El gasto público no sólo tiene efectos directos sobre el bienestar de la población, sino que es un efectivo acicate para el desarrollo económico, y el peso del gasto público aumenta considerablemente en los países desarrollados, incluso en los países con gobiernos ideológicamente inclinados a la disminución de su volumen. En consecuencia, la resolución del denominado déficit fiscal se ha convertido necesariamente en un tema mayor para asegurar la competitividad y el progreso de las distintas regiones europeas. Por este motivo, el análisis de los procedimientos de cálculo de las balanzas fiscales merece una consideración especial.

Las instituciones de carácter estatal que se encuentran en Madrid, Sevilla o Barcelona, y que reciben fondos públicos - de gasto corriente o de inversión-, ¿a quién se atribuyen: a Madrid, a Sevilla, a Barcelona? O, por lo contrario, ¿se considera que el beneficiario es todo el pueblo español, ya que son instituciones de todos y para todos?

Si la balanza fiscal se calcula por el procedimiento clásico, los beneficiarios son todos los ciudadanos del Estado por igual. Pero si se tienen en cuenta los balances de flujos monetarios públicos, los beneficiarios serían Madrid, Sevilla o Barcelona. Es precisamente en los desequilibrios correspondientes a los balances de flujos monetarios donde residen las causas de que se haya producido un crecimiento desorbitado de las ciudades que son capital en muchos países, especialmente aquellos que mantienen una organización política centralista: la acumulación de población en sus capitales es un fenómeno que se produce sin excepción, lo que resulta un claro indicador del desorden económico creado por una organización política y administrativa distorsionadora.

En España, por ejemplo, el área correspondiente a la capital política y administrativa del Estado cuenta actualmente con 93.173 trabajadores de la Administración general del Estado (que representa el 34% del total, según los datos del año 2003), alrededor de 300.000 de la Administración autonómica y las administraciones locales, además de los correspondientes a empresas públicas. El área de Madrid ha crecido en población hasta representar un 11,3% de la población total del Estado, proporción marcadamente superior a la correspondiente a las capitales de Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Canadá, Estados Unidos o Polonia.

Desde principios del siglo XX, la población de Madrid se ha multiplicado por un factor superior a 8, mientras que las regiones españolas que por diversos motivos han tenido un mayor desarrollo económico han multiplicado sus poblaciones por factores inferiores - como las Islas Baleares (por 3), Canarias (por 6,5), Catalunya (por 3,6; Barcelona por 5,5), el País Vasco (por 4; Vizcaya por 4,7) o la Comunidad Valenciana (por 3; Valencia por 3,1)-, mientras que la población global del Estado lo ha hecho por 2,2. El PIB por habitante en Madrid continúa siendo el más alto de todo el Estado, y sólo el País Vasco y Navarra, que disfrutan de un nivel de autonomía suficiente como para decidir su nivel de inversión pública, se han acercado a él en los últimos años.

Aprovechando las nuevas iniciativas legislativas que han de incluir provisiones sobre la distribución del gasto público entre los diversos ámbitos territoriales, será preciso reorganizar el sistema y hacer más razonable el modelo para el futuro del Estado. Del Estado, por la parte que nos toca, y del futuro, porque, según Woody Allen, "es donde pasaremos el resto de nuestra vida".

FRANCESC GONZÁLEZ SASTRE, secretario científico del IEC en el periodo 2002-2005