Los ayuntamientos pagan los platos rotos: el nuevo ‘Estatut’ les deja sin participación en el IRPF, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El acuerdo sobre el Estatut tiene una primera víctima: los ayuntamientos. Tras la cesión del 50% del IRPF a Cataluña –en un movimiento que se generalizará presumiblemente al resto de comunidades autónomas-, el margen de maniobra del Ministerio de Economía para mejorar la financiación de los municipios es prácticamente nulo.
Tanto éste como el anterior Gobierno habían prometido a los ayuntamientos una mejora de sus ingresos, haciéndoles participar en un porcentaje del Impuesto sobre la Renta, el IVA o los impuestos especiales (alcohol e hidrocarburos). Pero, al haberse establecido la paridad entre la Administración Central de Estado y la Generalitat catalana (50-50), no existe ninguna posibilidad de que los municipios tengan acceso a esta fuente de ingresos. Parece descartado que alguna de las dos partes vaya a aceptar una reducción de su participación en el IRPF y el resto de tributos, lo que les haría quedarse en minoría.
El Gobierno había llegado a plantear esta posibilidad en el proyecto de ‘Ley de Grandes Ciudades’, e incluso propuso un modelo de financiación en la ‘Ley Especial para Madrid’ que había negociado el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Finalmente, se ha caído la financiación de ambos textos. El argumento es que el Gobierno prepara una nueva Ley de Haciendas Locales –ya existe un Libro Blanco- que debe regular las cuentas de los municipios. En tiempos de la oposición, el PSOE llegó a plantear que los ayuntamientos pudieran tomar asiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ese objetivo no se ha cumplido por el momento.
Distribución de poder
Así las cosas, la única posibilidad que tendrían los ayuntamientos de beneficiarse de la potencia recaudatoria del IRPF y del IVA es negociar con las administraciones autonómicas un porcentaje de participación en ambos tributos. Hasta ahora, ninguna comunidad autónoma, de ningún partido político, ha accedido a ello, ya que los parlamentos regionales son extremadamente celosos a la hora de perder competencias en favor de los ayuntamientos.
Durante muchos años, la distribución del poder que se ha considerado más eficiente para un Estado autonómico ha sido 50% para el Estado, 25% para las CCAA y el 25% restante para los municipios. Pero sólo la Administración central ha cumplido ese objetivo. Madrid llegó a reclamar el 10% del IRPF, el 20% de los impuestos especiales y el 30% del IVA.
La insuficiencia financiera de los ayuntamientos es lo que explica, en parte, la utilización del suelo para lograr nuevos ingresos, ya que desde hace años vienen asumiendo competencias que no van acompañadas de una financiación adecuada, como ha reconocido el propio Gobierno.
