El comprador se haría con Repsol, con la resultante de fusionar GN-Endesa y, en definitiva, con todo el sector energético español.

Crece el temor en el Ministerio de Economía a las consecuencias que para buena parte del sector energético español podría tener el lanzamiento de una OPA sobre Repsol YPF, posibilidad barajada estos días en el mercado, ya que el comprador se haría de una tacada con la petrolera y con una participación de control en la empresa resultante de la fusión Gas Natural-Endesa, de triunfar la OPA lanzada por la gasista.

Por este motivo, Economía podría obligar a Repsol a deshacerse de su participación en Gas Natural, cercana en estos momentos al 31%. Tal exigencia, que estos días estudia el equipo encargado de elaborar el dictamen sobre la OPA que será presentado a Consejo de Ministros del próximo viernes, figuraría entre las condiciones impuestas por el Ejecutivo a Gas Natural para autorizar la operación.

Con esta decisión, Pedro Solbes trataría de poner a buen recaudo una parte significativa del sector energético español, que podría verse seriamente afectado en caso de que llegara a producirse un golpe de mano de algunas de las multinacionales del petróleo sobre Repsol YPF. La compañía presidida por Antonio Brufau subió ayer en Bolsa un 1,41% (hasta los 22,31 euros) tras varias sesiones de pérdidas provocadas por la revisión a la baja de sus reservas.

Repsol mantiene una participación directa del 24,23% en GN y otra indirecta del 6,6%. En total, un 30,85%. La Caixa, por su parte, controla el 34% de la gasista. El pasado jueves, Brufau insistió en que, de salir adelante la OPA, Repsol “será consecuente y mantendrá la participación en la nueva compañía, pero con variaciones a la baja en el capital”.

En efecto, el triunfo de la operación diluiría la participación de la petrolera hasta el 15%, un porcentaje que fuentes de Repsol estiman podría reducirse más.

Sin la acción de oro desde el próximo lunes, 6 de febrero, Repsol YPF es una perita en dulce para los gigantes del sector, algunas de las cuales están presentando los mejores resultados de su historia tras la espectacular subida de los precios del crudo. ExxonMobil, por ejemplo, ha hecho público beneficios anuales de más de 29.000 millones de euros, una cifra superior a la valoración total de Repsol en Bolsa (27.237 millones al cambio de ayer).

Esta sería la principal condición que el equipo dirigido por David Vegara estudia incluir en el dictamen que el próximo viernes servirá al Consejo de Ministros para dar su visto bueno a la OPA.

El equipo de Vegara

Además del secretario de Estado de Economía, dicho equipo está integrado por Carlos Pascual Merino, jefe de Gabinete del propio Vegara; Antonio Fernández Segura, secretario de Estado de Energía; Jorge Sanz, director general de Política Energética y Minas, y Nadia Calviño, directora general de Defensa de la Competencia, dependiente de Economía.

Tres hombres, en definitiva, del Ministerio de Economía, y dos de Industria (Fernández Segura y Jorge Sanz), en razón a las obvias implicaciones que la operación tiene para el ministerio que dirige José Montilla.

De acuerdo con las fuentes, el guión del dictamen que prepara este equipo se ceñirá casi al pie de la letra al voto particular discrepante formulado por los vocales afectos al PSOE que quedaron en minoría en la votación del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

Se trata del voto contrario a la mayoría del propio presidente del Tribunal, Luis Berenguer (amigo personal de Pedro Solbes); de la ponente, Pilar Sánchez (de la absoluta confianza de Fernández Ordóñez), y del vocal Antonio Castañeda.

El TDC decidió el pasado miércoles 3 de enero recomendar, por seis votos contra tres, al Ministerio de Economía la prohibición de la OPA, al considerar que la imposición de condiciones no bastaba para evitar sus efectos negativos sobre la Competencia. Sorprendentemente, ayer mismo el propio Berenguer aseguró que el Gobierno “no debe asumir el dictamen” del organismo que preside, y sí el voto particular.

Fuentes cercanas a los trabajos del equipo redactor señalan que, más que por la dureza de las condiciones a imponer, el acento se pondrá en la exigencia de total transparencia en el proceso de desinversiones que se verá obligada a efectuar Gas Natural en caso de salir adelante la operación.