Zapatero pacta con CiU más recursos, inversiones y competencias para Cataluña a cambio del Estatuto, de Fernando Garea en El Mundo
Más dinero y más competencias para Cataluña, a cambio de un nuevo Estatuto de autonomía. Este es básicamente el resumen del pacto cerrado el sábado por la noche en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas.
Sin embargo, las dudas sobre el futuro del Estatuto se mantienen porque ERC se hace ahora querer y mantiene todavía reticencias a sumarse a este acuerdo. Así, tras entrevistarse ayer en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira, molesto, aseguró anoche que «el acuerdo no está todavía cerrado».Para eso quiere seguir negociando en los próximos días.
En el pacto cerrado con CiU, el aumento de recursos para Cataluña vendrá por el incremento de los impuestos cedidos y por la garantía de una inversión mínima para los próximos siete años. Es decir, Zapatero compromete con el pacto las inversiones del Estado para los próximos siete Presupuestos, lo que afecta a las dos próximas legislaturas y, por tanto, Cataluña será la única comunidad con inversiones garantizadas.
Inversión garantizada
La fórmula es una disposición transitoria que establecerá que durante ese periodo las inversiones del Estado en Cataluña serán, como mínimo, equivalentes al peso de esta comunidad en el Producto Interior Bruto. O sea, la inversión presupuestada para Cataluña será del 18,5% del global de la prevista para cada ejercicio.Artur Mas cifró entre 2.600 y 3.000 millones de euros en siete ejercicios la cantidad precisa para enjugar lo que los nacionalistas llaman «deuda histórica» de inversiones en Cataluña.
Esas inversiones se harán en infraestructuras, en convenios y en eliminación de peajes. Cataluña recibirá en inversiones del Estado el equivalente a la aportación que hace al conjunto de España. Queda al margen el Fondo de Cohesión.
Se establecerá una garantía para que las aportaciones de Cataluña a la solidaridad no le suponga bajar en el ranking de comunidades, tal y como ocurre en Alemania con los länder. Se trata de que no salga perjudicada por ser la que más paga.
En cuanto al sistema de financiación, el acuerdo incluye el aumento de la cesta de impuestos cedidos: el tramo autonómico del IRPF pasa del 33% al 50%; el de IVA del 40% al 50% y el de impuestos especiales del 50% al 58%. De esta forma, la Comunidad Autónoma recaudará ya la mayoría de los impuestos que se pagan en su territorio.Este punto del acuerdo será generalizable a todas las comunidades en un modelo común que deberá aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y plasmarse en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca). En teoría, beneficiará a Baleares, Madrid, Valencia, gobernadas por el PP. Como ya ocurrió en 1993 con Felipe González y en 1996 con José María Aznar, CiU es el artífice de un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades.Y lo curioso es que esta vez lo hace en la oposición en Cataluña y sin ser determinantes para la estabilidad del Gobierno central.
Será la Generalitat la que canalice también la financiación de los ayuntamientos catalanes, sin relación directa entre el Estado y la Administración local.
Otro de los aspectos desbloqueados es el de las agencias tributarias y se ha hecho mediante una fórmula que abre la puerta a que haya una sola autonómica, pero, en todo caso, aplaza la decisión política para solventar ahora el escollo al que se había llegado.
Para eso se dice que, antes de dos años, se creará una agencia tributaria consorciada y paritaria entre el Estado y la Generalitat.Esta agencia se encargaría de gestionar los impuestos compartidos, mientras que otra autonómica lo haría con los propios y la estatal con los suyos.
No obstante, el Estatuto incluirá una frase que dirá algo así como que esa agencia consorciada «podrá convertirse en administración tributaria única en Cataluña». De esta forma, Zapatero abre la puerta a que, dentro de dos años, pueda crearse una agencia tributaria única para Cataluña, como pretendían los partidos nacionalistas.En cuanto a competencias, en la última reunión bilateral ya quedó pactado que Cataluña gestionará los aeropuertos; participará en decisiones sobre inmigración, como la concesión de permisos de trabajo o fijación del cupo, y se encargará de la inspección de trabajo, entre otras.
Volver a nacionalidad
El otro capítulo desbloqueado el sábado por la noche en La Moncloa es el identitario o de definición de nación, y es el que provoca más satisfacción al Gobierno.
Como es sabido, el proyecto que vino del Parlamento de Cataluña definía a esta comunidad como nación en el artículo 1. La novedad es que CiU ha aceptado que el artículo quede como ya estaba en el texto en vigor desde 1979 y que habla de nacionalidades, tal y como hace la Constitución. O sea, después de tres años de mil vueltas se vuelve en el articulado a la fórmula de 1978.
Los nacionalistas catalanes han aceptado que vaya en el preámbulo y han admitido la fórmula propuesta por el Gobierno, que se limita a constatar que hubo un acuerdo en el Parlamento catalán definiendo a Cataluña como nación. La fórmula se completa con una frase que asegura que «la Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña en forma de nacionalidad».
Los nacionalistas reconocieron ayer que han cedido en este terreno, el identitario, en favor del aumento del autogobierno -competencias- y de la mejora de la financiación.
El Estatuto recogerá en su artículo 6 el polémico deber de conocer el catalán, lo que supone poner la lengua cooficial al mismo nivel que el castellano. No obstante, el Gobierno no ha aceptado la pretensión de los nacionalistas de incluir la exigencia del conocimiento del catalán para jueces y fiscales que sean destinados a esta Comunidad. La valoración como mérito irá en la Ley Orgánica.
LA NACION EN EL ESTATUTO
«El Parlamento catalán, recogiendo el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, ha definido de manera ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación».
