Adiós a España, adiós al Estado de Derecho y adiós al PSOE —si no reaccionan—, porque José Luis Rodríguez Zapatero ha vendido la unidad e identidad nacional de España por un puñado de votos nacionalistas y ha iniciado en compañía de sus socios Mas, Carod y Maragall un peligroso viaje en pos del Estado Confederal que los nacionalistas sólo lo consideran como la primera etapa del recorrido que los conducirá a la independencia del País Vasco y Cataluña.

Zapatero ha concluido su negocio de espaldas a la soberanía nacional, al PSOE y a la Constitución, por lo que se espera ahora la opinión y la respuesta de la sociedad civil, de los sectores más razonables del Partido Socialista (a los que se les ocultó el alcance del pacto con los nacionalistas), de la oposición, que debería tener preparada una moción de censura por “deslealtad a España” —que es como ha calificado el portavoz del PP en el Congreso el acuerdo del Estatuto—, e incluso habrá que conocer la opinión del Rey Juan Carlos, quien como jefe de Estado tiene el mandato de la moderación, ante lo que a todas luces se considera un desafío a la legalidad y a la convivencia nacional.

Estamos, pues, ante un hecho y un pacto político hallado en secreto, de espaldas a la ciudadanía y al Parlamento de la hasta ahora nación española, por parte de un grupo de dirigentes del PSOE y del nacionalismo catalán que, sin responder a ninguna urgencia o demanda social, han amañado un vuelco ilegal de la Constitución y del sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles. Los que no aprobarían en referéndum semejante pacto y cuya soberanía y capacidad de decisión ha sido suplantada por las minorías del nacionalismo catalán con la ayuda inestimable de este extraño personaje llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que se sigue presentando ante los ciudadanos como presidente del Gobierno de España.

El pacto entre Zapatero y Mas, escenificado en la Moncloa para darle a CiU sus minutos de protagonismo y fotografías de las que se mofa Maragall, obligará a otra sesión de los reporteros gráficos con Carod y compañía, porque los de ERC están molestos con este protagonismo de CiU. Y porque saben que las tragaderas del presidente son enormes y que aún le pueden sacar alguna concesión de última hora: agencia tributaria para unos, los puertos y aeropuertos para otros, la nación para todos, y así hasta que se cierre, si es que se acaba de una vez, el tenderete al que acuden los pedigüeños en el palacio de la Moncloa, convertida en el “top manta” de la soberanía nacional.

Todo ello con la complicidad de la hasta ahora silenciosa dirección de un PSOE cuyo presidente, Manuel Chaves, ha calificado el Estatuto de clarificador, ¡vaya si lo es!, a la vez que dice que abre la puerta a las demandas de otras Comunidades —el País Vasco será el próximo en seguir y subir el listón—, convirtiendo la presidencia del Gobierno en la posada de arrebatacapas, con la única recomendación a los asaltantes de la caja del Estado de que el último que salga que apague la luz.

O sea, que si un Parlamento autónomo, como el vasco, se declara república nacional tendrá que figurar en el preámbulo de su nuevo Estatuto de la misma manera que así ocurre con el término nación en el nuevo Estatuto catalán, por encima y en contra de lo que dice el artículo 2 de la Constitución, y sin contar con el apoyo y la opinión de la soberanía nacional, que sólo reside en el conjunto de los españoles y no en las Cámaras parlamentarias de las Comunidades. Queda rota, pues, la soberanía nacional y la unidad de España como nación y entramos, por ahora, en un proceso clandestino y confederal pendiente de los últimos trámites y retoques, en el que todos nos jugamos mucho y en el que también se lo juega todo, y el PSOE y por supuesto Zapatero, si los ciudadanos, que se movilizaron en masa contra la guerra de Iraq de Aznar, consiguen que se frene este proceso innecesario y demencial.

