En medio de las negociaciones clandestinas sobre el Estatuto de Cataluña y de los vergonzantes ataques del tripartito a la libertad lingüística que se suceden a diario, el 10 de enero el presidente del Gobierno afirmó que el régimen lingüístico vigente de Cataluña no se modificaría en el nuevo Estatuto. Al día siguiente, Alfredo Pérez Rubalcaba defendió la inclusión del «deber» de conocer el catalán, argumentando que era «perfectamente constitucional» y que no cambiaba la situación legal y real que se vive ahora en Cataluña.
Pues bien, el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentario incurren en tanta doblez como falta interesada de rigor. Y en el tema de la lengua, como en todos, ceden ante sus socios, mientras engañan a los españoles tratando de convencerles de lo contrario.

El nuevo Estatuto convertirá lo que era un elemento de riqueza cultural en un factor de discriminación y transforma en una obligación lo que hasta ahora era un derecho.

Si a día de hoy, se impone a la Generalitat la garantía del uso normal y oficial de ambos idiomas, el futuro Estatuto desplaza el castellano como lengua de uso normal y convierte el catalán en la lengua preferente de las administraciones y de los medios de comunicación públicos en Cataluña. Es decir, que si el actual Estatuto garantizaba un «bilingüismo equilibrado», el nuevo alienta como principio inspirador «un monolingüismo excluyente» que tolera en ocasiones el uso del castellano como mero derecho individual.

El Preámbulo del propio proyecto de Estatuto prescribía que «Cataluña aporta el catalán como lengua propia y común de la ciudadanía con independencia de su lengua de origen y de uso habitual».O sea, que la lengua propia y común de los ciudadanos de lengua materna castellana y castellanohablantes será, por imperativo del Estatuto, el catalán.

Ahondando en este principio, el PSOE asume el deber de conocer el catalán impuesto a los ciudadanos de Cataluña. Esta es una novedad esencial contraria al artículo 3 de la Constitución, que limita el deber de conocimiento general al castellano, como ya ha tenido ocasión de advertir reiteradamente el Tribunal Constitucional.

Además, ese deber fue expresamente rechazado por los constituyentes en 1978. La entonces Minoría Catalana presentó una enmienda a fin de que los residentes en los territorios con lengua cooficial tuvieran el deber de conocerla. Enmienda que fue rechazada por 269 votos en contra, 22 a favor y 26 abstenciones. Lo que entonces no lograron incluir en la Constitución ahora, como tantas otras cosas, pretenden imponerlo a través de una reforma estatuaria.

Para quitarle hierro al asunto, el portavoz parlamentario del PSOE ha afirmado sería un «deber impropio», como el deber de trabajar, que no conllevaría consecuencias jurídicas. Comparación falsa y desafortunada. El que no trabaje por opción personal, ya verá cómo se gana la vida. Pero el que no hable el catalán, difícilmente podrá ganarse la vida en Cataluña. No podrá ser ni juez, ni oficial de juzgado, ni dependiente de grandes almacenes, ni funcionario.

Y si el deber de conocer el catalán no genera obligaciones inmediatas, ¿cómo se explica que el propio Estatuto dedique un capítulo a regular los «derechos y deberes lingüísticos»? Deberes lingüísticos que son constantes vueltas de tuerca al sistema actual para asegurar la prevalencia del catalán en el presente y su primacía en el futuro.

Hasta ahora se reconocía el derecho de las personas en Cataluña a ser atendidas en cualquiera de las dos lenguas oficiales por las Administraciones Públicas. De ahora en adelante, simplemente tendrán derecho a utilizar la lengua que elijan. El matiz es decisivo: antes era una obligación de los poderes públicos, ahora una mera tolerancia hacia el ciudadano.

Actualmente, basta con que los registros públicos de Cataluña cuenten con personal que tenga un conocimiento adecuado de las dos lenguas. Con la aprobación del Estatuto, jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores, encargados del Registro Civil y demás personal de la Administración de Justicia, tienen que acreditar sus conocimientos de catalán. Por simplificar, si antes podía ser suficiente con que un oficial del Registro supiera ambas lenguas, con el nuevo Estatuto y empezando por el juez o el registrador, todo el personal de la oficina deberá conocer el catalán.

Suma y sigue. Hasta ahora, sólo los funcionarios de las Administraciones de Cataluña debían acreditar su conocimiento del catalán. Ahora se le exigirá también al personal de la Administración del Estado.Lo que es todas luces una discriminación clara por razón de la lengua en el acceso a la función pública. Por poner un ejemplo, un inspector de Hacienda que hable catalán podrá acceder a cualquier plaza en cualquier lugar de España. Un castellanoparlante no podrá concursar ni promocionarse en plazas en Cataluña.

Y si triste es este panorama, ni que decir tiene de las implicaciones de futuro de los nuevos derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza. Me dirán que ya desde 1998 el catalán se había convertido en la lengua vehicular de la enseñanza, pero también se recogía en la Ley de Política Lingüística el derecho de niños y padres a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, derecho permanentemente violado por la Generalitat a pesar de las condenas reiteradas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, los señores Consejeros de la Generalitat ya no tendrán de qué preocuparse, porque ese derecho no se recoge en el nuevo Estatuto.

Con este Estatuto, primará la lengua sobre el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza y triunfarán las pretensiones nacionalistas aun a costa del fracaso de los escolares.

Por cambiar, hasta cambiarán las etiquetas de los productos.Actualmente se permite que el etiquetaje e instrucciones de uso figuren en catalán, en castellano o en cualquier lengua de la Unión Europea. El nuevo Estatuto promoverá que consten, al menos, en catalán. En este celo por no dejar resquicio al castellano, no se olvidan ni hasta de la lengua de signos catalana.

Por el bien de todos y especialmente de los catalanes, espero que se imponga la cordura e impere el sentido común que durante las últimas décadas había permitido un bilingüismo armónico.La lengua debe seguir siendo un instrumento de libertad al servicio de las personas, un vehículo de entendimiento y no un factor de discriminación. Los poderes públicos están para mejorar cada día la vida de los ciudadanos, no para cercenar su libertad o disminuir sus oportunidades.

Soraya Sáenz de Santamaría es diputada y secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular.