Las razones que llevaron a la vieja guardia socialista a preparar un ‘golpe’ para mover a Zapatero de su silla, de Federico Quevedo en El Confidencial
Vengo preguntándome toda la semana algo que me gustaría trasladar tanto al presidente Rodríguez como al ministro Bono: si el teniente general Mena Aguado, en lugar de realizar unas declaraciones críticas con el Estatut, hubiera formulado una abierta alabanza al texto salido del Parlamento Catalán, y que tanta controversia genera, ¿se le hubiera practicado un arresto domiciliario? ¿Se le hubiera cesado de su cargo? Seguro que ustedes tienen la misma respuesta que yo. No. Y es injusto, porque el problema no es el contenido de las declaraciones, sino que la ordenanza militar le impedía tomar partido en ninguna dirección sobre un asunto como ése. Y, sin embargo, la reacción del Gobierno ha estado perfectamente calculada para azuzar el fantasma golpista, bandera que tanto gusta de enarbolar a la izquierda, para generar temor. Pero lo cierto es que la única amenaza de golpismo es la que emana del propio Estatuto catalán, como a continuación expondré, porque hay que decir con firmeza que nuestro ejército es hoy envidia de muchos por su lealtad a la Constitución y al pueblo soberano.
Los primeros días de enero están siendo de una intensidad negociadora sin precedentes. Negociaciones, eso sí, que se producen en cenáculos, rincones y cuartos oscuros en los que socialistas y nacionalistas se reparten el botín de una España destinada a que, una vez que Rodríguez lleve a cabo su particular reconquista, no la reconozca ni la madre que la parió. Negociaciones secretas, con nocturnidad y alevosía, en las que se habla de un nuevo modelo de Estado confederal, contrario a la Constitución y al pacto que la hizo posible. Aquí, desde estas líneas, les digo a ustedes, queridos lectores, que no se dejen engañar por los cantos de sirena de los que amagan con que no habrá Estatuto y los que pretenden convencernos de que lo que habrá será un Estatuto rebajado hasta el punto de hacerlo irreconocible. En ambos casos se juega con la inocencia y la buena voluntad del ciudadano, porque la realidad es que habrá Estatuto y que la rebaja está perfectamente calculada para que los nacionalistas se sientan satisfechos con el texto final que apruebe el Congreso en consonancia con sus pretensiones.
Puedo equivocarme, y si es así lo reconoceré, no lo duden. Pero me temo que la realidad de las negociaciones camina en la dirección de mantener un preámbulo que supondría la ruptura definitiva del modelo actual y la imposición de una confederación de estados con una relación de bilateralidad con el Gobierno central. Se me dirá que el preámbulo no tiene efectos jurídicos, pero esto es tan falso como afirmar que las disposiciones finales son simples epílogos para dar las gracias. El preámbulo tiene naturaleza jurídica e impregna de sentido a toda la ley y, al mantenerse como tal, suprime la soberanía nacional y abre un nuevo proceso constituyente de manera encubierta, es decir, supone un ‘golpe de estado’ al orden constitucional. Lo dice con meridiana claridad Jiménez de Parga: “Hay que preocuparse, en suma, por lo que se proclame en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña. Si en él se admitiese que aquella Comunidad es una Nación, el artículo 2 de la Constitución de 1978 se convertiría en letra muerta. La Nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional”.
No pocos son plenamente conscientes de esta realidad. Incluso en las filas del Partido Socialista existe una inquietud sin precedentes por lo que implicaría dar al traste con el modelo constitucional. Prueba de ello es que desde el entorno de la llamada ‘vieja guardia’, vinculada al felipismo aunque con incorporaciones posteriores, se intentó este otoño pasado una operación dirigida a mover la silla de Rodríguez Zapatero y forzar su sustitución por otro dirigente socialista al frente del Gobierno. La intentona fue un fracaso por tres motivos: el primero, que no contaban con el suficiente número de diputados socialista que, sumados a los del PP, pudieran hacer triunfar una moción de censura; el segundo, que no encontraron un líder que se atreviera a encabezar la operación; y el tercero, y más importante, que el PP no estaba dispuesto a participar en algo que implicaba la sustitución de Zapatero por otro político socialista y que, sobre todo, le aventuraba un castigo electoral sin precedentes. Mariano Rajoy dijo no, y con toda la razón, porque donde debe derrotar el PP a Zapatero es en las urnas.
Pero lo cierto es que, hasta que llegue ese momento, lo que nos espera son meses de enorme intranquilidad y de fundadas sospechas de que se está amenazando nuestro ordenamiento jurídico, y no sólo desde la inconstitucionalidad del estatuto, sino desde las reformas de leyes orgánicas en las que el Gobierno quiere incorporar aquellas demandas del nacionalismo excluyente que no se atreve a recoger en el texto final de la propuesta catalana. Se trata de prescindir de la Historia real para reorientar su autogobierno de acuerdo con la Historia que hubiera podido ser, tal y como ellos hubieran querido que fuera, pero que no ha sido; es decir, una historia sin el Compromiso de Caspe que en el año 1412 fue el origen de la Nación Española tal cual hoy la conocemos, gracias al acuerdo de las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia para superar sin enfrentamiento civil el interregno que supuso la muerte sin descendencia de Martín I el Humano. Una historia maravillosa de pacto y de consenso.
Cómo salimos de este atolladero en el que nos ha metido la irresponsabilidad del presidente del Gobierno es la pregunta que se hacen, a esta hora y estos días, millones de ciudadanos. Cogido en su propia trampa, Rodríguez sólo tiene como salida una huida hacia delante y siempre marginando al PP de cualquier acuerdo. De lo contrario, todo el edificio que ha construido sobre un castillo de naipes en Cataluña y Madrid se vendría abajo. Hay que esperar, por lo tanto, a las elecciones generales. El PP tiene la obligación, si se ha aprobado el Estatuto, de presentar un programa que implique abrir un nuevo periodo constituyente similar al que llevó a cabo Adolfo Suárez en 1975, y buscar el consenso del PSOE –sin Rodríguez- para una reforma de la Constitución que cierre, definitivamente, el capítulo de agravios y reivindicaciones nacionalistas. Si no es así, un referéndum debería dar el respaldo a esa reforma por una amplia mayoría. Pero si sucediera lo contrario, habría que tragar con esa rueda de molino y decir adiós a la España que conocimos durante siglos. Y yo, si no les importa, me dedicaría a la crónica rosa (los sectarios de siempre me dirán que empiece ya, claro).
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