El Estatuto catalán es inconstitucional por los cuatro costados e incluye la semilla de la involución democrática y del recorte de libertades públicas en Cataluña. Y no sólo por la inclusión del término nación —que deberá aplaudir todo el PSOE, negando a la vez la condición de única nación para España, por cierto, ¿dónde está José Bono?—, sino por la persecución del castellano, todos los llamados blindajes, la ruptura de la unidad fiscal y judicial de España, y el final de la solidaridad nacional interregional, algo que nadie imaginó que iba ser liderado desde el PSOE a favor de los nacionalistas burgueses del País Vasco y Cataluña. Y todo ello y posiblemente mucho más cuando vayan cayendo los velos del strip tease nacional que Zapatero ha bailado en la Moncloa, a lo que habrá que añadir el control en manos de La Caixa —el próximo banco nacional catalán— con la caza de Endesa del sector energético español en unos tiempos de crisis estratégica y energética internacional.

El PP debe interpretar el sentimiento de todos

Qué hacer? Para empezar, éste no es sólo un asunto de la oposición, sino del conjunto de los ciudadanos, por más que sabemos la desmovilización general que hoy enmudece a la sociedad civil, resignada a la usurpación de su soberanía y sentimientos por parte de los aparatos de los partidos políticos, dominados por unos profesionales del poder de mayor o menor nivel (más bien menor de un tiempo a esta parte) y a muchos líderes de opinión e intelectuales, entre los que destaca un sector importante dominado por el Grupo Prisa, que ha amparado todo este proceso a cambio de sus correspondientes monedas de plata también sacadas del palacio de la Moncloa.

Sin embargo, y antes de que desconyunten el Poder Judicial, como está previsto, hay que confiar en la iniciativa y actuación de los tribunales —como lo hemos visto en el caso del mitin de Batasuna y de los papeles de Salamanca, en contra de un Gobierno que se ríe de la legalidad—, como primera línea de defensa constitucional, y también habrá que contar con la acción de la oposición, siempre y cuando el PP sea capaz —como lo fue el PSOE en el 11M— de actuar en defensa de intereses generales y no sólo partidarios, por muy legítimos que sean éstos. Y para ello Mariano Rajoy debe rodearse de los políticos con más credibilidad —como Gallardón, Camps y Aguirre, entre otros, y relevar a los portavoces de las mentiras de Iraq y del 11M que están en la memoria y retina de los ciudadanos, Zaplana y Acebes—, aprovechando todos los recursos que le ofrecen las vías parlamentaria y judicial, y aquí incluida la moción de censura con vistas a comprometer al PSOE frente a todos los españoles, porque eso de pedirle a Zapatero que convoque elecciones en estos momentos, como lo proponen algunos, no va a ninguna parte.

Piensa Zapatero y su entorno que, acabada la negociación del Estatuto, que pasará de puntillas por el Parlamento para no darle al PP la oportunidad de airearlo en la opinión pública, que una vez acabado este proceso se acabará la crispación y todo volverá a la normalidad, lo que le permitirá a él renovar el poder en el 2008 con la ayuda de sus amigos y aliados los nacionalistas. Quizás alguno de los genios que deambulan por la Moncloa habrá incluso citado el dicho de “muerto el perro, se acabó la rabia”.

Dicho de otra manera: muerta la nación, se acabaron los patriotas. Se pueden equivocar los profetas del optimismo por la sencilla razón de que Zapatero, que presume de no saber o no importarle lo que es España o lo que es una nación, tampoco parece saber ni le importa demasiado lo que son los españoles, como parece desconocer el largo viaje centenario del socialismo español. Y como ignora algo muy elemental: que cuando se abre la caja de Pandora de los fantasmas de España —unidad nacional, las dos Españas, la solidaridad, la religión, el idioma, la historia, etc.— pasa mucho tiempo y demasiadas cosas antes de que se recupere la normalidad y que la fatídica caja negra se pueda volver a cerrar. De momento, el presidente está contento con su negocio, ha vendido soberanía nacional por unos votos que le han prometido para el 2008, y que ya veremos si se podrá cobrar. Porque algunos consideran que la factura era sólo para esta legislatura, y porque falta por ver qué dicen los españoles ante este cambalache en la hora de la verdad.