La crisis política surgida en torno a la reforma de los Estatutos de Autonomía se ha extendido al territorio valenciano al pretender la dirección nacional del PSOE rectificar el acuerdo hallado en la Comunidad Valenciana para imponer el idioma catalán en esa comunidad, eliminando la alusión al valenciano y para abrir la puerta que permitiría a minorías nacionalistas o catalanistas llegar al Parlamento valenciano y así facilitar la constitución de gobiernos tripartitos al estilo del de Cataluña.

Una vez más, la larga mano del nacionalismo catalán sigue condicionando todo lo que ocurre en España, y ésa ha sido la causa de que se pretenda ahora reabrir la negociación del Estatuto valenciano una vez que Zapatero en la Moncloa ha llegado a un acuerdo político con CiU cuyos contenidos exactos no conocemos, pero que posiblemente incluían estos dos retoques al acuerdo valenciano alcanzado entre PP y PSOE para extender sobre la Comunidad Valenciana el poder y la influencia del nacionalismo catalán. Naturalmente, el presidente del Gobierno en todos estos debates siempre está del lado y a la orden del nacionalismo catalán y no del interés general de España o de las pretensiones de otras comunidades autónomas. Por todo ello se entiende que el cambio de posiciones del socialismo nacional ante el Estatuto valenciano haya sido impuesto por los jefes de CiU con el visto bueno y beneplácito de Zapatero. El mismo presidente que ha callado en Ceuta y Melilla sobre la españolidad de ambas plazas para no molestar al Rey de Marruecos, Mohamed VI.

Si el Estatuto valenciano se retira por iniciativa del PP y tras el vuelco provocado por el PSOE en el pacto valenciano, eso va a ser bueno para todos porque en dicho Estatuto se daba por buena la reforma del poder judicial que había planteado el gobierno de Zapatero para contentar al nacionalismo catalán. Algo que el presidente Camps y el PP valenciano nunca debieron aceptar y que constituye una mancha negra y una seria contradicción en las posiciones nacionales del PP, de la misma manera que lo fue en los tiempos de José María Aznar la aceptación por el PP de la llamada ley de normalización lingüística que el Gobierno de Pujol impuso en Cataluña y que está en el origen de las tropelías idiomáticas que se están llevando a cabo en esa Comunidad contra los españoles que hablan en castellano.

Al PSOE le interesa el Estatuto valenciano porque ampara su política de reformas estatutarias y porque justifica la citada reforma judicial, de manera que si hay ruptura ésa será una mala noticia para Zapatero y su Gobierno, con el agravante de que la responsabilidad de dicha fractura caerá en el propio Partido Socialista al querer alterar a última hora el texto que se había consensuado en Valencia.

De romperse definitivamente ese acuerdo, el consenso político entre el PSOE y el PP habría perdido su último reducto en este debate autonómico general, abriéndose así otra puerta al conflicto lingüístico que ya veremos quién sería capaz de volverla a cerrar.