Las declaraciones de Josep Piqué, en las que reconocía que el acuerdo Zapatero-Mas había introducido cambios aceptables en el Estatuto, y la posterior desautorización del líder del PP catalán por parte de Angel Acebes desataron ayer una crisis interna.Mariano Rajoy se vio obligado a intervenir, una vez que Piqué amenazó con su dimisión.Tras un encuentro entre ambos que duró más de tres horas, el ex ministro anunció que continuará al frente del PP catalán, una vez que el presidente del partido respaldó sus posiciones políticas.
A nadie se le escapa que la dimisión de Piqué hubiera tenido un efecto profundamente negativo para el partido, puesto que habría sido interpretada como la marcha de un dirigente con perfil centrista y moderado. Además, las discrepancias que puedan existir en la cúpula del PP no son ni la mitad de las que hay entre los dirigentes socialistas. Si Rodríguez Ibarra y Maragall pueden convivir en el mismo partido, sería un disparate que Piqué y Acebes no pudieran hacerlo, cuando en realidad no defienden posiciones distintas en el fondo, aunque sí tengan diferentes formas de trasladar los mensajes políticos.

Ahora bien, crisis como la de ayer son muy perjudiciales. Si el PP gira hacia posiciones derechistas, o la opinión pública percibe que lo hace, estaría hipotecando su futuro como alternativa de Gobierno y volviendo a lo que era AP, antes del 90, cuando Aznar inició el giro al centro en el Congreso de Sevilla. Por ello, Rajoy debe clarificar su estrategia sobre el Estatuto catalán, que es lo que ha desatado la crisis protagonizada por Piqué.El PP debe combinar la firme defensa de los principios -uno de sus principales activos políticos- con la flexibilidad y la serenidad para discriminar lo que es aceptable del Estatuto, lo que es inaceptable o lo que es discutible. Cuando Piqué decía que en materia de financiación el acuerdo entre Zapatero y Mas se acercaba a las posiciones del PP catalán tenía razón. Por ello, la iniciativa de Rajoy de promover un referéndum en toda España sobre la reforma del Estatuto catalán es una propuesta prematura, puesto que aún no se sabe cómo quedará redactado finalmente el texto.

La petición de un referéndum, que por cierto sólo puede convocar el presidente del Gobierno, tendría que ser el último cartucho, una vez agotadas las posibilidades de cambiar el proyecto en vía parlamentaria. Por ello, el PP no debe despreciar la oferta que le han lanzado tanto el Gobierno como CiU para que se sume a la negociación. Tiene razón Rajoy al quejarse de haber sido marginado por Zapatero y sus socios, pero a pesar del agravio, es el momento de poner a prueba la disposición al diálogo de la que presume el presidente.

Tiempo queda, puesto que a pesar del «acuerdo global» de Mas con Zapatero, el debate sobre el Estatuto no comienza en el Congreso hasta el mes que viene. El PP debe explorar si existe margen para acordar o transaccionar enmiendas. Rajoy hizo muy bien ayer al comprometerse, por ejemplo, a defender el derecho a la igualdad y a la libertad en contra de la imposición del catalán. Sólo si el texto que salga de las Cortes mantiene los numerosos puntos inaceptables del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán tendría sentido plantearse una iniciativa como la de solicitar un referéndum en toda España.