Alarde retórico del presidente del Gobierno. Nos invita a no confundir la ilegalización de un partido con el derecho de reunión de todos y cada uno de sus militantes. Es como discutir si los goles se los meten al Real Madrid o al portero del Real Madrid. Semejante sofisma anida en las declaraciones de Zapatero sobre el anunciado congreso de Batasuna.

En consecuencia, si los convocantes son imbéciles registrarán el permiso o la comunicación administrativa como ‘Congreso’, o ‘Asamblea’ de ‘Batasuna’, o de ‘Euskal Herritarrok’. Entonces, claro, no será autorizado. O sea, deberá prohibirse por tratarse de una organización ilegal que, además, figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Pero si la tramitación del permiso es cursada por cuatro o cinco personas a título individual, Zapatero ya podrá decir, como Miguel Buen, el líder de los socialistas guipuzcoanos, que no le consta la convocatoria de ningún congreso por parte de la formación ilegalizada. No, ni a él ni a nadie, porque, como los convocantes no son imbéciles, habrán comunicado a la autoridad competente una concentración de mil o dos mil personas en el Ferial de Baracaldo, con cualquier arbitrario pero respetable pretexto, que nada huela a congreso o asamblea.

Como si fuera una cita a ciegas -¿verdad que no están prohibidas?- de mil o dos mil personas, o las que sean. Se juntarán un fin de semana al amparo de su individual e inalienable derecho de reunión. Aunque hasta las piedras sepan que son las huestes políticas de ETA congregadas en asamblea, dispuestas a reinar de nuevo en los medios de comunicación con su previsible cantinela de patrias heridas y órdagos al sistema.

Una cantinela tan falaz o tan respetable como cualquier otra, si no estuviera manchada de sangre. Y por eso, no por ninguna otra causa, en términos de legalidad, Batasuna fue puesta fuera de la circulación en una histórica convergencia de voluntades políticas e institucionales, en aplicación de la Ley de Partidos. A saber: el Gobierno de la Nación tomó la iniciativa (escrito razonado de la Abogacía del Estado), el Congreso instó al Tribunal Supremo, el Supremo decidió la ilegalización (marzo de 2003) y el Tribunal Constitucional la ratificó cuando fue recurrida. Todo ello con la anuencia de las dos grandes fuerzas políticas (PP y PSOE) y la inequívoca, por no decir clamorosa, conformidad de la opinión pública.

Una operación institucional y política a gran escala como la referida, que implica a los tres poderes del Estado y se integra en el tejido legal, que está viva, porque vivos están los motivos de la ilegalización de Batasuna, no puede, no debe, ceder ante la aplicación del derecho de reunión, como parece estar sugiriendo el presidente del Gobierno con la excusa de que hace tres años se exageró al aplicar una ley "muy restrictiva".

Por lo bajo, la doctrina de Rodríguez Zapatero me parece una bofetada al sentido común. Por lo alto, una violación del principio de legalidad.

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