológica de los residuos, basada en la recuperación y el reciclaje, es incompatible con un macrohorno incinerador de 450.000 toneladas, una cantidad cercana a la totalidad de los residuos urbanos que se producen en Asturias. Es decir, convertir la incineración en el método central de tratamiento de los residuos, consecuencia lógica de la magnitud del horno, estancaría las políticas e inversiones públicas de reciclaje de Asturias en los insuficientes niveles que se alcanzan hoy. Además de los nocivos efectos para la salud que origina la quema de basuras, documentados médicamente y denunciados por todo el movimiento ecologista, la incineración destruye los puestos de trabajo que serían necesarios para incrementar las políticas verdes de gestión de los residuos. A las afirmaciones realizadas recientemente por quienes cantaron, desde Viena y París, las alabanzas de las incineradoras allí situadas, se les pueden oponer las declaraciones del responsable de medio ambiente de los socialistas valencianos, cuando decía en el mes de septiembre pasado, hablando del proyecto de una incineradora: «Este tipo de instalaciones requiere de un volumen elevado y constante de residuos para ser rentables. El Partido Socialista de Valencia es contrario a la incineración de residuos. Ésta sigue siendo la técnica que mayor impacto ambiental genera». Lamentablemente para nosotros, hay responsables socialistas asturianos que parecen estar a años luz de sus compañeros en otras partes del Estado. También el Parlamento europeo advierte que es necesario limitar «los efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente la contaminación causada por las emisiones en la atmósfera, el suelo y las aguas, así como los riesgos para la salud humana derivados de la incineración». Ante esto, calificar de inocua la quema de basuras resulta frívolo. Aducir que el horno ya está decidido porque venía previsto en el plan de futuro de Cogersa aprobado en 2003 es pretender apartar a la sociedad asturiana, y a sus organizaciones más representativas, de una discusión de profundo calado que no puede recaer únicamente en una entidad de naturaleza empresarial y local no apta para adoptar decisiones que afectan al interés general. En definitiva, para Izquierda Unida-Bloque por Asturies, la incineración no es una opción.

Decidir la construcción de un pantano en uno de nuestros principales espacios naturales, el parque de Redes -protegido por la Unión Europea y declarado Reserva de la Biosfera- sin haber evaluado y estudiado exhaustivamente todas las posibilidades de aprovechamiento de las aguas de Asturias es, cuando menos, negligente. Antes habría de contarse con las conclusiones definitivas de estudios actualizados sobre el aprovechamiento de todas las aguas subterráneas, valorar la posibilidad de uso de las aguas almacenadas en antiguos pozos mineros, saber cuál es el estado exacto de las redes de distribución y la capacidad que tenemos para reducir el porcentaje de pérdidas, estudiar cómo reutilizar las aguas depuradas, discutir la idoneidad de la actual política de precios y venta de agua pública a consumidores privados industriales y deportivos -como el agua que el Principado vende a algún campo de golf-, poner en marcha campañas de concienciación ciudadana para reducir el despilfarro, etcétera. En definitiva, antes de causar un fuerte impacto ambiental construyendo una macropresa en un parque natural, limitando las posibilidades de desarrollo económico de la zona afectada, hay que agotar todas las alternativas y diseñar una planificación global del agua. Paralizar este embalse, propio de una obsoleta mentalidad desarrollista es, sin duda, otro de nuestros objetivos.

La previsión de construir 60.000 viviendas en el litoral asturiano supone reproducir en Asturias el peor modelo de desarrollo urbanístico que se pueda dar y del que encontramos lamentables ejemplos en el Levante español, duramente criticados por las instituciones comunitarias, o en pasadas experiencias cántabras como las relatadas por La Nueva España recientemente. La intransigencia con la especulación urbanística es una obligación inexcusable de todo Gobierno. Las administraciones son el único muro que tiene la necesaria consistencia para interponerse entre los poderosos intereses económicos de la parte más oscura del sector privado y los derechos ambientales, sociales y culturales de los ciudadanos de a pie. Sin poderes públicos exigentes que marquen nítidamente límites infranqueables al ansia voraz de beneficio económico, la sociedad está desarmada ante la destrucción de su territorio y ante gravísimas extorsiones como las que suceden en Gozón, padecidas en propia carne por los dirigentes locales de Izquierda Unida-Bloque por Asturies. Sin límites ambientales al crecimiento urbano, desaparecerán nuestra agricultura y ganadería, se deteriorará irreversiblemente nuestro patrimonio natural, incluso nuestra idiosincrasia estará en peligro. No es aventurado afirmar que los trasnochados sistemas de gestión de residuos y del agua que pivotan en la construcción de la macroincineradora y de grandes infraestructuras hidráulicas como el pantano de Caleao están estrechamente relacionados con el agresivo crecimiento urbanístico que se vislumbra, que necesitará absorber cada vez más agua y que generará una cantidad creciente de residuos. Desde luego, no es éste el futuro que queremos para Asturias desde IU-BA.

La Cumbre de Río concluyó que la participación cívica es un componente sine qua non del concepto de desarrollo sostenible. Los asuntos mencionados causan en Asturias un gran rechazo social que dará lugar a una creciente movilización ciudadana. En política, desoír a la gente e imponer decisiones valiéndose únicamente de la legitimidad otorgada por el cargo no es acertado ni, a medio plazo, inteligente. Así es, afortunadamente, el sistema democrático.

Aurelio Martín es diputado de IU-BA y vicepresidente primero de la Junta General.