Anda revuelto el mundo de la comunicación debido, entre otras razones, a las interferencias del poder político en la administración informativa y a la actitud escasamente profesional de un reducido sector respaldado por el que fuera gran poder fáctico con sotana de España.

Las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña tienen como funciones vigilar la radio y la televisión de ámbito autonómico, velar por el respeto del pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural, pero se me antoja fuera de lugar que tenga el poder de cerrar un medio informativo cuando sus contenidos no sean políticamente correctos.

Está también a punto de crearse el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que a buen seguro tendrá su reflejo en Asturias con la puesta en marcha de un organismo similar, que va a tener entre sus muchas competencias velar por «la objetividad y veracidad de las informaciones», controlar los contenidos de programas en horarios infantiles...

Lo más inquietante de estos consejos es que vayan a velar por la objetividad y veracidad de las informaciones. ¿Qué está pasando en nuestra profesión cuando nos tienen que vigilar para que no cometamos barbaridades informativas? ¿Olvidamos los periodistas premisas fundamentales como la necesidad de la imparcialidad en la comunicación? ¿Olvidamos los periodistas que es necesario contratar toda noticia antes de difundirla? ¿Olvidamos los periodistas que es sagrado no mezclar información y opinión?...

Yo creo que no hemos olvidado nunca cómo debemos hacer nuestro trabajo. Otra cosa bien distinta es que la presión interna, la globalización de la comunicación y la pésima aplicación de las nuevas tecnologías impiden que el comunicador pueda informar con veracidad.

La solución no está fuera del ámbito profesional, al contrario. Debería regularse por ley la necesidad de que todo medio informativo tenga un Consejo de Redacción que impida las presiones y abusos del exterior en el duro acontecer informativo diario. Somos los profesionales los que tenemos que defender que nos dejen hacer bien nuestro trabajo.

La globalización en la formación teórica y práctica y la situación sociolaboral, con salarios de seiscientos euros por jornadas intensivas provocan una peligrosa dependencia del periodista y dificulta la defensa de la libertad de informar. Además, nos confunden ya con los opinadores que nada tienen que ver con la profesión y con la basura de la prensa rosa, que repiten hasta la saciedad su condición de periodistas, con un ánimo claro de más confusión, menos claridad.
Los periodistas y las empresas tenemos que reclamar libertad para informar, pero si esta libertad no está legitimada por la deontología periodística, engañamos odiosamente a la opinión pública. Sin responsabilidad y ética, el deber de informar se convierte en una agresión a la libertad de información y, a la larga, conduce a la censura o a la total subjetividad.
La autorregulación ética del periodista a través de los Consejos de Redacción y de las asociaciones colegiadas es la única fórmula para que el ciudadano esté adecuadamente informado. No podemos admitir que un Consejo Estatal formado por un conglomerado político, sindical y social vigile cómo debemos hacer nuestro trabajo. Cuando la libertad se convierte en libertinaje, cuando en nombre de la libertad de expresión se entre en la falsedad, el insulto, la zafiedad..., en un sistema democrático son los tribunales los que tienen la última palabra.

José Antonio Bron es presidente de la Asociación de la Prensa.