El Rey Alberto II de Bélgica ha pronunciado un discurso en el que ha advertido a los dirigentes políticos de su país sobre los graves riesgos y consecuencias del separatismo regional o de la ruptura de Bélgica en dos Estados, flamenco y valón, afirmando ante los gobernantes que “la respuesta ante este estado de cosas no reside en replegarse sobre sí mismo en cada región; tampoco en el desarrollo de subnacionalismos, ni en el separatismo explícito o disimulado”.

Palabras muy claras del monarca belga que muy bien podrían —o deberían— haber sido repetidas por el Rey Juan Carlos I sobre la situación española a la que nos ha llevado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo de su partido el PSOE y medios afines de comunicación que tienen también su cota de responsabilidad en esta crisis. En esta confusa antesala de cambios históricos —de estatutos, de sistema político, de Constitución o de régimen— en la que todos estamos sin saber por qué, o a cuento de qué, salvo por la pequeña ambición de Zapatero de pagar con pedazos de soberanía nacional la oportunidad de permanecer unos años más en el poder. Porque lo de la consolidación final de la “España plural” ya ha fracasado una vez que los nacionalistas catalanes consideran insuficiente el Estatuto, y los españolistas, inaceptable.

Lo de Bélgica se veía venir desde hace muchos años por causa de unos dirigentes políticos del nacionalismo extremo de Flandes que han sumado a su ambición la xenofobia, cuando no la idiotez o el disparate. Lo de España es más grave porque ha estallado de pronto como si del despertar de un viejo volcán se tratase tomando a los ciudadanos por sorpresa.

Después de unos limitados ajustes del Estatuto de Cataluña (que sigue siendo inconstitucional; de lo contrario, que el Gobierno lo exponga al Tribunal Constitucional antes de someterlo a referéndum en Cataluña), Estatuto que el PSOE nunca debió permitir que se aprobara como tal en el Parlamento catalán y mucho menos admitirlo a trámite en el Congreso de los Diputados de Madrid, se nos dice que no pasa nada. Que no va a pasar nada, que esto es lo normal y democrático, pero todos sabemos que, por la locura de unos pocos liderados por Carod y Maragall, se han abierto de una manera inopinada y al margen de la soberanía nacional un proceso de cambio de régimen y unas compuertas que ni en Cataluña ni en País Vasco nadie podrá volver a cerrar y que, para más escarnio, incluyen iniciativas que van en contra de las libertades y derechos fundamentales de las personas, lo que agrava con su involución democrática —y desde luego nada progresista— semejante situación.

Y ¿qué hace el Jefe del Estado ante semejante alarma social? Pues el Rey calla, a pesar de que la Constitución le otorga la función moderadora. Lo más que ha llegado a decir es que hay que defender el consenso constitucional de 1978, una velada petición al Gobierno de Zapatero para que no excluya al PP de semejantes iniciativas que afectan a todos los españoles. Y ¿por qué no dice el Rey algo más, o de manera mucho más explícita? No se sabe. A lo mejor teme que le acusen de entrometerse en el debate político —como le ocurrió al teniente general Mena, que sí se saltó las ordenanzas y que carecía de mandato constitucional para ello—, o piensa que si lo hace se activará el debate de la república —que de una manera dispar empieza a emerger en España— por parte de los nacionalismos periféricos y de la izquierda comprometida en torno al modelo del Pacto del Tinell (todos juntos contra el PP) hacia no se sabe dónde.

No hace falta ser del PP para adivinar los riesgos que a corto o medio plazo incluye este disparate del Estatuto catalán. Y puede incluso que el PP también tenga su cuota de responsabilidad a la vista del Estatuto valenciano, en el que se apoya la ruptura de la unidad judicial de España, que es otro invento y otra exigencia de los nacionalistas, por encima de la soberanía nacional. No en vano el concepto que el PP tiene de la democracia es muy parecido al del PSOE, la partitocracia.

Las carencias democráticas (no separación de los poderes del Estado) y de representatividad (listas cerradas en manos de los partidos) han abonado esta crisis que estalla cuando tenemos en el primer sillón de la Moncloa a un gobernante débil que sólo piensa en perpetuarse en el poder y que no sabe a dónde va. Su modelo de Estado, de estatutos, solidaridad, etc., no existe, depende de lo que vaya saliendo, primero con Carod-Rovira, luego con Artur Mas.

En efecto, el líder de CiU, el simple jefe de un partido regional que está en la oposición de su propia Autonomía, dicta a todos los españoles cómo debe ser nuestro modelo de financiación, las cotas de solidaridad, el sistema judicial, fiscal, la política exterior, la de enseñanza, etcétera. E incluso nos impone, entre otras muchas cosas, la obligación de estudiar el catalán si queremos instalarnos en Cataluña. Porque si los españoles no nos tragamos todo esto que manda el señor Mas (o antes los Carod y Maragall) y no se le hace caso, CiU retirará el Estatuto y Zapatero habrá fracasado y perderá las elecciones ¿Y el Rey no tiene nada que decir sobre todo esto?

A lo mejor, puestos en lo peor o metidos hasta el fondo en la vía fatalista de “a lo hecho, pecho”, alguien en el entorno del palacio de la Zarzuela ha pensado que el futuro de la Corona puede ser, dada la facilidad con la que ya se habla de un Estado federal o confederal, algo parecido al modelo de la Commonwealth. De ahí el especial cuidado que en esa alta institución se tiene con los nacionalistas y su entorno, sus medios de comunicación, entidades culturales, empresariales y financieras, etc. Pero se equivoca quien haga semejantes cálculos, como se equivocaron con el Rey Fernando VII quienes en Cádiz —otra vez de moda— defendieron la Constitución de 1812.

Porque si hay que abrir el debate constitucional y romper el consenso y el pacto de 1978, eso deberá hacerse ahora, sin franquismo ni amenazas internas, de otra manera para llegar sin dilaciones hacia la democracia plena y la representatividad directa y total en todos los escalones del Estado. Para de esta manera garantizar la soberanía y la unidad nacional en elecciones estatales con sufragio universal directo —e integrador de todas las Autonomías— en lo que al poder ejecutivo del Estado de refiere. Y este modelo de democracia, y de transparencia en la gestión pública, la representación, la independencia judicial y la separación de los poderes del Estado es el que no quieren ni soportan los nacionalistas, porque ellos necesitan el recorte de libertades y el acoso social y cultural para imponer sus dictados, como hoy día está ocurriendo. Pero no sólo en sus territorios sino, y ello es lo más grave, en todo el mapa nacional. Ante la complicidad interesada de unos y el gran silencio de otros que deberían empezar a hablar.