No resulta fácil, cuando suenan todavía los aplausos unánimes al juez Fernando Grande-Marlaska, suscitar dudas sobre la procedencia de su última actuación. El terrorismo es materia extremadamente sensible, y quien se atreva a criticar a quienes se enfrentan a él con las armas que les ha tocado empuñar desde sus respectivas responsabilidades tiene todos los números para salir trasquilado. Y, sin embargo, por tratarse precisamente de una materia tan sensible, la sinceridad personal en la manifestación de lo que uno piensa no debería nunca quedar sofocada por las emociones colectivas.

El 26 de agosto del 2002, justo dos meses después de que la ley de partidos hubiera sido aprobada en el Congreso y en vísperas de que el mismo Congreso instara su aplicación al caso de Batasuna, el juez Baltasar Garzón, sin dar tiempo al pronunciamiento del Tribunal Supremo, sorprendió a todo el mundo con su decisión de suspender por tres años, en la fase de instrucción de un sumario de carácter penal, las actividades del mencionado partido. Anteayer, su sucesor de Sala en la Audiencia Nacional, el juez Grande-Marlaska, en la misma fase de instrucción del mismo e interminable sumario, retomaba el asunto y suspendía de nuevo, esta vez por dos años, todas las actuaciones de la citada organización.

La sorpresa debería haber sido mayor en este segundo caso. Se suspendía, en efecto, a un partido que acababa de ser declarado "civilmente muerto" por el Tribunal Supremo, en virtud de la ilegalización que sobre él había decretado el mismo tribunal en marzo del 2003, y la suspensión se producía, además, después de que el mismo juez que la practicaba hubiera dejado pasar la ocasión de prorrogar la anterior en el momento procesal oportuno.

La nueva suspensión se justifica por el anuncio del inminente congreso que Batasuna se dispone a celebrar el próximo día 21. No parece justificación suficiente. Batasuna ha venido celebrando, con diversa fortuna de inhibiciones y prohibiciones judiciales, actos orgánicos desde su ilegalización sin que el juez Grande-Marlaska haya creído procedente activar el sumario ni para prorrogar ni para renovar la mencionada suspensión. La presión política y mediática que sobre el acto se ha suscitado no puede descartarse de la motivación judicial. Lo mismo que en el caso del juez Garzón, también en el del magistrado Grande-Marlaska habría sido más procedente su inhibición en favor del Tribunal Supremo, habida cuenta, sobre todo, de que la sentencia de ilegalización que este último había pronunciado en marzo del 2003 podía haber sido activada, en trámite de ejecución, para dar respuesta al evidente desafío de la izquierda aberzale. Siempre resulta jurídicamente más segura la resolución de un tribunal colegiado en virtud de una sentencia firme que el auto de un juez unipersonal tras una "vistilla" en fase de instrucción sumarial.

AQUÍ SURGE, sin embargo, el problema. Todo daba a entender que quienes tenían la facultad de activar al Tribunal Supremo --el fiscal general y el abogado del Estado-- no estaban por la labor de ejercerla, bien porque lo juzgaban innecesario, bien porque obedecían a intereses de oportunidad política. Temían, probablemente, que una denuncia ante el Supremo que terminara en la prohibición explícita de la asamblea de Batasuna podría interferir negativamente en el avance de ese proceso que parece a punto de abrirse en pos de la definitiva desaparición del terrorismo.

Prefirieron, por ello, según cabe deducir, que las cosas trascurrieran como hasta ahora habían trascurrido y que Batasuna culminara su congreso bajo el mismo manto de permisividad que había amparado todos y cada uno de los actos que habían ido celebrándose a lo largo del proceso de su elaboración. Nadie había intervenido, en efecto, hasta el momento para impedir que más de 7.000 militantes participaran en más de 200 asambleas locales con el fin de elaborar el documento que se trataba de aprobar solemnemente en el congreso del próximo día 21. Y así resultó que la inhibición de quienes deberían haber activado la intervención del Tribunal Supremo se convirtió en oportunidad para la del magistrado de la Audiencia Nacional.

AHORA BIEN, aunque las cosas no hayan seguido los cauces más procedentes, de sus resultados cabe extraerse un par de conclusiones con vistas al futuro. La primera se refiere al Gobierno central. La segunda tiene que ver con la izquierda aberzale.

El Gobierno debe aprender de todo esto la lección de que no le es posible adentrarse en un proceso de pacificación sin haber aunado previamente todas las voluntades que integran el Estado de derecho. Sus propósitos pueden verse frustrados en cualquier momento, si una o varias de aquéllas demuestran la más mínima resistencia. El sistema democrático es complejo, y su gestión requiere menos voluntarismo y más versatilidad de los que el Gobierno ha demostrado hasta el momento en este asunto. Los diversos poderes del Estado, los partidos políticos, los representantes de las víctimas del terrorismo y la opinión pública han de verse comprometidos, en la mayor medida posible, con un proceso del que todos deberán sentirse, en última instancia, beneficiarios.

La izquierda aberzale, por su parte, si de verdad quiere salir del embrollo en que se encuentra metida, deberá proceder de ahora en adelante con un poco más de humildad y con mucha menos arrogancia de las que todavía revela. Sabe, a estas alturas, que el Estado es lo bastante generoso como para permitirle sortear la ley, pero también lo suficientemente digno como para impedirle que se mofe de ella a la cara.