No voy a descubrir aquí su sólida formación jurídica, ni su consideración de experto mundial en materia antiterrorista, ni, por supuesto, su memoria privilegiada. Pero, conociendo el coraje personal y profesional de Eduardo Fungairiño, no parecía fácil conformarse con la versión oficial inicial de su renuncia por «motivos estrictamente personales».
La realidad ha sido otra: una renuncia forzada, o dicho de otra forma, un cese en toda regla. En cualquier caso, se trata de un hecho gravísimo.

Las discrepancias de Fungairiño con el actual fiscal general del Estado han sido públicas y notorias. Y su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional no estuvo exento de polémica.En aquel momento no obtuvo ningún voto a favor en el Consejo Fiscal. Pero justo es reconocer que, unos años más tarde, en el 2003, fue renovado en su cargo sin ningún voto en contra.Y desde luego, en ninguna de las dos ocasiones se puso en duda su extraordinaria valía profesional. De cualquier manera, si hubiera cometido alguna infracción disciplinaria, que se depuren las responsabilidades correspondientes, tras el oportuno expediente, en el que se puedan formular alegaciones. Pero no ha sido así.

La cuestión es, por tanto, valorar por qué se le obliga ahora a presentar su renuncia. Si fuera por motivos políticos, el hecho sería doblemente grave, porque sería una injerencia intolerable que negaría la autonomía funcional reconocida al Ministerio Fiscal en la Constitución y en su Estatuto Orgánico, y porque supondría un desconocimiento profundo de las reglas del juego democrático: los jueces y fiscales estamos para aplicar las leyes, más allá de sensibilidades o sintonías personales; y el poder político legítimo para aprobarlas y, en su caso, cambiarlas.

Sin embargo, nosotros nos quedaremos, por ahora, con lo más evidente, que no es otra cosa que la política de nombramientos (y ceses) del fiscal general del Estado. La carrera fiscal la lleva sufriendo desde que accedió al cargo. Con una confusión impropia de quien es magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido Tourón ha sustituido los principios de mérito y capacidad reconocidos en la Constitución por los de reequilibrio ideológico o la lealtad, la confianza o la sintonía personales. De ahí al amiguismo o a la arbitrariedad sólo hay una línea muy delgada, que dudamos mucho que no se haya cruzado ya. En definitiva, para el fiscal general del Estado, o se está con él, o se está contra él. Y aquí están las consecuencias.

Desde la Asociación de Fiscales ya hemos exigido la dimisión o el cese del fiscal general del Estado, porque consideramos que la imagen del Ministerio Fiscal ha quedado gravemente dañada.La carrera fiscal no puede ser equiparada a los cargos políticos de confianza, sin duda legítimos, pero ajenos a una institución como la nuestra. Esto es una carrera profesional, como garantía de seguridad jurídica para los ciudadanos, y para los propios Fiscales.

Y desde luego, seguiremos denunciando esta forma de hacer las cosas, como lo hemos hecho siempre, por éste u otros motivos, con cualquier Gobierno, y con cualquier fiscal general del Estado.Ese es nuestro patrimonio: la firmeza y la coherencia en la defensa de nuestros principios, basados en la profesionalidad, y en un diseño constitucional del Ministerio Fiscal que, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, sólo está sometido a la legalidad, desde la imparcialidad. Sin ideologías, sin injerencias políticas. Sólo así se puede cumplir el mandato que hemos recibido de la Constitución, que no es otro que representar a los ciudadanos ante los Tribunales de Justicia.

Guillermo García-Panasco Morales es presidente de la Asociación de Fiscales.