Tiempo habrá para desmenuzar la vainica política que Convergència i Unió está tejiendo en torno al Gobierno con la vista puesta en un futuro prorrogable que le permita rediseñar España hasta ahormarla en un modelo que se acople como un guante a sus mitos y a sus conveniencias. De momento, basta constatar que, en palabras del líder de CiU, «esta pelea» no ha hecho más que empezar porque lo pactado en La Moncloa no es, en su opinión, suficiente. Por eso anuncia que en dos años tendrá que haber en Cataluña una única Agencia Tributaria, cosa que «el PSOE no quiere, pero nosotros sí», advirtió, y por eso deja ya sentado que cada cinco años se revisará la participación de Cataluña en los impuestos cedidos, que tampoco le ha parecido bastante lo acordado.
La campaña electoral de CiU empezó ayer y su bandera va a ser, una vez más, la insatisfacción por la escasez de lo obtenido.También lo ha dicho Artur Mas: su referencia y su guía para los próximos años será el texto que aprobó el Parlamento de Cataluña.Nada nuevo, si no fuera porque, una vez iniciado, este maratón no va a tener fin. No va a haber ninguna comunidad autónoma, ninguna, que no siga inmediatamente la senda que han empezado a recorrer los catalanes. Y aquí va a dar igual cuál sea la adscripción ideológica del responsable territorial de turno. Ninguno de ellos, se llame Esperanza Aguirre o Manuel Chaves, va a poder hacer otra cosa que intentar arañar para su territorio el máximo dinero posible, el más alto techo de competencias y, por descontado, la definición de nación, que fija en el altar de los sentimientos sacralizados las más ampulosas pretensiones identitarias de cada grupo. Y, como la vieja pretensión nacionalista catalana de recibir un trato diferenciado del resto de las comunidades es una quimera, no habrá gobierno que pueda negar a unos lo que se ha concedido a otros.

Tardaremos muchos años en calibrar adecuadamente los efectos de la quiebra del viejo e imperfecto modelo conocido y su sustitución por una cosa que no es federal, ni tampoco confederal, ni nada identificable. Y no es a la valentía política a la que se puede apelar en este trance. Ni siquiera al hecho, cierto, de que tampoco el Estado de las Autonomías era una fórmula homologada en el mundo democrático. Porque la extraordinaria diferencia entre lo que se hizo en 1978 y lo que se ha hecho ahora es que aquel invento contó con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y, por tanto, nunca supuso una amenaza a la estabilidad. Aquí sucede al contrario: el hecho de que el PP, y sus votantes, hayan sido excluidos deliberadamente de estas reformas va a traer muy malas consecuencias a largo plazo. Claro que Zapatero no será ya quien tenga que pagar las facturas que se presenten al cobro.