El nuevo fuero catalán, de Juan Neira en El Comercio
El pacto del 'Estatut' concede a Cataluña beneficios incompatibles con el equilibrio territorial.
COMO habíamos anticipado en estas líneas, la entrada directa de Zapatero en la negociación del 'Estatut' provocó el acuerdo, por la vía de nuevas e insospechadas concesiones a los nacionalistas. Tan es así que el líder de CiU, Artur Mas, declaró que el cambio en el sistema de financiación justifica el nuevo 'Estatut'.
Antes de entrar en el contenido del pacto, hay que valorar el modo de alcanzarlo, porque las formas nunca son inocentes. El Gobierno decidió apostar por una negociación a través del portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, en contactos bilaterales con los cuatro partidos catalanistas que apoyaron el texto en el 'Parlament', los tres grupos que integran el tripartito más CiU. Se buscaba un acuerdo al cien por cien antes de someter el 'Estatut' a debate en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados, con contactos bilaterales herméticos, que llegaron a crear recelos entre los propios negociadores catalanes, al desconocer cada partido los acuerdos que lograba Rubalcaba con el resto de grupos.
El método elegido, por su opacidad y alejamiento de las instituciones, no tenía precedentes, pero faltaba el remate, al cerrarse el trato en una negociación intensa entre Zapatero y los líderes nacionalistas. Los socialistas catalanes quedaron excluidos de esta fase decisiva de la negociación, pese a tener la presidencia de la Generalitat; así que el nuevo 'Estatut' queda conformado como un logro de los nacionalistas, en especial de CiU, pero también de los líderes de ERC, con los que Zapatero se reunió, por espacio de cuatro horas, tras cerrar el pacto con Artur Mas. Por algo los dirigentes de CiU han dicho que Maragall ha sido el gran ausente de la negociación. Ante la opinión pública catalana la legitimación que logran los grupos nacionalistas no tiene precio y va mucho más allá de la cuota parlamentaria que tienen. Para el resto de España queda claro que los estatutos de autonomía ventajosos son cosa de partidos nacionalistas.
Valorar el contenido del acuerdo es complicado, cuando se ha negociado de una forma secreta y la redacción del articulado ha llegado a través de filtraciones. En la primera fase de la negociación, realizada entre Rubalcaba y el cuatripartito, ya se pudo entrever que el 'Estatut' no iba a quedar limpio como una patena, tal como había declarado Zapatero en el Congreso de los Diputados.
Blindaje competencial
El sesgo intervencionista del texto se mantiene y el blindaje de competencias, un aspecto fundamental para crear un espacio normativo catalán diferente del español, ha quedado recogido de forma mucho más cercana a los deseos nacionalistas que a los planes iniciales del Gobierno. Cuando Rubalcaba le pasó el testigo a Zapatero quedaba por pactar la definición de Cataluña y el capítulo de financiación.
La consideración de 'nación' aparece en el preámbulo, pero es que además Zapatero aceptó que el 'Estatut' se permita interpretar la Constitución, al explicitar que la realidad nacional de Cataluña ya se recoge en el artículo 2 de la Constitución al hablar de nacionalidades. Por esa vía llegarán más naciones. Ponerse a disertar sobre el carácter inocuo del preámbulo es absurdo, porque a partir de ahora se va a repetir tantas veces que Cataluña es una nación, como recoge el 'Estatut', que cualquier intento de equipararla a una región resultará ofensivo. Los ministros serán los primeros que tendrán que practicar el nuevo culto, en sus discursos, cada vez que visiten Cataluña.
Los socialistas del resto de comunidades autónomas mostraban su preocupación por el capítulo de financiación, ante el temor de que se rompieran los mecanismos de solidaridad. La cesión de una parte de la recaudación del IRPF -hasta el 50%- estaba asumida, pero no se quería ir más allá porque sería dar un trato privilegiado a Cataluña. En la actualidad, Cataluña, como Asturias, gestiona el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco). Para completar la financiación de sus servicios, la Generalitat recibe del llamado fondo de suficiencia del Estado una cantidad adicional de 2.200 millones de euros. Para que cuadraran las cuentas, el Gobierno podía conceder esos 2.200 millones del fondo de suficiencia en concepto de recaudación del IRPF, lo que sería poner en manos de la Generalitat un 53% del impuesto sobre la renta. Darle más recursos sería otorgarle ventajas sobre el resto de las regiones. Pues bien, Zapatero ha concedido un 50% del IRPF y el 50% IVA, así como un 58% de los impuestos especiales. Si se generalizan estas cesiones al resto de comunidades, el Gobierno dejará a cero el fondo de suficiencia y tendrá que recortar sus inversiones. ¿Cómo quedan los mecanismos de solidaridad? Pero no acaba de ahí el asunto. Ya habíamos comentado en más de una ocasión que los nacionalistas pedirían un nuevo reparto de tributos y también una nueva distribución del gasto. Así ha sido. Zapatero ha reconocido una fantasmal deuda histórica de Cataluña, sobre la base de comparar las inversiones del Estado en los últimos diez años en Cataluña con la participación del PIB catalán en el conjunto de España. Esa deuda la tendrá que pagar el Gobierno en los siete próximos ejercicios ¿Qué curioso!, se establece como referencia un periodo de diez años, porque si fuesen quince, entraría en la balanza el billón de pesetas que invirtió el Estado en Cataluña con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Esta forma de relacionar PIB regional con inversión estatal, consagra las diferencias entre comunidades e impediría hacer obras como la variante de Pajares, porque la aportación de Asturias al PIB nacional no justifica ese retorno.
Con el nuevo 'Estatut', Cataluña no amplía sus derechos sino que los transforma en privilegios, así que habría que hablar del pacto del fuero. Hasta ahora, había dos territorios beneficiados por las normas, el País Vasco y Navarra, a los que se suma Cataluña. Tanta excepción a la ley común no la puede asumir el Estado sin aumentar los desequilibrios territoriales. Esa es la responsabilidad de Zapatero.
