CONTRA EL CAC, PERO NO CON LA COPE. La presidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, María Dolores Masana, ha encabezado los esfuerzos por entorpecer sus reacciones contra la ley audiovisual de Cataluña.

El epicentro del culebrón político-periodístico de estos días ha sido, sin duda, el diario El País: en él se publicó que la presidenta de RSF-España, María Dolores Masana, ex de La Vanguardia, había dimitido con seis de los 13 miembros de su junta directiva en protesta por que una representante de esta ONG con sede en Francia había asistido en Bruselas a la presentación de las 700.000 firmas contra el Consejo Audiovisual de Cataluña, contra la nueva ley que lo refuerza y contra la abierta persecución de la cadena Cope, amenazada de cierre por políticos catalanes. Luego El País rectificaría: no era dimisión, sino amago, y se esperaba a una reunión con la cúpula internacional de RSF. En ella se acordaría finalmente seguir repudiando el CAC (como ya había hecho RSF, con largo retraso y a remolque de los demás organismos internacionales de prensa, debido a la renuencia, según fuentes de la propia RSF, de Masana). Pero se echaba marcha atrás en el respaldo a la Cope. Todos contentos.
¿Todos? RSF echaba un triste borrón sobre sus propios principios; entre éstos, los que dicen que «Reporteros Sin Fronteras lucha para hacer retroceder la censura y combate las leyes que intentan restringir la libertad de prensa», y que «defiende a los periodistas, colaboradores y profesionales de los medios de comunicación, encarcelados o perseguidos por sus actividades profesionales».

Si no es persecución de la Cope la manifestada por los políticos catalanes, incluidas expediciones al Vaticano y redacción ad hoc de la ley audiovisual, que venga Dios y lo vea. Pero se puede protestar -tarde y a regañadientes- contra esa ley audiovisual que da a unos chupatintas el poder de decidir qué es verdad -verdad, además, según el «entorno simbólico» catalán- y de cerrar las emisoras que no digan esa verdad: eso ya es demasiado fuerte hasta para varios miembros catalanes y adheridos de RSF. Lo que no se puede es defender explícitamente a la Cope: no es muy «oportuno» dado el «clima de enfrentamiento político» español. Es lo que dice el comunicado tras la reunión de Masana y sus adláteres con Robert Ménard, secretario general de RSF. Viene a significar: esos impresentables de Jiménez Losantos y sus contertulios (quien suscribe estas líneas, entre ellos) no hacen más que meterse con Montilla, Puigcercós, Polanco, el Estatuto... y eso los convierte en parias indeseables en nuestro estanque dorado de corrección política (y de miradas hacia otro lado cuando lo de los GAL, y cuando se hunde un trozo de Barcelona, y cuando los políticos se arrojan a la cara el 3%...).

Si Francisco Camps, pongamos por caso, amagase con cerrar la Ser en Valencia, todos -este cronista, el primero- se lanzarían a por las firmas y a Bruselas, y RSF se sumaría sin chistar.La libertad es indivisible, y la defensa de la libertad de expresión cobra sentido cuando defendemos la de nuestros contrincantes, no sólo la de los afines. Pero en RSF hay miembros que ponen fronteras bien exactas a la libertad: a sus adversarios, ni agua.Son nacionalistas o son empleados de un determinado grupo de prensa antes que periodistas y defensores de la libertad de expresión, por lo que se ve. Creen en libertades de primera y de segunda.Algunos lo han demostrado más de una vez.

Aun «comprensivamente», RSF defiende en París el derecho de publicar caricaturas y «pullas» contra el islam. ¿Alguna vez defenderá aquí el derecho de criticar el nacionalismo catalán?