La reforma fiscal aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros puede ser papel mojado en Cataluña. Aunque aún no se conoce la letra pequeña del acuerdo, fuentes que conocen bien lo tratado estiman que el Parlamento autonómico tendrá competencias exclusivas a la hora de establecer el número de tramos en el Impuesto sobre la Renta, un aspecto básico para determinar la progresividad de la tarifa. De la misma manera, el legislativo catalán podrá fijar el mínimo exento de tributación, que acaba de ser elevado hasta los 9.000 euros por el Gobierno central.

En el proyecto de Estatut, artículo 204, se deja bien claro que “en todo caso, la participación en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota” serán responsabilidad exclusiva de la Generalitat. Es decir, el proyecto va mucho más allá de lo que establece la actual legislación, que limita la capacidad normativa a actuar sobre las deducciones y sobre la tarifa.

La reforma, igualmente, dará un vuelco al actual modelo de financiación autonómica, lo que obligará a modificar los criterios de reparto del llamado Fondo de Suficiencia, un instrumento de nivelación de rentas que sirve para compensar a las regiones en caso de que los impuestos cedidos parcialmente (IRPF, IVA o Especiales) no basten para asegurar un mínimo de prestaciones públicas. Dicho en otros términos, cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma y su capacidad para recaudar impuestos. Este fondo tuvo el año 2003 –último ejercicio con la liquidación cerrada- una dotación total de 24.433 millones de euros, de los que poco más del 8% fueron a parar a Cataluña (2.057 millones de euros).

Ahora, y según esas mismas fuentes, lo lógico es que Cataluña deje de cobrar ese dinero, ya que al aumentar los porcentajes de participación en los impuestos del Estado (un 50% en IVA e IRPF y un 58% para especiales) obtendrá mayores recursos, por lo que puede seguir el camino de Madrid y Baleares, que no solamente no cobran del Fondo de Suficiencia sino que tienen un saldo negativo. En el caso de Madrid su exceso de recaudación por tributos cedidos le obligó a devolver 252 millones de euros, y 180 millones en el caso de Baleares.

Fondo de Suficiencia

Para evitar que ocurra esto en Cataluña, los negociadores han planteado al Gobierno la necesidad de modificar los criterios de reparto del Fondo de Suficiencia, que hoy se reparte de acuerdo con una serie de parámetros: población, renta o superficie. La cantidad evoluciona en función de lo recaudado por el Estado a partir de un año base (1999). Esta nueva regulación tendrá que definirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que los cambios afectan al conjunto de la financiación autonómica. Por esta razón, hay quien piensa que el debate sobre el Estatut estará abierto durante mucho tiempo más, aunque formalmente sea aprobado por el Parlamento durante la próxima primavera.

Para evitar sorpresas, lo que han hecho los negociadores catalanes es asegurarse varios compromisos del presidente Zapatero. Por un lado, se les ha dado garantías de que la inversión pública en esa comunidad autónoma no será inferior al 18,5% del total, porcentaje equivalente al peso de Cataluña en el conjunto del Estado. Y, por otro, se les ha asegurado que no cambiará su posición relativa respecto a otras comunidades. Algo verdaderamente chocante teniendo en cuenta que la evolución de esta variable depende de factores tan difíciles de controlar como el distinto crecimiento económico, la población o los flujos migratorios.