Nuevo Estatuto: más fuerza para Asturias, de Francisco Javier García Valledor en El Comercio

EN el inicio de la primavera de 2004, en EL COMERCIO, tuve la ocasión de expresar mi convencimiento de que Asturias no podía dejar pasar la oportunidad de participar activamente y con su propio criterio en el debate abierto sobre el perfeccionamiento del modelo de Estado impulsado por el Gobierno central y abordar con ambición e inteligencia una profunda reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Utilicé entonces la expresión «coger el tren de la definición de un modelo de Estado y de su construcción como comunidad». Sin embargo, hay quien desde las filas de la FSA, por miedo o por ignorancia, no acaba de entender cuál es la nueva situación política que se ha dado en nuestro país y está empleando todo su esfuerzo para que ese tren del que hablaba descarrile sin darse cuenta de que ese es un objetivo abocado al fracaso, salvo que lo que pretendan es garantizarle la victoria el Partido Popular las próximas elecciones. Lo que sí pueden acabar consiguiendo es que Asturias y su gente, como ha venido pasando hasta ahora, siga no pintando nada en el contexto estatal y se mantenga a remolque de lo que los demás decidan perpetuando una situación de debilidad estructural.

Lo mejor que se puede hacer para conjurar ese peligro y evitar que unos y otros reinicien un debate bizantino sobre el ser y la esencia de España y Asturias es poner negro sobre blanco de qué estamos hablando cuando nos referimos a la reforma del modelo de Estado y que planteamos en relación con la reforma estatutaria. A mi juicio, la reforma del modelo del Estado ha de fundamentarse en la armonización e interrelación de tres principios. El primero es el de la profundización en el autogobierno de los territorios para establecer un Estado de base federal. Para aclarar cualquier tipo de duda hay que señalar que el modelo federal está a la misma distancia del centralismo uniformador que unos pretenden como de la segregación territorial a la que otros aspiran. El segundo es el reconocimiento de la igualdad de derechos entre todos los territorios y la libre voluntad en el ejercicio de los mismos de tal manera que la posible asimetría que se pueda ir dando sea consecuencia de la distinta intensidad que las comunidades autónomas hayan decidido darle al desarrollo de su autogobierno. El tercero es el de la solidaridad como garantía de la cohesión social y territorial y de corrección de las desigualdades.

Fijados los principios que a mi juicio han de presidir cualquier proyecto de reforma del modelo de Estado es necesario avanzar un paso más fijando algunas propuestas concretas. En primer lugar, en el nuevo modelo de configuración del Estado sería necesario establecer un mecanismo de garantía competencial que permita a los territorios ejercer en el marco de los límites constitucionales sus competencias sin intromisión del Gobierno central evitando, como pasaba hasta ahora, que fueran vaciadas de contenido mediante el uso perverso de la legislación básica. En segundo lugar, debe abordarse la reforma del Senado tanto en sus funciones como en su forma de elección para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial y eliminar su actual carácter de cementerio de elefantes. Así configurado, el Senado se convertiría en la institución de relación multilateral entre el Estado y las comunidades o de éstas entre sí, evitando las tentaciones de bilateralismo que hoy puedan existir en algunos territorios. En tercer lugar, el nuevo modelo debe sostenerse en un sistema de financiación que asegure la suficiencia, la autonomía y la corresponsabilidad de todos los territorios y que garantice la prestación de los servicios esenciales para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin que ello suponga un aumento de la presión fiscal efectiva de unos lugares sobre otros. Este sistema de financiación habrá de ser acordado entre el Estado y todas las comunidades autónomas en una relación multilateral. Establecidas las propuestas sobre el modelo de Estado queda enunciar, siquiera brevemente, qué contenidos mínimos debería tener el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias, recordando las propuestas que en este sentido ha establecido Izquierda Unida en su última asamblea y que son coherentes tanto con una posición política que hemos venido defendiendo en los últimos lustros como con los principios en los que ha de asentarse la reforma del modelo de Estado y que antes he tratado de enumerar.

El nuevo Estatuto ha de establecer de una vez la oficialidad de la lengua asturiana, y de la fala o gallego asturiano en su ámbito territorial, tanto para garantizar la conservación de uno de los más importantes patrimonios culturales de los que gozamos, nuestra lengua, como para preservar los derechos linguísticos de los asturiano-falantes. Un nuevo Estatuto sin ese reconocimiento, además de inaceptable, sería absurdo. Asimismo, es necesario que nuestro sistema electoral establezca la circunscripción única y se aumente el número de diputados hasta los sesenta, y esos objetivos se plantean tanto para perfeccionar y democratizar nuestras instituciones como para garantizar la cohesión y la identidad de Asturias. En el nuevo Estatuto que proponemos debe desaparecer la limitación en la potestad de disolver el Parlamento equiparando nuestra comunidad autónoma a la regulación que desde hace veinticinco años tienen comunidades como Andalucía o Galicia por citar sólo dos casos.

Por lo que se refiere a los aspectos materiales, el nuevo Estatuto deberá contener un buen número de nuevas competencias que permitan ampliar la capacidad de Asturias para mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, porque ése es, en definitiva, el objetivo del autogobierno. Voy a enumerar algunas de ellas, no con el ánimo de ser exhaustivo sino sólo para ejemplificar a qué quiero referirme, porque tiempo habrá sin duda en este y otros foros para debatir largo y tendido sobre la reforma estatutaria. Así, por ejemplo, en materia social Asturias debe asumir las competencias de políticas integrales de empleo, tanto activas como pasivas, y la gestión del sistema de protección social por desempleo en el marco de lo dispuesto en el artículo 149.1.17. de la Constitución, la gestión de las prestaciones de Seguridad Social y de las funciones accesorias de las mismas sin poner en riesgo el criterio de solidaridad en el sistema, y las competencias de la inspección de trabajo. Hemos de ajustar la Administración de Justicia al marco autonómico estableciendo un mecanismo de participación más activa en la estructura del Poder Judicial. El nuevo Estatuto deberá también garantizar un espacio de proyección exterior de Asturias y definir su participación en el ámbito europeo, tanto en lo que se refiere a contribuir a la conformación de la voluntad del Estado respecto a ese asunto como definir un mecanismo de participación directa en la Unión cuando se trate de materias que sean de nuestra exclusiva competencia. En materia de Seguridad Asturias no debe renunciar a afrontar los nuevos retos que se plantean impulsando la creación de una policía autonómica y reforzando su papel de coordinación de todas las policías que aquí actúen. Además de éstas se deberán garantizar las competencias en materia de función pública, tanto autonómica como local, así como las de Protección Civil, Salvamento Marítimo y Aeropuertos. De igual manera, este nuevo texto ha de garantizar la participación de nuestra comunidad autónoma en organismos e instituciones de carácter estatal.

Como he señalado se trata sólo de apuntar algunos aspectos que, a nuestro juicio, deben estar contenidos de manera inexcusable en el nuevo Estatuto de Autonomía para que no volvamos a perder el tren del autogobierno y del progreso económico y social. No debemos olvidar que Asturias fue protagonista clave en la conquista del Estado moderno, constitucional y democrático. Aportamos lo mejor de nosotros mismos que se tradujo en el incremento de los derechos ciudadanos. El Estado Federal puede ser el más justo, el más eficiente y el más democrático de nuestra historia en el que los asturianos y asturianas disfrutemos del más alto grado de bienestar. Asturias puede ser parte protagonista de esta nueva realidad naciente que es imparable. Depende de nosotros mismos y de nuestra autoconciencia como pueblo y comunidad política en absoluta igualdad con el resto.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VALLEDOR/CONSEJERO DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

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