LA ILEGALIZACIÓN de Batasuna respondió en su día a tres tipos de exigencias. A una exigencia ética y moral, pues quien defiende las actividades criminales de un grupo terrorista no puede actuar, impunemente, dentro de la ley. A una exigencia policial, que hacía indispensable cegar la cantera de futuros terroristas y resecar las fuentes financieras que les servían para vivir y cometer sus atentados. Y, por último, a una exigencia política de fondo: demostrar al mundo batasuno que sólo le quedaba una salida para poder hacer política con total normalidad: exigir a ETA el abandono de las armas y, si fuera el caso, denunciar públicamente sus crímenes horrendos.

Sobre los positivos efectos de la ilegalización de Batasuna en cualquiera de los tres órdenes citados ya no cabe discusión. Por eso era tan importante que la organización ilegalizada no pudiera celebrar ayer el congreso que había planteado como un desafío al Estado de derecho y a la única estrategia de lucha contra ETA que ha demostrado sus espectaculares resultados. Haber permitido a Batasuna reunirse como si tal cosa en Baracaldo hubiera sido enviarle el peor mensaje que en estos momentos cabría imaginar: el de que es posible su resurrección legal sin que ETA se disuelva o Batasuna condene su existencia.

La prohibición del congreso por el juez Grande-Marlaska, directa consecuencia de la prórroga por otros dos años de la suspensión judicial decretada por Garzón, permite hacer llegar a los amigos de ETA el mensaje adecuado: el de que no pueden pensar en volver a lo de antes. Es decir, en jugar al escondite con la ley, pidiendo con una mano la negociación con ETA para acabar con la violencia, mientras apoyan con la otra a los únicos que, dentro y fuera del País Vasco, la han ejercido con una saña brutal durante más de treinta años.

Es cierto, claro, como cabía esperar, que Batasuna y toda la caterva de supuestos inocentes que salen siempre en su defensa denunciando la violación de los derechos de los que creen que es legítimo asesinar a sus adversarios ideológicos, han vuelto con la matraca de que no se respetan sus libertades de reunión, expresión y asociación.

No hay, sin embargo, que dejarse impresionar. Y es que tanto los batasunos como quienes pretenden, defendiéndolos, ser los valedores de las libertades y los derechos, son los mismos que jalean carteles como aquel ignominioso en el que se reían de las pierniñas ortopédicas de la niña Irene Villa, a quien ETA le había quitado las suyas de un bombazo: «Antes le echaba crema -decía el cartel-, ahora les echa barniz». Esa gentuza es la que ahora habla de derechos.