La entrada en vigor de la directiva comunitaria sobre terceros países debería abrir paso al reconocimiento práctico de derechos, hasta ahora negados, a los ciudadanos procedentes de fuera de Europa y residentes en la UE, en un camino que es indispensable recorrer si se quiere construir una Unión Europea más equilibrada socialmente. En grandes líneas se trata de que los trabajadores inmigrantes que tienen oficializada su residencia en un estado de la Unión vean reconocidos sus derechos laborales y dispongan de acceso a los mercados laborales de cualquiera de los estados miembros, de acuerdo con la libre circulación de personas que consagra la legislación europea. La normativa tendría que servir, de manera añadida, para poner freno a los intentos de algunos dirigentes, como es el caso de Nicolás Sarkozy en el Estado francés o Silvio Berlusconi en Italia, empeñados en cuestionar los derechos básicos de los trabajadores inmigrantes, en un burdo intento de acaparar apoyos electorales procedentes de los sectores más extremistas y xenófobos de sus respectivas sociedades.

Uno de los déficits que más ha sido evocado en el marco del turbulento proceso de sanción del tratado constitucional es precisamente el que concierne a la vertiente social de la construcción europea. Es cierto que otros factores han contribuido al estancamiento de la llamada Constitución europea, pero uno de los más determinantes ha sido su déficit social. Proyectos como la rechazada ­en primera instancia, al menos­ «Directiva Bolkestein» han sumado a la movilización de los europeos por corregir esa carencia. De ahí que la profundización en los derechos fundamentales de los trabajadores, sea cual sea su lugar de origen, deba ser una prioridad cara a mejorar los niveles de aceptación del modelo europeo.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta directiva, cuyo cumplimiento se promete arduo dado que las materias relativas a la inmigración son competencia exclusiva de los estados, también pone más al descubierto una vieja contradicción en el seno de la Unión. Mientras se apuesta sobre el papel por reconocer, siquiera tardíamente, la libre circulación para ciudadanos europeos procedentes de terceros países, sigue congelado ese derecho para los trabajadores de los diez estados recién incorporados al club de Bruselas. Es una situación de agravio que debería ser corregida, aunque la trayectoria histórica respecto a las excepciones impuestas a los nuevos miembros no invita precisamente al optimismo.