La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska instando la suspensión del congreso de la ilegalizada Batasuna el próximo sábado en Barakaldo no debería sorprender a nadie. El cumplimiento de la ley obliga a todos y pocos eximentes tiene un magistrado cuando la ley es tan clara y a la vista está que la convocatoria de la asamblea viene formalizada, aunque encubiertamente, por una formación política ilegal. Dejado eso claro, es evidente que el debate no se acaba aquí y que todos los movimientos de estas últimas fechas tienen en el trasfondo político la coyuntura del País Vasco. En el caso del Gobierno está claro: encontrar espacios que permitan enviar mensajes al mundo abertzale de que el camino hacia la paz puede ser factible a corto plazo. Por ello, ya no hay una instrucción política de impedir concentraciones o asambleas del mundo radical. La posición del PP es justamente la contraria: la única política posible contra el entorno de ETA es la del gobierno Aznar y que la ley de Partidos aprobada por populares y socialistas en la anterior legislatura sigue vigente. Y, en este caso, por más comprensivo que se quiera ser, difícilmente se le puede negar a Mariano Rajoy la mayor, Batasuna es ilegal. Una última pregunta: ¿la ley de Partidos ha quedado superada por las circunstancias políticas? Si el Gobierno y sus socios creen que así es, lo lógico sería plantear su retirada.