La Llei de l'Audiovisual impulsada por el CAC de Josep Maria Carbonell autoriza al Govern a cerrar cualquier emisora que resulte antipática al Ejecutivo catalán. Ahora, no contentos con eso, pretenden elaborar un protocolo sobre cómo se debe informar sobre el nuevo Estatut, no vaya a ser que alguien cuente a la opinión pública cosas que no interesen al tripartito.

Me parece un debate realmente interesante teniendo en cuenta que no soy ni periodista ni jurista». La afirmación la realizaba esta semana Josep Maria Carbonell, presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) durante unas jornadas sobre la Justicia y la información organizadas por su propio organismo durante la semana pasada. No deja de ser una osadía que Carbonell (Barcelona, 1957), licenciado en Filosofía y profesor de una universidad privada, confiese su ignorancia en relación con el ejercicio del periodismo cuando, desde la presidencia del CAC ha promovido la Llei de l'Audiovisual, una norma que consagra el derecho del Ejecutivo catalán a cerrar aquellas emisoras de radio y televisión que difundan informaciones no veraces. La ley en cuestión no es sino una amenaza contra la cadena COPE, a la que el tripartito catalán considera responsable de haber creado un clima anticatalán en España a través de la manipulación de la realidad que atribuyen a personajes como Federico Jiménez Losantos o César Vidal. El CAC, a través de la Llei de l'Audiovisual se convierte en custodio de la verdad y amenaza con el cierre a cualquier empresa de comunicación que resulte incómoda al Gobierno de la Generalitat. Porque ¿quién va a decidir lo que es información veraz? Sin duda, el propio Ejecutivo catalán y eso convierte la ley en un instrumento perfecto al servicio del pensamiento único y en una herramienta para muchos de los políticos que tienen alma de censores en Cataluña.
Por mucho que puedan repugnar los programas de Losantos o de Vidal, el ejercicio de la libertad de expresión y de información les legitima a difundir lo que quieran y como quieran con los únicos límites del Código Penal. El propio Parlament de Catalunya, de quien se supone que depende el CAC, condenó en su día el cierre del diario vasco Egunkaria, que se amparó en la supuesta colaboración de algunos de los directivos del rotativo con la banda terrorista ETA. ¿Cuál es la diferencia entre Egunkaria y la COPE? ¿Los objetivos políticos a los que sirven? Porque los métodos que utilizan no son muy distintos. Dotar al poder político de instrumentos para recortar la libertad de expresión y de información es una peligrosa tendencia totalizadora que pagaremos muy cara. En Cataluña, son muchos los que se sienten agredidos por el discurso de la COPE y, por esa razón, pasa desapercibido el peligro que supone dejar en manos de unos cuantos políticos la capacidad de distinguir entre medios de comunicación buenos y malos y de castigar a los malos. Los que se sientan agredidos por lo que dice la COPE tienen el recurso de acudir a los tribunales si consideran que sus locutores se exceden en el ejercicio de la libertad de información. El poder político no necesita más herramientas para controlar a los medios. Ya controla los medios públicos e influye tanto como puede en los privados a través de prebendas y subvenciones como para dotarlo de nuevas armas.

Es difícil apreciarlo cuando la ley se dirige contra periodistas agresivos y antipáticos en Cataluña. Pero cabría planteárselo a la inversa. ¿Qué habría ocurrido en el caso de que en las elecciones del 14 de marzo de 2004 finalmente el PP hubiera ganado las elecciones? Con una ley como esta en la mano, los dirigentes populares se podrían haber visto tentados a cerrar la Cadena Ser, a quien atribuyen la autoría de una campaña para probar que el Ejecutivo del PP mintió tras los atentados del 11-M. Muchos de los que ahora aplauden la ley de Carbonell se rasgarían las vestiduras si, desde el poder, Mariano Rajoy hubiera amenazado con cerrar la emisora de Polanco por sus informaciones sobre el 11-M. Pero, en el fondo, la pretensión de permitir al Ejecutivo catalán cerrar la COPE en Cataluña responde al mismo impulso totalitario.

De haber existido una ley como la que ha aprobado el Parlament, extensiva a la prensa, entre 1984 y 1986 El País habría sido incapaz de publicar las valiosas investigaciones sobre el caso Banca Catalana que comprometieron la presidencia de Jordi Pujol.Pero Pujol jamás se vio tentado de intentar cerrar El País, entre otras cosas, porque la inteligencia política del ex president es muy superior a la de aquellos que le han sucedido en el poder y sabía que una medida así, además de totalitaria y absurda, habría alentado a los críticos que, envueltos en la bandera del martirio, habrían tenido un predicamento muy superior al que tuvieron.

Y es que la estupidez política de este Gobierno de la Generalitat parece no conocer límites. Los partidarios de los comunicadores de la COPE ya los han santificado gracias al intento del Govern de hacerse con las herramientas necesarias para coaccionarles.Si en algún momento se atrevieran a utilizarlas, la presión de los adoradores de los mártires sería tal que un Ejecutivo que no destaca por su habilidad a la hora de resolver crisis, se enfrentaría al desastre.

El problema de la ignorancia es que, además, es osada. El CAC, no contento con haber emulado a los censores franquistas, pretende ahora elaborar un protocolo para los periodistas que cubran la información del nuevo Estatut. No vaya a ser que trasladen a la opinión pública alguna idea que no convenga al tripartito.Lo realmente grave es que nadie lo denuncia. A pesar de que existen graves precedentes, como el informe sobre la prensa atribuido al primer secretario de comunicación del tripartito, Miquel Sellarès, que incluía listas negras de medios de comunicación que debían ser excluidos de las políticas de ayudas públicas, o el intento de su sucesor, Enric Marín que, gracias a su dilatada experiencia en los medios de comunicación -no consta que jamás haya redactado una información-, intentó ser él y no los periodistas quien decidiera lo que era noticia en la crisis del Carmel.