Suele decir José Bono que «quien se quiere apartar de la mesa común es porque pretende comer más que los demás». Tras el acuerdo cerrado en la madrugada del domingo entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas, muchos ciudadanos se preguntarán: ¿Recibirá a partir de ahora Cataluña más dinero que el resto de las comunidades? ¿Quiénes serán los perdedores con el nuevo modelo?
En primer lugar, hay que poner las cosas en su sitio y no dramatizar.Según el pacto alcanzado, Cataluña recibirá el 50% del IRPF y del IVA que recaude, así como el 58% de los impuestos especiales que se generen en sus cuatro provincias. Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a destinar a Cataluña durante los próximos siete años una inversión pública que suponga un porcentaje idéntico a su peso en el PIB español (es decir, que de cada 100 euros que invierta el Estado, casi 20 tendrán que ir necesariamente a esa comunidad autónoma). En cuanto a la Agencia Tributaria, se establece una administración dual o corsorcio entre Cataluña y el Estado, aunque se deja la puerta abierta a que la Generalitat termine gestionando todos los impuestos que recaude en un futuro.

Por partes. La cesión de impuestos no es mala en sí misma. Ahora las comunidades autónomas gestionan la tercera parte de los impuestos que recaudan.

El problema es que cuanto mayor es la cantidad que se cede a las comunidades, menor es la capacidad que tiene el Estado para aplicar políticas de solidaridad. Por ejemplo, con el sistema actual Cataluña financia con sus recursos el 82% de sus servicios.El resto, proviene del Fondo de Suficiencia.

Cuando se establece un sistema de financiación para un Estado autonómico, lo primero que hay que establecer son las necesidades, es decir, los servicios que hay que cubrir y, después, cómo se costean. El Estado tiene que garantizar que los servicios sean homogéneos entre las comunidades, para que no haya desigualdades.Después se establece una red de fondos que garantiza la solidaridad: el Fondo de Suficiencia, El Fondo de Compensación Interterritorial, el de Compensación de Rentas, etcétera. (La financiación de la Sanidad tiene su propia dinámica).

Con este acuerdo, Cataluña estará sobrefinanciada. Es decir, que tendrá mucho más dinero para gastar. Si ese mismo se aplicara a todas las comunidades (lo cual sería lógico), Madrid y Baleares tendrían una sobrefinanciación aún mayor que Cataluña. ¿Qué hará Cataluña con el dinero sobrante? ¿Devolverlo al Estado o emplearlo en mejorar sus servicios? Si hace esto último, se llegaría a una situación en la que el ciudadano catalán tendría cada vez mejores servicios que uno extremeño, por ejemplo.

En cuanto al compromiso de inversión en siete años, el Estado se ata de pies y manos a la hora de diseñar su estrategia de creación de infraestructuras. Cataluña puede necesitar el 20% de la inversión, el 16% o el 25%, dependiendo de unas políticas que ahora quedan muy limitadas por ese compromiso. Sobre la Agencia Tributaria, está claro que el asunto ha quedado abierto. Si al final se crea una agencia (que se encarga no sólo de la gestión, sino también de la inspección) dependiente de la Generalitat, la posibilidad de clientelismo político estará servida a medio plazo.

Como resumen, hay que decir que los ciudadanos de Cataluña ganan por un lado, pero pierden por otro. El acuerdo de cesión del 50% de impuestos (que tendrá que generalizarse) ha hecho que la reforma fiscal anunciada por Pedro Solbes sea apenas un retoque.Seguramente, los impuestos se podrían haber bajado mucho más si el Estado tuviera más capacidad de gestión sobre todos los impuestos. Es verdad que la Generalitat va a disponer de más fondos, pero los catalanes van a pagar más impuestos de los que hubieran pagado sin el acuerdo del domingo. En fin, hay una transferencia de fondos de los bolsillos privados a los públicos, lo cual no es de extrañar en un Gobierno como éste.