La progresividad a la hora de pagar impuestos es un valor constitucional. Fue incluida por los padres de la Carta Magna sin introducir ningún matiz. Cada ciudadano debía pagar impuestos en función de su capacidad económica. Se podía haber optado por otra filosofía a la hora de recaudar impuestos, pero no se hizo. Y por algo será. Por aquel entonces, y en línea con lo que se hacía en los países más avanzados, se consideró que lo más razonable era tributar en función de la renta de cada individuo. Lo que desde luego no es sinónimo de pagar de acuerdo con el salario de cada contribuyente.

Han pasado casi 30 años desde la aprobación de la Carta Magna y aquel espíritu transformador, y hasta trasgresor, es hoy papel mojado. No hay Gobierno que se haya atrevido a diseñar un modelo fiscal capaz de equiparar el tratamiento tributario de todas las fuentes de renta. Los ingresos procedentes del trabajo siguen estando claramente discriminados respecto a los derivados del capital, lo que sin duda ha acabado por configurar al IRPF como un impuesto sobre las nóminas. De hecho, el 80% de sus ingresos procede del trabajo, dándose, además, algunas paradojas. Los profesionales o pequeños empresarios pagan menos impuestos que los asalariados.

El Gobierno del presidente Zapatero tenía la oportunidad de haber corregido esta injusticia tributaria. Tenía la mejor de las coartadas. En su programa electoral incluyó un párrafo en el que textualmente se asumió el compromiso de equiparar el tratamiento fiscal de todas las fuentes de renta. A las primeras de cambio, el presidente ha incumplido el compromiso electoral, y para salvar la cara ha elevado en tres puntos (del 15% al 18%) la presión fiscal sobre el ahorro, equiparando el gravamen de todos los productos (cuentas corrientes, dividendos, depósitos...). Es evidente que el alcance de ambas medidas no es el mismo. Es como si en vez de retirar las fuerzas armadas de Iraq el gobierno hubiera decidido sacarlas de Haití, por ejemplo. Y luego hubiera comunicado a la opinión pública con la pompa y circunstancia aconsejada que daba por cumplido su programa electoral. Desde luego no es lo mismo estar en Puerto Príncipe que en Bagdad, al menos políticamente.

Pero con todo, lo peor de la reforma fiscal del PSOE no es el mantenimiento de un sistema injusto. Lo peor es que se consolida la idea de convertir al Impuesto sobre la Renta en un tributo cada vez más marginal dentro de nuestro sistema impositivo.

El hecho de que los asalariados con ingresos inferiores a 9.000 euros no tengan que pagar impuestos es la mejor forma de convertir a los ciudadanos en consumidores, con todo lo que eso conlleva. Los impuestos tienen un componente pedagógico que ningún Gobierno debiera olvidar. Si sólo se pagan impuestos a través del IVA (o cuando se compra una vivienda nueva) es evidente que desaparece el concepto constitucional de pagar en función de la capacidad económica de cada individuo. Una cosa es la proporcionalidad y otra bien distinta la progresividad. Pero, sobre todo, se transmite al ciudadano la idea de que sus aportaciones a la Hacienda Pública dependen de su capacidad de consumir.

El Impuesto sobre la Renta, sin embargo, es algo más que un mero mecanismo de recaudación. Es la columna vertebral de cualquier sistema impositivo, por lo que cambiarlo para que sólo los ciudadanos de rentas medias y altas lo paguen es un absoluto despropósito. Un impuesto dual entre los que lo pagan y los que no lo hacen conduce a la inequidad fiscal. La renta media declarada hoy en España asciende a unos 15.000 euros, por lo que expulsar del IRPF a quienes paguen menos de 9.000 euros es asestar un duro golpe al impuesto más importante de cualquier sistema impositivo. Estados Unidos, que en un país poco sospechoso de izquierdismo fiscal, tenía en el año 2002 (datos del BBVA) un Impuesto sobre la Renta que representaba el 12,2% de la recaudación total. Por encima del Reino Unido (11%), Alemania (9%) o Francia (8%). Sin embargo, en España apenas representaba el 7%. Las cifras lo dicen todo.

La existencia de un Impuesto sobre la Renta potente en el que se vean reflejados todos los contribuyentes de la misma manera, independientemente del origen de sus rentas, no es desde luego defender tipos de gravamen elevados alejados del contexto internacional. Ni defender una subida de impuestos. Es evidente que en un mundo globalizado los capitales se mueven a la velocidad de la luz. Afortunadamente, ya casi nadie defiende tipos impositivos alejados de la realidad económica y mucho menos confiscatorios. Nadie defiende volver a los 28 tramos y al 65% de tipo impositivo que existía en los primeros años 80, pero de ahí a que el IRPF sea un impuesto cada vez más residual (todavía no lo es) va un abismo.

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