Probablemente no exista en el mundo una organización como Batasuna. Y no lo digo por lo más obvio, por sus más que evidentes conexiones con el terrorismo de ETA. Desgraciadamente, la existencia de brazos políticos capaces de dar cobertura a organizaciones armadas es tan antigua como las propias bandas terroristas. Lo que hace diferente al entono etarra –en cualquiera de sus expresiones: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna- es su capacidad para enmarañar, y, en algunos momentos, hasta pudrir, la vida política. Estoy convencido de que si sus abogados hubieran dedicado su tiempo a hacer cosas útiles para la sociedad, estaríamos hablando de grandes juristas o de emprendedores de éxito.

Vaya por delante una idea. La Ley de Partidos Políticos –aprobada por el 90% del parlamento español- es inaplicable jurídicamente. Otra cosa es que por razones políticas se haya decidido su promulgación. En el momento de su redacción se perseguía, como puso de manifiesto el propio Poder Judicial, la protección del sistema democrático: “Excluyendo del mismo a aquellos partidos políticos que voluntariamente se sitúen fuera de él”. Es decir, estamos antes una iniciativa de carácter defensivo, y por lo tanto con un componente fuertemente político.

Cuando tras la II Guerra Mundial las autoridades alemanas (con el visto bueno de Estados Unidos) declararon fuera de ley a todas las organizaciones extremistas, y por supuesto sus símbolos, era evidente que no se quería ilegalizar algo que ya no existía (el Partido Nacionalsocialista), sino que lo que se pretendía era segar de raíz cualquier resurgir del totalitarismo. Fue una decisión de carácter político que sin duda ha dado fértiles frutos, como lo demuestra la escasa implantación de las ideas xenófobas o autoritarias en la Alemania actual.

La Ley de Partidos Políticos ha sido la vacuna que ha inmunizado el sistema democrático español en los últimos años contra nuestro totalitarismo. Nadie duda de que ha sido una pieza fundamental en el proceso de acoso y derribo al entorno etarra, cuya actual debilidad tiene mucho que ver la aprobación de la norma. Pero que nadie se engañe. Se trata de una aberración jurídica, como por cierto pusieron en su día de manifiesto personas tan respetables como Jordi Pujol* o Jordi Solé Tura*, nada sospechosas de alentar el terrorismo de ETA.

Jurídicamente es inviable que se pueda ilegalizar a una formación política. Nominalmente sí, pero nada más que eso. Sus afiliados y sus dirigentes pueden ser condenados si se demuestra que forman parte de un entramado terrorista, ya sea tomando parte de los comandos que actúan contra el sistema democrático, atentando contra la vida de las personas. o financiando a una organización cuyo objetivo en último caso es delinquir. Y en este sentido ya hay un procedimiento abierto contra más de 40 dirigentes de Batasuna.

Ahora bien, la llamada muerte civil del entorno de Batasuna es una añagaza jurídica, más propia del derecho medieval que de un sistema democrático moderno. Este argumento, el de la muerte civil, ha sido utilizado por la Fiscalía del Estado y el propio Tribunal Constitucional, que ha inadmitido a trámite determinados recursos de Batasuna con el simple argumento de que lo que no existe difícilmente puede pleitear. El Constitucional, como ayer recordaba en su auto el juez Grande-Marlaska, ha decretado “la muerte civil, la extinción de su personalidad, así como la de su círculo jurídico” (de Batasuna). Casi nada. Si fuera tan fácil acabar con los problemas, no habría más que extender este procedimiento al resto de delitos y aquí paz y después gloria. El fiscal general ha venido a expresar más o menos lo mismo: no se puede prohibir un acto de una organización que no existe, dijo el lunes.

Boecio, el patriarca de la filosofía cristiana de Occidente, también lo decía hace 1.500 años. “Las personas, escribió, deben buscar naturalmente el bien, y por tanto todo lo que se aparta del bien deja de existir”. Esta idea dio paso a que herejes, apóstatas y otros indeseables fueron despojados de sus más mínimos derechos en la Edad Media.

Desde un punto de vista puramente formal, los argumento del TC y de la Fiscalía son inatacables -no se puede atender lo que no es una realidad jurídica-, pero cuando se trata de problemas complejos lo mejor es entrar en el fondo del asunto en vez de quitarse el muerto de encima. Decir, como ha señalado un tanto pomposamente el Tribunal Constitucional, que “en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial” queda muy bien de cara a la galería. Pero mal que nos pese, Batasuna existe y seguirá existiendo, aunque la Audiencia Nacional haya prohibido el Congreso de Baracaldo.

Hasta el propio magistrado admite en su auto de ayer que Batasuna sigue existiendo “de facto (...) y produciendo los efectos criminales que determinaron su inicial suspensión”. En qué quedamos. En diciembre pasado no existía para el TC; ahora, para la Audiencia Nacional, es evidente que está viva y coleando. Por cierto, ¿cómo se explica que nadie pidiera la prórroga por dos años más del procedimiento penal abierto por el juez Garzón en agosto de 2002 y que supuso la suspensión de actividades de Batasuna por un periodo de tres años? En agosto de 2005 expiró el plazo y nadie ha explicado por qué razones no se prorrogó la autorización, pese a que las circunstancias legales no han cambiado (las políticas parece que sí). El proceso penal es independiente del contencioso-administrativo en el que se determinó la ilegalidad de la formación abertzale.

El Gobierno se equivoca si no dice a las claras que se ha entrado en nueva época –que a unos les gustará y a otros no-, y que inevitablemente pasa por convertir en papel mojado el espíritu con el que PP y PSOE negociaron la vigente Ley de Partidos. Lo que no tiene sentido es hacer equilibrismos por miedo a que una operación arriesgada políticamente acabe en fiasco. Primero John Major y después Tony Blair tuvieron el arrojo político de abrir una nueva etapa en la lucha contra el IRA y todo lo que representaba la banda terrorista. Es decir, el uso de las armas como instrumento de acción política. Desde luego a ninguno de los dos se les ocurrió enfrentarse a los problemas con una retahíla de argumentos jurídicos más propios de leguleyos de tercera fila. Y que tienen más que ver con el sexo de los ángeles que con la realidad de gobernar. Pero claro, para eso hay que hacer política.

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